El pasado domingo, 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En tal marco, miles de familias a lo largo y ancho del país salieron a las calles a exigir verdad y justicia por sus seres queridos. Las consignas y rostros que tomaron el espacio público denuncian una de las principales deudas de los gobiernos de la Cuarta Transformación: el acceso a la justicia y la construcción de paz.
Apenas el martes, en el marco de su segundo Informe de gobierno, Sheinbaum presumió la disminución de los homicidios dolosos en 51 por ciento desde su llegada a la Presidencia, con un promedio de 44 homicidios diarios. Con independencia de una revisión metodológica de esta cifra específica, es cierto que los homicidios dolosos han ido a la baja en los últimos años, con estimaciones que rondan entre 20 y 30 por ciento según el modo de su medición y los periodos de tiempo comparados. Sin embargo, para hacer una medición objetiva de los índices de violencia en nuestro territorio es necesario integrar un conjunto de métricas y variables como la comisión de delitos y violaciones graves a derechos humanos –la desaparición de personas, entre ellas–; así como variables de carácter cualitativo, como la atrocidad y crueldad de los crímenes cometidos.
Con base en cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 132 mil personas permanecen desaparecidas no localizadas en el país. De ellas, 20 mil 289 ocurrieron en los primeros 23 meses del sexenio de Claudia Sheinbaum. En tanto que en los últimos 23 meses del gobierno de López Obrador desaparecieron 20 mil 215 personas que siguen sin ser localizadas. Las desapariciones, por ende, no son coincidentes con la disminución reportada de homicidios dolosos. Paralelamente, se tiene registro de más de 72 mil cuerpos sin identificar en distintas morgues del país; así, la crisis de desaparición de personas lo es también del sistema forense de México.
La gravedad de la tragedia debe medirse no sólo por las cifras de víctimas de estas violaciones graves a derechos humanos, sino por la impunidad que persiste en la abrumadora mayoría de los casos. Hechos atroces como los de Ayotzinapa, los jóvenes de Lagos de Moreno o hallazgos como los denunciados en Teuchitlán y Tlajomulco en Jalisco, Salvatierra en Guanajuato o La Bartolina en Tamaulipas, son muestra de un sinfín de casos que permanecen en la impunidad y en la opacidad, sea por la no localización de las personas desaparecidas o por la falta de justicia y reparación para las familias.
En su magnitud y gravedad, la crisis de desaparición de personas evidencia la gravísima situación de macrocriminalidad que afecta amplios territorios del país. La dificultad de desarticular las redes que perpetúan la comisión de este tipo de violaciones graves, la falta de investigación profunda de cada uno de los casos y la reticencia a revisar las propias estructuras de Estado que permiten la impunidad son también evidencia de la fragilidad y ambigüedad de las capacidades y voluntades institucionales.
Muestra de lo anterior es la carencia de avances para el fortalecimiento del ecosistema institucional encargado de atender la desaparición de personas y asistir a las familias buscadoras. A pesar de las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y de expertas y expertos, por no reiterar las propias exigencias de familiares y organizaciones de la sociedad civil, las capacidades institucionales siguen siendo limitadas para facilitar el avance de las diligencias, acompañar las labores de búsqueda y garantizar la seguridad de las familias. Asimismo, los esfuerzos para la identificación forense han sido desmantelados.
La incapacidad institucional se hace aún más escandalosa si advertimos el estado de cosas en materia de agresiones contra personas buscadoras. De acuerdo con el artículo 19, desde el año 2010 se han documentado 45 agresiones letales, divididas en 37 asesinatos y ocho desapariciones. Del total, 15 agresiones ocurrieron en estos primeros 23 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum. Ante la ausencia de la institucionalidad pública, y a pesar de la ausencia de garantías de protección, siguen siendo las familias, principalmente madres, quienes suplen al Estado en la búsqueda de la verdad, poniendo en riesgo su propia integridad.
La crisis de desaparición de personas es uno de los principales indicadores para dimensionar la violencia en México hoy. Una agenda sustantiva en materia de seguridad ciudadana tendría que implementar estrategias para la atención multidimensional de la violencia, partiendo del fortalecimiento institucional para la atención de la desaparición de personas y el acompañamiento integral a víctimas. Así, mientras las víctimas sigan sin ser colocadas al centro en la agenda de gobierno, la desaparición de personas, junto a otras graves violaciones y delitos que se cometen en el país, seguirán siendo un termómetro preciso de la debilidad del Estado en el cumplimiento de sus funciones y de la ausencia de una gobernanza saludable fundada en el Estado de derecho, los derechos humanos y los valores democráticos.
