Ex gobernadores de Zacatecas, señalados por presunta corrupción

■ Monreal es acusado de destrucción patrimonial y promotor de la “voracidad inmobiliaria”

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■ Alonso Reyes señalado de usar 24 empresas fantasma para facturar irregularmente más de 307 mdp

Los ex gobernadores del estado de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila y Miguel Alonso Reyes han llamado la atención de medios nacionales debido a las acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción.

A través de un reportaje de investigación realizado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad,  Monreal Ávila, ex perredista y titular del Ejecutivo del estado de 1998 a 2004, hoy jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México por Morena, es señalado como el responsable de la destrucción patrimonial de la Cuauhtémoc y promotor de la “voracidad inmobiliaria” en dos colonias emblemáticas: La Roma Norte y La Condesa.

Por otro lado, este martes, la ex candidata por Morena a la alcaldía de Zacatecas, Soledad Luévano Cantú, presentó una denuncia en contra del ex gobernador priísta Miguel Alonso Reyes, y otros funcionarios de primer nivel durante su administración, por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con el documento presentado ante la PGR, Alonso Reyes usó al menos 24 empresas fantasma para facturar irregularmente más de 307 millones de pesos.

Ricardo Monreal Ávila y la “voracidad inmobiliaria”

La semana pasada, la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), conformada por destacados periodistas del país, publicó un reportaje denominado “El factor Monreal”, donde se expone la serie de problemas que se han acentuado en las colonias La Roma Norte y La Condesa, a partir de la llegada al poder del zacatecano Ricardo Monreal Ávila.

El trabajo de investigación elaborado por Salvador Camarena y Claudio González Caraza,  comienza por abordar la destrucción patrimonial que se ha puesto en marcha en la Cuauhtémoc, debido a la omisión y colusión de las autoridades delegacionales.

Luego de la llegada de Monreal Ávila, explica el texto, se ha disparado el desarrollo de conjuntos habitacionales y la apertura de establecimientos mercantiles que los vecinos han denunciado como sospechosos o de plano ilegales.

Sin que haya habido respuesta de la autoridad delegacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ha advertido de la destrucción o modificación de inmuebles históricos que cuentan con valor artístico. Pese a los oficios del INBA, las obras continúan en marcha, preparando la apertura de espacios habitacionales, restaurantes o bares.

La investigación de Camarena y González destaca que la destrucción patrimonial es de tal magnitud que “Dolores Martínez, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, afirmó el viernes 30 de septiembre que “se está dañando más (el patrimonio) ahorita que en el sismo de 1985. La destrucción ha aumentado. Antes era esporádico, ahora es constante. Hay una voracidad inmobiliaria grave”.

Asimismo, se recuerda que para la apertura de estos predios es necesario que existan permisos que están relacionados con el cambio de uso de suelo, autorización que se tiene que hacer desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

En ese sentido, el reportaje comprueba que existen contradicciones entre los documentos de Seduvi y de la propia delegación, incurriendo incluso en el delito de falsificación. Esto se reproduce de manera literal en los siguientes párrafos:

Seduvi indicó, sin excepción, que los predios en donde operan todos esos restaurantes no permiten ese giro mercantil. En cambio, la delegación respondió con usos de suelo que sí permiten la existencia de un restaurante en estos locales. Todos los usos de suelo entregados por la delegación dicen haber sido expedidos entre los años 1989 y 1992. El gestor explica que “hay una laguna a finales de los ochenta y principios de los noventa cuando todavía no existía la Seduvi. Entonces lo que pasa es que las diferentes instancias locales se echan la bolita”. Es por eso que se recurre a usos de suelo de esos años para asegurar una rápida apertura.

“Lo que te dan es un uso de suelo que fabrican con las características de los de los principios de los noventa. Ponen las letras viejitas y lo hacen en tamaño oficio. Ponen la firma de Rochita”. Al enseñarle los usos de suelo que la delegación entregó a MCCI para estos ocho restaurantes, todos con la firma de un arquitecto de nombre Roberto Rocha García, el gestor se ríe. “Esa es la firma más falsificada en este medio”.

Tan notorios son estos documentos noventeros que un ex director Jurídico de la delegación Coyoacán asegura que al recibir documentos con estas características no quedaba más que empezar un proceso de averiguación ya que invariablemente eran apócrifos. Un ex delegado de la delegación Miguel Hidalgo escanea rápidamente los mismos documentos y los regresa al instante, diciendo, “estos son falsos”.

Pero tan esenciales son que llegan a cotizar precios muy altos. “Sacar el uso de suelo en Seduvi por la vía legal cuesta mil 336. Los fabricadores de usos de suelo cobran caro. Según el sapo es la pedrada”, explica el gestor usando la frase que al parecer es la más trillada en el medio, “pero es normal que te cuesten 400-500 mil sólo por los documentos)”. Al ver el asombro que ese dato causa, agrega, “¿Si le estás invirtiendo 1.5 millones a una cocina, no vas a invertirle 500 mil al documento que te va a permitir abrir?

Sumado a esto, la investigación recuerda que durante su campaña proselitista, Monreal Ávila había despotricado en contra de la estructura burocrática y operativa de la administración delegacional en pugna, sin embargo, pese a lo prometido, “dejó casi intacta la estructura delegacional que él mismo calificó de deshonesta”.

“Monreal agregó a ese grupo a dos funcionarios zacatecanos con antecedentes polémicos. Humberto Chavarría Echartea fue nombrado director general de Obras y Desarrollo Urbano. Y Bennelly Hernández Ruedas fue designada como directora de Desarrollo Social.

Según notas periodísticas, Chavarría enfrentó una denuncia en 2003 en el Congreso de Zacatecas por hacer asignación directa para una obra. Trabajó, además, como director de Obras Públicas para David Monreal, hermano de Ricardo, cuando era presidente municipal de Fresnillo. Ahí lo acusaron de despojo y no pago de indemnización ante el Tribunal de los Contencioso con el número 065/2005-I.

Bennelly llegó al puesto precedida de un escándalo. El 27 de julio de 2015 fue detenida por la PGR tratando de abordar un avión privado en Chiapas con un millón de pesos en efectivo repartido en varios maletines. Fue liberada porque se dijo que los recursos pertenecían al partido”, subraya el trabajo periodístico.

Respuesta de Monreal

El 6 de diciembre, en la revista Nexos, se publicó la respuesta del ex gobernador Ricardo Monreal al reportaje de la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI). El reportaje se tituló Si nos hubieran preguntado…

Expone que si les hubieran preguntado o cotejado la información que ellos obtuvieron con la que hoy exponemos aquí, el reporte de MCCI hubiese sido más objetivo y cercano a la verdad en términos popperianos (“la verdad objetiva es la suma de las verdades subjetivas”: Karl Popper).

En el documento aclara el estatus legal de las fincas señaladas por el INBA.

Además, respecto a los funcionarios señalados como “desaciertos de Monreal a la hora de armar el equipo en la delegación”, precisa lo siguiente: “Humberto Chavarría, director general de Obras y Desarrollo Urbano, fue exonerado de las acusaciones mencionadas en ‘El factor Monreal’; Bennelly Hernández, directora general de Desarrollo Social, no tiene abierto expediente alguno y cada vez que el PRD capitalino propala esta versión no ha podido señalar la averiguación correspondiente; Salvador Santiago Salazar, funcionario de administraciones anteriores y de la actual, no tiene acusación ni imputación oficial alguna, abierta o en proceso de sustanciación.

Por otra parte, en su respuesta, Monreal Ávila asevera que los testimonios relativos a las prácticas de corrupción en la tramitación y obtención de permisos delegacionales se basan en dos fuentes absolutamente anónimas: “un gestor especializado en obras” y “un desarrollador de la zona, que habló a condición de anonimato por temor a represalias”. Es decir, una especie de “testigos protegidos” o acusadores sin rostro.

Menciona que el reportaje también omite señalar que los comerciantes ambulantes del Centro Histórico (el llamado perímetro A) son responsabilidad exclusiva del Gobierno central, no del delegacional; que por primera vez en 15 años se han levantado 6 mil puestos fijos y semifijos en la delegación; que no se ha expedido un solo permiso nuevo para puesto metálico.

Alonso Reyes y las empresas fantasma

De acuerdo con una denuncia presentada el día de ayer por Soledad Luévano Cantú, ex candidata por Morena a la alcaldía capitalina del estado, Miguel Alonso Reyes desvió 307.4 millones de pesos a partir de la simulación de operaciones con comprobantes fiscales adquiridos en empresas fantasma o “vende facturas”.

El documento presentado ante la PGR también señala como responsables a Mario Rodríguez Márquez y José Francisco Ibargüengoytia Borrego, ex y actual titular de la Sinfra, respectivamente; Guillermo Huizar Carranza, ex secretario de la Función Pública y Fernando Soto Acosta, ex secretario de Finanzas.

Según la denuncia, en la administración estatal de Alonso Reyes, específicamente de 2012 a 2016, se contrató a 24 proveedores de bienes y servicios, de los cuales siete forman parte del listado publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como presuntas empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS); mientras que las restantes diecisiete se encuentra en análisis por parte de las autoridades, al presentar también elementos de probable simulación.

Las empresas y proveedores reportados ya en el Diario Oficial de la Federación como presuntas EFOS son Construcciones La Cobadonga S.A. de C.V., a la cual se le contrató en diferentes años y proyectos carreteros por la cantidad de 15 millones 213 mil 435 pesos. Esta compañía tiene dos diferentes domicilios fiscales, uno en la Ciudad de México y otro en Aguascalientes.

Los segundo y tercer casos son el del contribuyente Luis Gerardo Vázquez Lezama, quien facturó a Godezac entre 2013 y 2016 un total de 14 millones 116 mil 471 pesos, y quien también aparece en contratos de obra pública como representante de Construcciones y Administradores del Centro S.A. de C.V., empresa también señalada como supuesta EFOS, y que obtuvo contratos durante cinco años por 40 millones 41 mil 928 pesos.

En esta lista negra también aparece la compañía Contratas Maquinaria S.A de C.V., la cual tiene como representante legal a Ana María Durón Sánchez, ambos entes señalados por el SAT como presuntos “vende facturas”, y ambos también proveedores de Gobierno del Estado durante la administración de Alonso Reyes.

Contratas Maquinaria S.A de C.V facturó de 2012 a 2016 un total de 21 millones 433 mil 301 pesos; mientras que Ana María Durón Sánchez lo hizo por la cantidad de 7 millones 96 mil 383 pesos.

Otro caso es el de José Manuel Galaviz Estrada, quien facturó 6 millones 903 mil 186 pesos. Y por último, aparece en el listado de las siete presuntas EFOS, la compañía Virvaz Construcciones S.A. de C.V., a la cual se contrató en 2016 por 4 millones 422 mil 955 pesos.

El resto de proveedores citados en la denuncia y que actualmente son investigados por el SAT son: Dodecaedro SA de CV; Agreflet SA de CV; Grupo Corporativo URBIS SA de CV; MEIZOSO Arquitectos SA de CV; Materiales para Construcción Carrillo SA de CV; Mantenimiento Constructivo GMS SA de CV; Construcciones Acabados y Maquinaria Crimea SA de CV; Comecen SA de CV; Construcciones y Urbanizaciones FM SA de CV; Supervisión Integral y Edificación SA de CV; Aceros y Alambres del Centro SA de CV; Constructora Aavraa SA de CV; LM Cuatro pozos y Construcción SA de CV; Milenium Centro de Iluminación SA de CV; Servicios Constructivos Apintek SA de CV; Guzmán Flores Claudia Stephany y Taller Habitat S. de R de L. CV. Este grupo de diecisiete contratistas facturaron 198 millones 279 mil 78 pesos.

Entre este grupo destaca el nombre de Taller Habitat S. de R de L. CV, empresa que ha estado vinculada con escándalos locales que se registraron en los medios de comunicación.

El 15 de agosto del presente año, La Jornada Zacatecas documentó que el hoy presidente del municipio de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, no declaró en el 3de3 una residencia millonaria, ubicada en Lomas de Bernárndez, que estaba siendo construida por Taller Habitat¸ proyecto al cual denominaron Casa EF.

Asimismo, se ha vinculado a esta empresa con las controversiales obras de remodelación de la Plaza de Armas y de la Alameda Trinidad García de la Cadena. El director de esta firma, José Arellano Cervantes, protagonizó también un escándalo al formar parte del grupo de mirreyes, dueños del bar La Diez, establecimiento que operó con total impunidad por más de un año sin licencia de venta alcohol y sin la anuencia de los vecinos del lugar.

Falsas, acusaciones en mi contra: MAR

Mediante una carta enviada al diario Reforma, el ex gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes aseguró que las acusaciones en su contra por presunto desvío de recursos son falsas.

En ese sentido, refiere que durante su administración los órganos de fiscalización, tanto estatales como federales, “revisaron minuciosamente las operaciones realizadas”, sin haber encontrado acciones relacionadas con la prestación de servicios inexistentes.

Alonso Reyes lamentó que “se trata de ataque político, en el marco del triunfo electoral del pasado domingo en donde la candidata del PRI a la presidencia municipal de Zacatecas, resultó ampliamente ganadora”.

Aparte de esta denuncia interpuesta por Luévano Cantú, Alonso Reyes cuenta con otras investigaciones en su contra en la PGR por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. No obstante estos procesos en curso, la semana pasada el ex gobernador fue nombrado director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).