Uno de los cambios en el organigrama del gobierno que no ha funcionado fue la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a la que propiamente habría que llamar Subsecretaría Ayotzinapa, porque a eso se dedicó durante cinco años y, para colmo, todavía no encuentran ni los cuerpos de los estudiantes ni a los verdaderos culpables.
Siempre ha sido una Subsecretaría de chile y de manteca, antes también se dedicaba a “asuntos religiosos”, hoy a derechos humanos, cuando la definición clásica de violación de derechos humanos siempre se atribuye al Estado.
Por tal motivo, las repetidas crisis migratorias, que han enturbiado la relación bilateral con Estados Unidos y se van a seguir emponzoñando en los próximos años, carecen de dirección y de políticas claras, hasta el punto que el Instituto Nacional de Migración (INM) le pasó la bolita y la responsabilidad a Marcelo Ebrard y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el incendio y muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez.
No está de más recordar el 30 de mayo de 2019, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles si el gobierno mexicano no contenía un flujo migratorio, que llegó a 130 mil migrantes y solicitantes de asilo por mes. El gobierno se comprometió a bajar el flujo a 30 mil y lo hizo en tres meses con la intervención de la Guardia Nacional. Ahora sabemos, por las memorias del yerno, que fue un bluf de Trump y que se divirtieron con el asunto.
La amenaza y chantaje de Trump se puede repetir en unos meses. Ya advirtió que va a ser dictador por un día y va a cerrar la frontera. También afirmó que la nueva política va a ser la de capturar migrantes y devolverlos a México: Catch and realease in Mexico.
Por eso vale la pena recordar que, en el primer encuentro de este gobierno, en diciembre de 2018, Ebrad negoció con Mike Pompeo el programa Quédate en México, para que los solicitantes de asilo extranjeros esperaran en México a que les dieran audiencia. Recuerdo esa conferencia de prensa donde dos funcionarios de la SRE balbuceaban tratando de explicar el acuerdo con supuestas “razones humanitarias”.
Esta concesión resultó envenenada, luego vino el título 42 con la deportación de cientos de miles de extranjeros a México y finalmente otro acuerdo de aceptar a 30 mil extranjeros al mes de origen haitiano, nicaragüense, cubano y venezolano.
¿Todo esto a cambio de qué?
La devolución de extranjeros migrantes, en tránsito o solicitantes de asilo, al país vecino es una práctica totalmente inusual. La ley internacional sostiene que los responsables son los países donde está localizada la persona migrante o solicitante de asilo. Si se devuelven los migrantes al país vecino, esto podría convertirse en una cadena sin fin y habría que devolver a Guatemala a miles de venezolanos, hondureños, nicaragüenses, etcétera, etcétera.
Una buena pregunta a los candidatos sería esta: “¿Qué van a hacer…?” El cambio de gobierno es la oportunidad para poner punto final a esta práctica abusiva de nuestros vecinos, contraria a las leyes internacionales y lesiva a la soberanía nacional.
Pero en México, el tema migratorio no se toma en serio cuando es el tema crucial en el caso de nuestros vecinos. El juicio político a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tiene que ver con el asunto migratorio y los acuerdos con México.
La política, de la no política, la de laissez faire, laissez passer, de la época del PRI, ya no funciona. Porque hoy ya no es problema la emigración de mexicanos, sino la migración en tránsito de centroamericanos, sudamericanos, caribeños y ahora africanos y asiáticos, que tienen como destino Estados Unidos.
La política migratoria no puede quedar en manos del comisionado del INM, que tiene una función operativa y que, además, este instituto requiere de una profunda purga y reorganización. La política migratoria se debe fijar en Gobernación, exclusivamente en una Subsecretaría de migración y población, y las negociaciones bilaterales e internacionales deben quedar a cargo de la SRE.
La comparsa de altos funcionarios y militares que fueron a la última reunión en Washington da cuenta de que no hay una cabeza pensante y políticamente responsable del tema migratorio. Lo que resulta obvio, ya que la subsecretaría no se encarga del asunto ni tiene el personal adecuado.
Revertir el terreno ganado por Estados Unidos, después de cinco años de devoluciones de extranjeros a nuestro territorio, será un asunto complicado. Pero hay que fijar una posición clara desde el primer día del nuevo gobierno.
