En el marco del arranque del período legislativo y la plenaria de los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha vuelto a anunciar, ahora con poco más detalle, que se presentará en esta Legislatura la iniciativa para hacer ajustes al marco jurídico en materia de combate a la corrupción, buen gobierno, transparencia y fiscalización, con un paquete que reformará diecinueve leyes ya existentes y expedirá dos nuevas.
Según entrevistas concedidas por el vicecoordinador del grupo parlamentario mayoritario, Alfonso Ramírez Cuéllar, la reforma intentará fortalecer la centralidad de la política de Estado anticorrupción, que ya existe, desde la creación misma del sistema en 2015 a nivel constitucional, y que, sin embargo, no ha arrojado los resultados que todos esperábamos de ella.
Según las propias declaraciones del legislador federal ya citado, la intención sería darle al sistema anticorrupción una naturaleza análoga al de otros como el de seguridad pública, que es encabezado por la persona titular del poder ejecutivo federal, con la concurrencia de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa y Marina, la Fiscalía General de la República y los gobernadores de las entidades federativas (incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México); además, lo integran varias conferencias donde se amplía la participación de instituciones de carácter local, como la de procuración de justicia, conformada por las personas titulares de las fiscalías estatales.
Si la idea parte del diagnóstico, acertado, desde mi punto de vista, de que la gran falla del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se encuentra en la falta de voluntad política de quienes deberían impulsarlo e implementarlo, y de responsabilizar a los ejecutivos de las obligaciones en la materia, en el contexto de la realpolitik en el que dichos poderes son predominantes e insustituibles en el andamiaje institucional del Estado, más aún con las reformas del Plan C, la adecuación puede ser adecuada al momento.
Sin embargo, habrá que conocer cómo participarán de manera colegiada, corresponsable y en lógica de gobernanza el resto de las instituciones en la materia, y, más aún, encontrar una fórmula que garantice la participación e incidencia ciudadana como lo pretendió el diseño actual del SNA. También es importante anotar que el modelo a seguir para el sistema anticorrupción fue en su momento el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, habrá que reconocerlo, logró integrar y sistematizar con cierto éxito las políticas en la materia que coordinó e implementó.
Al cambiar de modelo de referencia, también estamos cambiando el objetivo y en ello cabe la disyuntiva: si la centralidad estará en el Estado y sus instituciones, ¿no se está configurando una “mesa coja” en una lucha que requiere, según todas las buenas prácticas y casos de éxito estudiados, una dosis importante de participación ciudadana y apertura gubernamental más allá de la lógica burocrática y política de las organizaciones estatales?
También se requiere detenerse en la concepción misma de las reformas que se han anunciado en la plenaria legislativa de Morena por la Consejera Jurídica. Tal como ya lo había explicitado la Presidenta de la República, en la confección de dichas reformas participó tanto la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, no hay noticia de que se haya realizado un ejercicio de gobierno abierto, como sí sucedió con el actual régimen jurídico de responsabilidades administrativas y del sistema, con la iniciativa que entonces se conoció como la Ley 3 de 3. Ojalá que, si no se dio en esta etapa, sí se dé en la discusión parlamentaria y se apueste por un mecanismo de parlamento abierto.
Finalmente, parte de lo anunciado ya tiene adelantos interesantes: la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas impulsada por la ASF recientemente ya contiene elementos sobre el uso de tecnologías; también las nuevas reglas en materia de contrataciones que se legislaron a través de las leyes de adquisiciones y obras públicas, implementadas por la SABG, y el reciente decreto relativo a la figura de transparencia proactiva. Empero, dichos cambios no han sido comunicados ni estructuralmente ejecutados de manera articulada ni sistémica, lo que nos ha llevado de nuevo al punto de políticas aisladas que dan cabida a fallas en la implementación.
Concluyo: como lo anuncia el título mismo de esta participación editorial, estas notas tienen su origen en una noticia incompleta, que es apenas el anuncio ya formal y claro de que se presentará una reforma que transformará o extinguirá el Sistema Nacional Anticorrupción actual; queda esperar las iniciativas. Sirva este texto en el contexto como antesala de un debate que hace años nos urge y que por fin tendrá lugar. Ojalá sea amplio, abierto, en clave de gobernanza y deliberativa.
@CarlosETorres_
