El pasado viernes 26 de junio el primer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció que propondría un referéndum, a realizarse el 5 de julio, para que sea el pueblo quien decida si acepta o no las medidas que impone el eurogrupo como remedio para los problemas financieros de Grecia. El lunes 29 el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, llamaba al pueblo griego a votar por el “sí”, ya que un “no” equivale, según él, a voltear la espalda a Europa. Sin embargo desde el sábado 27 Tsipras llamaba a un “no” en el referéndum. Lo que no es tan obvio en la situación es que quizás no todo el peso de la responsabilidad del impagable endeudamiento recaiga en malos manejos internos de los dirigentes de las finanzas griegas. Sobre todo después de la aceptación por muchos de ellos de implementar programas para reducir el gasto público que no han redundado en una solución al problema. Si la organización de Europa es tal que permite la transformación de problemas fiscales de tamaño medio en pesadillas se debe comenzar a pesar que todo el tinglado de financiamiento internacional adolece de graves dificultades. Si esa organización no sirve para resolver problemas ¿cuál es su utilidad?
Ilan Semo, en un artículo del 20 de junio en La Jornada, utilizaba una analogía que nos permite avizorar una respuesta. En 1861 Benito Juárez decreta la suspensión de pagos de la deuda externa nacional. Todos sabemos la respuesta de los acreedores: la invasión militar. Pero una invasión militar es costosa para el invasor incluso si impone pagos exorbitantes a los invadidos, por eso es mejor encontrar otra manera de doblegar la voluntad de un Estado nación. El dispositivo para lograr ese objetivo, afinado durante los ciclos económicos del siglo 20, es la deuda. Mediante la deuda se puede obtener valor de los países endeudados con su colaboración, ya que son los mismos gobiernos los que imponen a su población las medidas draconianas de exacción para después entregar el producto de ellas al acreedor.
Semo obtiene una lección de las negociaciones de Tsipras con el eurogrupo que considera es una exigencia mínima de cualquier organización de izquierda: no a la austeridad, no a los planes de reducción de gasto público y no al cercenamiento de derechos sociales financiados por el Estado –salud, pensiones etc.
La convocatoria de Tsipras al pueblo griego nos ofrece otra lección. Para decidir sobre el futuro de un pueblo, en particular si es ese pueblo el que va a pagar las consecuencias de las decisiones, es mejor preguntarle a él. La representación tiene un límite, la autoridad del líder está sujeta a la superior autoridad de sus representados.
Que esto enardece a todos aquellos que pretenden ejercer el poder sin contrapesos es evidente.
Las lecciones previas nos permiten vislumbrar el rompecabezas de la deuda en la UAZ bajo otra luz. Haberla creado fue sin duda un elemento clave en el desmantelamiento de facto del contrato colectivo de trabajo UAZ-Spauaz, como todos lo saben aunque en su retórica asuman “la defensa irrestricta” del mismo. También, como ha quedado de manifiesto en diferentes notas periodísticas –muy abundantes para citarlas todas- la deuda permite justificar las transferencias de recursos de un concepto a otro sin responsabilidad para los ejecutantes de tales actos, que son ilícitos de acuerdo al artículo 17, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica, porque es atribución del Consejo Universitario aprobar los presupuestos de ingresos y egresos, y decidir sobre el presupuesto extraordinario. Presupuestos en los que se deberían de consignar esos movimientos que detecta la ASE de manera regular y que deberían de llevar el aval del Consejo. No hay tales avales porque el Consejo está desmantelado. Y sin esos avales, de acuerdo al artículo 67, fracciones I y V las autoridades incurren en causales de responsabilidad, que nadie procura actualizar y mucho menos ejercer.
Así que en la UAZ las autoridades deciden sin consultar a los representantes de los universitarios, que son los consejeros. Mucho menos querrán consultar a los universitarios mismos mediante referéndum o plebiscito, figuras que sí contempla la Ley Orgánica en su artículo 3, y cuyo procedimiento detallado confina al Estatuto General.
Como remate de las políticas universitarias inducidas por la deuda están las propuestas de crecimiento cero promovidas tanto por la Rectoría como por el Spauaz –que a su vez incurre en violaciones graves de su propia normatividad en su esfera de acción al pretender implementar políticas clientelares-.
Si la izquierda se ubica ahora en proponer no austeridad y consultas directas al pueblo, podemos hacer ver que en la UAZ el grupo dominante se ubica totalmente a la derecha en sus prácticas, porque teóricamente, desde hace mucho, está desarmado.
A la vista de la próxima coyuntura electoral nos queda, a los universitarios de a pie, la labor, que el evangelio juzga imposible, de separar la hojarasca del trigo. Es decir de distinguir a los que están empedernidos en sus prácticas obsoletas de aquellos que sí quieren cambiarlo todo. ■
