Alumnos de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) exigieron transparencia y legalidad en el proceso que enfrentan dos de sus compañeros acusados del asesinato del profesor Armando Haro Márquez, en diciembre del 2014.
Denunciaron que en su detención hubo irregularidades, por lo que les preocupa que los estudiantes solamente sean “chivos expiatorios” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para cerrar el caso y no profundizar en otras líneas de investigación.
Asimismo, convocaron a la comunidad universitaria, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y a la propia procuraduría a que vigilen el proceso y que éste se lleve a cabo de manera transparente y en el marco de la legalidad.
A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, los estudiantes de la UAZ lamentaron que la procuradora Leticia Soto haya difundido en los medios de comunicación que tiene pruebas contundentes para declarar culpables a sus compañeros, sin que haya concluido la investigación, además de que no han tenido acceso a una audiencia con el juez.
Al respecto, la procuradora informó en días pasados que la aprehensión de los jóvenes se hizo como resultado de una investigación de mucho tiempo y luego de realizar una audiencia de imputación y vinculación, el juez determinó la prisión preventiva para los estudiantes supuestamente responsables.
“Nuestra teoría del caso está sustentada con un buen número de dictámenes periciales que se han realizado con todo profesionalismo, con equipo de punta como el que se tiene en el Instituto de Ciencias Forenses, que deja la posibilidad de reconstruir los hechos con base en las evidencias científicas que localizamos ahí”, expresó la funcionaria durante una entrevista radiofónica retomada por varios medios de comunicación.
Asimismo, informó que el asesinato del profesor universitario ya puso ser reconstruido por los peritos y ahora la intención es exponer el caso y sostener la teoría en un juicio oral con la presencia de los jóvenes imputados. Mientras tanto, transcurre un periodo de cuatro meses en el que continúa la investigación.
