■ La mamá de la diputada fue hostigada vía telefónica por integrantes de la Iglesia
■ En este tema como en el del matrimonio igualitario los legisladores que mostraron una postura contraria a la de las religiones “fuimos hostigados”: Calzada
■ “Ha sido la constante que este Poder Legislativo ha estado siendo cuestionado por sus decisiones y sus posturas personales de cada diputado”: Perla Martínez
Las amenazas, intimidación y hostigamiento recibidas por la madre de la diputada Alma Dávila Luévano, quien denunció públicamente los hechos en la Legislatura del estado y sostuvo que se derivaron de su postura a favor de la despenalización del aborto en la entidad, generaron reacciones de respaldo hacia la legisladora por parte de actores políticos y de la sociedad civil.
A través de un comunicado firmado por las “Colectivas feministas por los derechos humanos y el estado laico”, sus integrantes se solidarizaron con la diputada y reconocieron su discurso enfocado a “garantizar los derechos de todas las mujeres”.
En este texto reprobaron la posición vertida por el legislador José Guadalupe Correa Valdez, quien presentó la iniciativa de reforma constitucional denominada “pro vida” y también la actitud del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, “quien arremetió contra la diputada y su familia involucrando a la Iglesia en asuntos de Estado”.
El comunicado prosigue señalando que estas “amenazas del obispo contra la madre de la diputada, quien se encuentra en un estado crítico de salud, demuestran la doble moral de la institución eclesiástica que pretendiendo salvar a las dos vidas amenaza la integridad moral y física de las ciudadanas que ya somos parte de la sociedad y no solamente de un imaginario colectivo”.
“Amenazas del obispo contra la madre de la diputada, demuestran la doble moral de la institución eclesiástica que pretendiendo salvar a las dos vidas amenaza la integridad moral y física de las ciudadanas que ya somos parte de la sociedad y no solamente de un imaginario colectivo”: Colectivas feministas
Las integrantes de las colectivas concluyen su posicionamiento advirtiendo que el Estado es laico y la Iglesia debe quedar al margen de los asuntos de carácter público.
“Insistimos en que nuestro movimiento ve por la dignidad, integridad, salud y derechos de las mujeres que todo el tiempo hemos sido tratadas como ciudadanas de segunda, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Hasta que la dignidad se haga costumbre”, sostiene como cierre de su boletín.
También en la misma sesión en la que la legisladora Alma Dávila hizo el señalamiento público de las amenazas, refiriendo que el Obispo y el Padre Juan se comunicaron con su madre para decirle que ella y su familia iban a ser condenadas por la actitud y la postura de su hija, la diputada, intervinieron varios integrantes de la 63 Legislatura para condenar el hecho.
La diputada del PRI, Perla Martínez, aseguró que “ha sido la constante que este Poder Legislativo ha estado siendo cuestionado por sus decisiones y sus posturas personales de cada diputado. Independientemente de su ideología, juramos respetar y hacer guardar la Constitución y la Constitución consagra la laicidad de nuestro estado”.
El diputado de Encuentro Social, Javier Calzada, consideró que “es un abuso el llegar a intimidar a las familias y esgrimir ese tipo de amenazas, un hostigamiento, y que lo que no se le puede decir de frente a una legisladora como usted lo tengan que hacerse a través de métodos con ese nivel de ruindad”.
Al igual que Perla Martínez, señaló que como en este tema como en el de matrimonio igualitario los legisladores que mostraron una postura contraria a la de las religiones “fuimos hostigados en nuestro teléfono celular, en nuestra casa, llamadas, mensajes; (…) creo que todos estos asuntos deben de darse en el marco de un total respeto a los diferentes. No puede llegarse a ese grado de intolerancia y menos de aquellos de quienes profesan el amor al prójimo”.
El diputado del PRD, Eduardo Rodríguez Ferrer, reprobó la violencia denunciada por Alma Dávila y le mostró su apoyo, de igual forma que lo hizo la legisladora del PRI, Lisbeth Márquez y la del Partido del Trabajo, Gabriela Pinedo, quien apuntó que “no se vale que por venir a defender lo que juraste que ibas a defender cuando tomaste protesta como diputada ahora hostiguen y violenten a tu familia”.
