La decisión de remodelar la Alameda, por parte de Sinfra y de la Junta de Monumentos, producto de anomalías, apoyos, críticas y consultas a la ciudadanía, permite observar, junto con otros eventos similares sucedidos en los últimos años en el Centro Histórico de Zacatecas, los motivos genuinos de su remodelación.
Desde hace años, las autoridades involucradas con la imagen urbana y protección del patrimonio cultural zacatecano realizan remodelaciones en espacios públicos del lugar. La mayoría se justifican con discursos sobre la urgencia de subsanar el deterioro y deficiencias en su equipamiento e infraestructura. Y han sido acompañadas de la participación ciudadana que demuestra, según dichos discursos, el proceso democrático con que se caracterizan dichas acciones e instituciones estatales.
La mayoría de los casos se manifestó en “consultas ciudadanas” al inicio del proyecto para “socializarlo” (y legitimarlo) ante los agentes sociales, económicos, políticos y culturales involucrados. Después de pasada la euforia inicial, la participación ciudadana se excluye para sólo ser consultada en elecciones, ya sea para satanizar o aprobar la remodelación. Recordar el Jardín Juárez en Guadalupe.
La remodelación de la Alameda no ha sido la excepción. Aún en la memoria está cómo las autoridades estatales la comunicaron “para acabar con el deterioro del área y sobre todo, para contrarrestar la pérdida de población que la aqueja” (La Jornada, 13/08/2013). Se justificó el presupuesto invertido para estudios integrales que estimularan la vida comunitaria y sustentabilidad del área.
Hoy, sólo quedan acciones ínfimas como modificar su piso, poner esculturas de artistas zacatecanos y arreglar las bóvedas que “pueden causar accidentes, y que, hasta ahora, han sido sólo sustos” (La Jornada, 15/10/2014).
No sorprenden estas remodelaciones en el Centro Histórico. Desde la década de los 80, las autoridades estatales y un dominante grupo económico-social han estado muy involucrados en decidir qué es lo bueno para su imagen urbana. No es casualidad la existencia de la Ley de Protección y Conservación de Monumentos. Empero, estas acciones no son creativas, ni únicas.
Responden a las dinámicas nacional e internacional de abrir espacios para invertir en lugares y sectores económicos estratégicos. Para el gran capital, proteger su patrimonio cultural es rentable económicamente. La remodelación de un edificio, plaza o calle genera ambiente ideal para hechizar visitantes que estimulen negocios de entretenimiento, hospedaje, alimentación y actividades asociadas.
Es legítimo incentivar la actividad económica, pero no la exclusión social. Dichas remodelaciones impiden el acceso y disfrute a todos los turistas y ciudadanos residentes. Su prioridad es conquistar al turista de alto ingreso, culto, capaz de apreciar el patrimonio remodelado. Al mismo tiempo, las remodelaciones hacen que los residentes pierdan su sentido de pertenencia al lugar.
Al cambiar su apariencia, se transforma la memoria colectiva e imaginarios; cambian las prácticas sociales por acciones individuales con orientación económica. Los residentes las visitarán inicialmente porque son atractivas; pero con el paso del tiempo, se alejarán porque ya no representan su idiosincrasia e identidad. Ergo Plazuela Miguel Auza.
En el mundo existe abultada evidencia; sólo es cuestión de revisar la literatura especializada. Las remodelaciones alejan a familias, jóvenes, personas de ingresos bajos, trabajadores, desempleados, desamparados para atraer individuos chic, cultos, con poder adquisitivo. Remodelar la Alameda, no permitir instalarse a comerciantes en el Portal de Rosales; prohibir marchas y embellecer el bulevar; apoyar festivales institucionalizados pero inhibir manifestaciones espontáneas de jóvenes; dejar ampliar un hotel verticalmente e impedir modificar un balcón. Se trata de alejar todo lo feo, lo conflictivo, lo desigual socialmente, para impulsar lo bello, lo creativo, lo diferente.
Simultáneamente, la mayoría de la población ya no vive en el Centro Histórico. Los zacatecanos han trasladado su residencia a la periferia de la ciudad o a Guadalupe. La actividad económica hizo lo propio, especialmente al área Campestre-Bernárdez. La administración pública se ha localizado hacia al poniente.
El estancamiento integral del Centro Histórico es evidente. Las autoridades estatales justifican su intervención. Y para ello es necesario satanizar todo lo que va contra de esas pretensiones. Su política de promoción (léase legitimación) ha sido vasta, efectiva y diversa. La sociedad zacatecana está asimilando lo que es bueno, bello y apropiado para el Centro Histórico según lo dicta la mercantilización del patrimonio.
Afortunadamente, existe un dejo de oposición que demuestra: a) la ineptitud para socializar (y legitimar) el proyecto por parte de las instituciones estatales involucradas; y b) la falsa idea de que la sociedad zacatecana ya ha completado su mercantilización y sus prácticas.¿Qué hacer? Distinguir entre acciones de identificación, cuidado y protección al patrimonio y acciones que provocan exclusión y retraimiento de la vida comunitaria.
Diferenciar entre lo que significa mantener y cuidar espacios públicos para disfrutarlos; y lo que representa cambiar su fisonomía para atraer turistas y gente de alto ingreso. Se trata de ejercer, efectivamente, la ciudadanía. No basta demandar acciones de protección, cuidado y mantenimiento del patrimonio, sino exigir y ejecutar su orientación, motivos y transparencia. Para ello, es esencial la participación equitativa de todos los agentes involucrados.
Venecia o Querétaro donde las remodelaciones excluyeron la participación ciudadana, protección al patrimonio y respeto a la vida comunitaria para dar énfasis a la atracción de población y turistas de alto ingreso, son espejos que deben provocar reflexión. Y tampoco es necesario esperar meses a que terminen las obras de remodelación, la evidencia está en nuestras narices. ■
