Tres problemas sustanciales del proyecto de la presa Milpillas

Tres problemas sustanciales del proyecto de la presa Milpillas

Sin agua no hay futuro. Todo lo que se pueda decir y hacer con la finalidad de cuidar que las generaciones futuras tengan garantizado el abasto de agua, es importante. Eso depende de las decisiones actuales. Sabemos que la ‘sustentabilidad’ es un objetivo muy complejo dado que se trata de armonizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo social y el crecimiento económico.
El proyecto de la presa Milpillas inicia en 2015 (ie, hace 3 años). La meta es dotar a la zona metropolitana Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe de 47 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua al año. Aunque la presa podía tener un máximo de 67 Mm3. El objetivo de sustituir al agua del subsuelo como fuente de abastecimiento de agua potable para consumo humano, ha generado un debate importante, que es necesario poner de relieve. Si el objetivo declarado es bajar el estrés a los acuíferos para mejorar su capacidad de recarga, ¿esa es la mejor medida? Si los acuíferos del centro (sobre todo el Calera y el Aguanaval) gastan más del 90 % de su extracción en uso agrícola, ¿no es más racional pensar, ya sea en traer esa agua para destinarla a la agricultura o eliminar el enorme desperdicio (que rebasa el 60%) de agua por la falta de tecnificación del riego? Si el problema es la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no es lógico pensar en resolver (primero) el 60% del desperdicio de agua que se realiza por la agricultura, antes de pensar en traer más agua de fuera del territorio? Si el acuífero de Calera, por ejemplo, tiene 163 Mm3 de concesión, pero de esos sólo se recarga 83 Mm3, y se usan 82 en la agricultura; así si se logra eliminar un desperdicio que asciende aproximadamente a 49 Mm3, se estaría abatiendo efectivamente la mitad del déficit, producto de la diferencia entre extracción y recarga. Además, es una cifra similar a la cantidad de agua que pretende traer de Jiménez del Teúl. En suma, el primer problema que tenemos es la decisión misma y la justificación de sus metas.
El segundo problema es el tema de los costos. Es una obra faraónica de 164 kilómetros de conducción. Hay una fuerte desinformación sobre el costo total. En el 2015 se anunció con un costo de 6 mil millones, (aunque De León declaró que serían 10 mil millones, y hace unos días en el Congreso los legisladores hablaban de 3,518 millones). La pregunta es, ¿en cuánto sale un proyecto de tecnificación universal de riego? ¿No será más económico evitar el derroche en la agricultura con mejores ahorros? Igualmente, por el lado del uso doméstico: en la zona metropolitana hay un gasto de 239 litros por día por habitante, cuando en cualquier ciudad europea es menor a 100. El aparente exceso es por causa de las fugas, que son enormes. Si se invierte en las fugas urbanas, se estaría ahorrando la mitad del gasto. ¿No es lógico impedir las fugas antes de traer más agua de fuera? Además, con menores costos. [Una nota al calce: no sabemos cuánto paga la empresa Corona en el costo del agua por la concesión de 11 Mm3 al año].
El tercer problema es la trama organizativa en la toma de decisiones. Desde el 2015 tenían terminado el estudio de factibilidad, entonces, ¿por qué apenas se está gestionando el acuerdo de los ejidos, al menos de los más representativos? Son 19 ejidos, que perfectamente pudieron cubrirse en el primer año. Lo que han declarado los ejidatarios que se oponen al proyecto es que les ofrecieron 6 mil por cada hectárea más otros 6 mil por compensación, lo cual da 12 mil por hectárea. Y si son 126 hectáreas las requeridas del proyecto, resulta que a los ejidatarios les ofrecían 1.5 millones de pesos. Pero de un total de 6 mil millones que cuesta el proyecto, resulta que ‘es nada’ lo que ofrecen a los ejidatarios. El puro estudio de factibilidad costó 16 millones. Pero muchos campesinos no quieren el proyecto aun cuando les aumenten el monto de compra de la tierra. Al gobierno del estado le ha faltado capacidad de construir acuerdos. Pero los acuerdos no sólo con los campesinos implicados en este proyecto, sino con los actores zacatecanos. De inicio, la información tiene huecos importantes. Por ejemplo, no sabemos a cambio de qué la iniciativa privada invertirá el 35% del monto total del costo del proyecto, tampoco se han aclarado las hipótesis más incisivas que afirman que el proyecto tiene como finalidad dejar el agua subterránea para las empresas tipo Modelo y agronegocios de exportación. En fin, es el proyecto de infraestructura más importante para el estado: no hay algo más trascendental que la forma de asegurar el agua para todos y para el futuro. Sin agua no hay futuro. Por ello, es vital que el Gobierno del Estado dé respuesta a los tres problemas aquí expuestos. n

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