■ El planteamiento del Gobierno del Estado a la Legislatura local podría verse reducido en 6.1%
■ Habrá reducción en los recursos de dependencias, poderes del Estado y organismos autónomos
Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, aseguró que los ingresos y el presupuesto de egresos que fueron propuestos a finales de noviembre por el Ejecutivo estatal deberán ajustarse y adelantó que se verán disminuidos “de manera dramática” en cerca de 2 mil millones de pesos.
Esto significa que el planteamiento que envió el Gobierno del Estado a la Legislatura local podría verse reducido en 6.1 por ciento quedando en poco más de 30 mil millones de pesos y no en 32 mil 433 millones como se había estimado de forma preliminar.
El funcionario compareció este miércoles ante los diputados locales y explicó que la propuesta elaborada en noviembre se basó en los pre-criterios de política económica que la Federación emitió en el mes de abril, por lo que estaban “sumamente desfasados”.
Ahora, ya conociendo el PEF federal, en el que destacó que se elimina el Ramo 23, además de que Zacatecas no está contemplado en el fondo de compensación del FONE, manteniendo el déficit en el gasto educativo, “es claro que vamos a traer una disminución grave; unos ingresos a la baja, de manera dramática, en unos 2 mil millones de pesos” y con ello una reducción en los presupuestos de las dependencias, los poderes del Estado y los organismos autónomos.
Aunque no precisó, mencionó algunas de las dependencias estatales en las que los legisladores locales tendrán que recortar el presupuesto como, por ejemplo, el Sistema DIF Estatal, ya que gran parte de sus recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) que es de origen federal. También nombró al Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) y a la Secretaría del Campo (Secampo).
Precisamente estas tres instancias fueron algunas de las cuestionadas por los diputados debido al incremento en sus presupuestos que se había propuesto por parte del Gobierno estatal. En el caso del DIF, por ejemplo, la legisladora Alma Dávila criticó que para esta dependencia se contemplara prácticamente el doble del presupuesto que se le planteó para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En este punto coincidieron varios integrantes de la 63 Legislatura que expusieron que mientras Sedesol publica las reglas de operación de sus programas para transparentar el destino de los recursos, el Sistema DIF Estatal es opaco en el ejercicio de su presupuesto.
En el caso de Secampo y el IZEA, el diputado Héctor Menchaca sostuvo que el presupuesto que presentó el secretario de Finanzas es “político rumbo al 2021”, pues se plantean incrementos presupuestales en las secretarías encabezadas por quienes se han mencionado como posibles candidatos a la gubernatura en las próximas elecciones: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secampo e IZEA.
Al respecto, Miranda Castro no negó la acusación y únicamente dijo que con los ajustes que se dieron a nivel federal el presupuesto de estas dependencias disminuirá; “pudiera advertirse como si hubiéramos presentado los presupuestos con incrementos a dependencias rumbo al 2021, pero cuando se hagan los ajustes al presupuesto federal todos tendrán una caída dramática”, concluyó.
Otro de los cuestionamientos se dirigió a los 8 millones de pesos que se presupuestaron para el Consejo Estatal de Desarrollo Económico y, al respecto, el secretario coincidió con los legisladores en señalar que es innecesario este recurso y que debe analizarse la desaparición de este organismo.
“Son sólo 8 millones en sueldos y salarios de los que participan pero el propio secretario de Economía ha señalado que ya no tiene razón de ser; debemos de tomar decisiones y en su momento, si lo consideran, liquidar a esas 8 o 10 personas que participan”, expuso.
En torno a la deuda pública, el diputado Omar Carrera aseguró que se han estado contratando créditos a corto plazo que han elevado el monto de endeudamiento de la entidad. El secretario, en este tema, reconoció que sí se han contratado este tipo de empréstitos, el último de 300 millones de pesos para el adelanto de participaciones de los municipios en este cierre de año.
No obstante, se comprometió a que en el mes de febrero todos los créditos a corto plazo habrán sido liquidados y no se tendrán estos adeudos. Estimó que al término del quinquenio se entregará el estado con “una deuda controlada y servicios de deuda por debajo de los 700 millones de pesos” anuales.
La diputada Gabriela Pinedo cuestionó los recursos que se le entregan a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y en concreto el incumplimiento en el otorgamiento del impuesto que se cobra para la Máxima Casa de Estudios.
En este sentido, el secretario señaló que han tenido problemas con este gravamen ya que “algunas empresas mineras, las gigantescas, se están amparando, así como lo hicieron contra el DAO de municipios, lo hacen contra los impuestos de la Universidad” y hasta el momento han tenido que devolver 20 millones de pesos por este concepto.
En cuanto al impuesto ecológico y la controversia constitucional que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovida por el pasado Gobierno Federal, aseguró que “hacemos votos” para que la actual administración se desista.
Durante la comparecencia hubo un choque entre Miranda Castro y el diputado José Juan Mendoza Maldonado. El legislador, en la ronda de preguntas, acusó al secretario de corrupto y de enriquecimiento patrimonial inexplicable, al señalar que tiene propiedades en diferentes partes del país, tanto en Zacatecas como en Aguascalientes y Guadalajara, así como en Estados Unidos.
En su intervención para responder a los cuestionamientos, el secretario calificó de “corrientes” las declaraciones de Mendoza Maldonado y lo acusó de haberle pedido 2 millones de pesos, en efectivo, para dar su voto a favor del presupuesto.
Sostuvieron un intercambio de palabras, mientras el diputado presidente de la mesa directiva, José María González Nava, llamaba al orden e incluso apagó el micrófono del legislador, una decisión que fue criticada posteriormente por otros integrantes de la 63 Legislatura.
El diputado le dijo al secretario “usted es una rata y se lo digo de frente (…). Es un ladrón” y, ante los llamados del legislador para que el funcionario lo tratara con respeto, el secretario refirió que “usted me insultó primero y no le tengo miedo”.
“La única diferencia entre usted y los grupos de la delincuencia es su traje, porque los pedía en efectivo, señor”, le dijo Miranda Castro al diputado en el momento en el que le apagaron su micrófono.
