Durante los últimos quince años (por lo menos) en México hemos avanzado rumbo a la construcción de una sólida arquitectura institucional que nos permita una efectiva rendición de cuentas. No ha sido menor, en términos de Mauricio Merino, se trata de una segunda transición, que fortalece, consolida y confirma la primera, pues sin accountability (entendida como las condiciones de que las autoridades respondan por sus acciones y decisiones), la democracia pasa a ser un mecanismo que se consuma en sí mismo, sin oportunidad de legitimidad inter-elecciones.
En nuestro país esta trayectoria inició con distintos esfuerzos políticos, en un primer momento desde la perspectiva institucional, con la creación de la Contraloría (luego Función Pública), de la Auditoría Superior de la Federación y la apuesta por la pluralidad legislativa, luego con la intención de que a través de la información, la ciudadanía se permitiera llamar a cuentas a sus gobiernos. Las reformas que permitieron el resurgimiento, en términos constitucionales, y el nacimiento de un concepto social tan importante como lo es la transparencia, tienen su origen en el trabajo cívico de una sociedad que despertaba al siglo ávida de apropiarse del Estado que le pertenece. Ese ánimo continúa en ascenso. No es cosa menor lo que se ha logrado en tan solo 40 años de reformas electorales y de transición hacia un Estado Constitucional de Derecho.
La transparencia pues, se ha convertido en un término identificado con la integridad institucional, pero también con una exigencia ciudadana que otorga confianza. Sin embargo, el contexto actual nos dice lo que a priori sabíamos: no basta. No basta porque el objetivo mismo de la transparencia es que cada ciudadano se convierta en un auditor de todos los gobiernos y sus funcionarios. Sin éste papel insustituible, el concepto pasa a los libros, discursos y lo que es peor: la simulación.
Lo que también es cierto es que la problemática social se ha venido complejizando a tal grado que por más eficaces, eficientes, costosas e importantes que sean las políticas públicas implementadas por el Estado, no alcanzan a resolverla.
Así se ha ido formando una necesaria pinza entre las demandas de la sociedad y las políticas de la administración pública: el gobierno abierto. Originado (recientemente) con el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto, del Presidente angloamericano Barack Obama, el debate conceptual surgió a partir de sus elementos en este documento: transparencia, participación y colaboración. La transparencia entendida como la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a toda la información sobre el actuar del Estado, en todo momento, desde cualquier lugar, haciendo uso de las tecnologías de la información; la participación como la oportunidad de que los ciudadanos participen en la elaboración de políticas públicas y finalmente, la colaboración se refiere a la cooperación más allá de lo individual de actores diferentes al Estado (ejemplo, las asociaciones público-privadas).
El concepto de Gobierno Abierto ha venido avanzando tanto teórica como institucionalmente. Así la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), un esfuerzo supranacional por impulsar la iniciativa también ha aportado a los principios ya mencionados, el de la integridad profesional, que reconoce el hecho de que sin prácticas éticas en la función pública, difícilmente se podrán cumplir las metas de un gobierno cuya apertura funcione para todos, en todos los niveles: legitimidad para el sistema político, oportunidad de participación y mejora de servicios y garantía de derechos para los ciudadanos y la posibilidad de que organizaciones y asociaciones participen de los proyectos del gobierno.
Hay experiencias que nos dicen que no debe bastarnos con un Gobierno Abierto, en el sentido limitado del término, hay que ir por un Estado abierto, que contemple todos los niveles, todos los poderes a todos los órganos de nuestro sistema político.
En Zacatecas, hay que reconocerlo y decirlo, hay dos esfuerzos destacables e importantes en este sentido. El primero, es el que ha desarrollado el Gobierno del Estado, a través de su entramado de plataformas conocido como Avancemos Todos, que permite máxima transparencia, uso de datos abiertos, participación y colaboración. Esta política nos permite hablar del inicio del trayecto hacia un Gobierno Abierto. El otro es el que ha impulsado el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Abiertos, a través del Ejercicio Local de Gobierno Abierto y su Secretariado Técnico, en el que participan diferentes representantes de la sociedad civil, cuyas propuestas van enfocadas a todos los niveles y órganos del Estado, por lo que este esfuerzo cabe en la meta del Estado Abierto. Ambas iniciativas, de las que he tenido oportunidad de conocer de cerca, van en el sentido correcto y permiten aspirar a una mejora sustancial de nuestra concepción de lo público a través de los distintos conceptos que como sociedad democrática y moderna hemos venido construyendo.
@CarlosETorres_
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