■ “Estamos viendo que se está modificando el discurso oficial para bien”, opinan
■ Legislador plantea fortalecer contralorías municipales para evitar excesos en ayuntamientos
La formación, la experiencia, la actitud y el cambio en el discurso en materia de seguridad fueron cuatro elementos positivos que los diputados enumeraron durante los asuntos generales de la sesión ordinaria de la 62 Legislatura local de este martes, con relación al nombramiento de Ismael Camberos Hernández como nuevo secretario de Seguridad Pública de la entidad.
La primera en abordar el tema fue la diputada Isadora Santiváñez, quien destacó del funcionario recién incorporado al gabinete estatal que “de entrada ha ofrecido sostener una comunicación permanente con la población”.
Este hecho consideró que es muestra de que el cambio en la titularidad de esta dependencia “sí dará resultados. (…) La tarea que enfrenta no es fácil pero tenemos la certeza de que en Zacatecas prevalecerá la paz y se fortalecerá la seguridad”.
Ante estas declaraciones, el legislador Luis Medina Lizalde advirtió las valoraciones sobre la eficacia del nombramiento “hay que dejárselo a los resultados y al desempeño”.
No obstante, dijo que en la reunión que sostuvieron con el funcionario este lunes y de acuerdo a los pronunciamientos públicos que ha hecho desde su llegada al cargo se puede saber que “es un hombre que conoce el tema y que hace contraste con sus antecesores”.
Asimismo, destacó que en estos momentos se está hablando del tema de la contención dentro de la estrategia de seguridad, cuando antes se centraban exclusivamente en el ámbito de la prevención. Por ello, consideró que “estamos viendo que se está modificando el discurso oficial para bien”.
En esta cuestión coincidió la diputada Lorena Oropeza, quien precisó que el hecho de que se aborden por parte de las autoridades las aristas de la contención, la prevención y la reestructura de las instituciones de seguridad es una muestra de que se contempla una estrategia “integral”.
Por otro lado, la legisladora Geovanna Bañuelos de la Torre indicó que con Camberos Hernández “estamos ante un perfil diferente que plantea una estrategia diferente y que por lo menos como expresión política sí apostamos por el bien de Zacatecas. Le deseamos éxito”.
El diputado Carlos Peña Badillo apuntó que señaló que “a simple vista genera una buena impresión de que es un hombre capaz, preparado, en quien podemos depositar la confianza para dar buenas cuentas”.
Necesario, frenar excesos en ayuntamientos
Con el objetivo de frenar los excesos en los ayuntamientos y a fin de evitar que los titulares de las administraciones municipales busquen conformar un órgano a modo para que no haya un control real sobre el manejo de las finanzas municipales, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo López de Lara, presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Municipio.
Estas modificaciones, precisó, establecerían a las contralorías municipales como las responsables de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entrará próximamente en vigor, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
El legislador apuntó que la debilidad de las contralorías para vigilar y actuar en contra de los servidores públicos de los ayuntamientos ha provocado, por ejemplo, que haya más de mil millones de pesos de deuda entre todas las presidencias municipales del estado.
Asimismo, sostuvo que por esta misma razón no se ha restringido el uso del recurso público que se destina al pago de nómina. En este sentido, dijo que una proporción “razonable” podría ser destinar 35 por ciento de los ingresos a este fin, pero agregó que actualmente la generalidad es que se dirige a los sueldos al menos el 50 por ciento e, incluso, hay caso que gastan el 70 por ciento de su presupuesto en este ámbito.
Si no se deja establecido en la legislación estatal quién será el encargado de aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, indicó López de Lara, existe el riesgo de que “el alcalde puede decidir generar un órgano interno de control que, a través del cabildo, le dé facultades para que la aplique; para fines prácticos, su empleado sería quien estaría juzgando al presidente y sería una farsa o simulación”.
