Los conflictos sociales, cada vez más graves, se multiplican en México por la resistencia de los pueblos indígenas frente a la amenaza del despojo neocolonial de sus territorios y recursos naturales: biodiversidad, minerales, agua, petróleo, gas, madera, energía eólica o para la construcción de carreteras, oleoductos, gasoductos… y se incrementarán al entrar en vigor la reforma energética.
Hay una embestida de compañías transnacionales, nacionales e incluso estatales, que pretenden, con apoyo oficial, despojarlos a cambio de migajas, incluso amparándose en el discurso del «desarrollo sustentable» o de las «energías limpias».
Tal ocurre en México aunque haya ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (169-OIT), que defiende los derechos colectivos de los pueblos indígenas estableciendo el requisito de obtener el consentimiento de los afectados mediante consulta previa, libre e informada, si bien el resultado de ésta no es vinculante.
