Ahora que observo el tipo de administración pública que prefigura el nuevo gobierno me surgieron una serie de reflexiones que les comparto. Específicamente en la relación que guardan las políticas anticorrupción y aquellas que fomentan la eficacia de la acción del gobierno. Por ejemplo, cuando surgió la exigencia de dotar de reglas de operación a los programas gubernamentales con el objetivo de hacer más transparente y menos arbitrario el manejo de los recursos de dichos programas, esa medida impactó en la eficacia de los mismos, dado que las reglas de operación se convirtieron en camisas de fuerza que impedían adaptar los programas a realidades distintas en las diversas regiones del país. Es decir, una estrategia para mejorar la transparencia disminuyó eficacia.
En la década de los noventa, con Zedillo en la presidencia, se estableció un programa de modernización administrativa que tenía como hipótesis de fondo la ecuación “Descentralización igual a eficacia”; lo cual implicó responsabilizar a los estados en la planeación y ejecución de las aportaciones federales. En educación y salud, por ejemplo, en las entidades federativas se diagnosticaba, planificaba e implementaban los programas y proyectos. Gobierno federal sólo transfería los recursos y los estados ejercían su administración. Esta estrategia tenía como objetivo elevar la eficacia de los programas y fondos federales. A partir del 2015, con el argumento del dispendio y poca transparencia, se regresó a esquemas recentralizados: la nómina educativa pasó a ser administrada directamente por gobierno federal, al igual que los gastos de compra de medicamentos. Sabemos lo que esa medida pegó al estado de Zacatecas: separaron las nóminas federal y estatal, dejando a la entidad con una responsabilidad imposible de asumir en el gasto de la nómina de profesores estatales. Los resultados en los fines de los programas educativos, como los niveles de aprovechamiento de los alumnos, no mejoraron. Al contrario, en el caso de la secundaria se vieron perjuicios. Seguramente la administración centralizada fue más clara y transparente, pero no más eficaz en los resultados finales perseguidos. Ni más eficientes en términos económicos.
Si en los 90´s se estableció la ecuación “eficacia igual a descentralización”. Ahora parece todo indicar que estamos en el extremo opuesto: “Eficacia igual a hipercentralización”. Al grado que en la operación de los programas federales los estados están puestos a un lado de la implementación. Aún falta mucho por observar en torno a la manera en que piensan operar los programas federales, además porque ha variado el esquema original. Por ejemplo, a los sueperdelegados, ya los acompañan delegados de ciertas dependencias. Para apoyar el combate a la corrupción se crearon una serie organismos autónomos que vigilaran. Como el Inai. Y el Sistema nacional anticorrupción cuenta también con entidades dotadas de autonomía. Es decir, la idea es creer que la autonomía es el dispositivo clave en la lucha anticorrupción. Porque la hipótesis de fondo es que la corrupción es producto de la vinculación de intereses, y la autonomía desvincula dichos intereses. Ahora, el gobierno actual parece no asumir esta creencia. En lugar de ella, da la impresión de sustituirla por otra idea: la combinación de centralización y recorte de gasto, es el mecanismo que evitará el uso (y abuso) privado de los recursos públicos. Si hay poco dinero para operar, habrá poco margen para sacarles provecho a las obras planeadas.
Ahora bien, la cosa es, ¿cómo la centralización piensa ser eficaz e efectivo? Si los problemas públicos son tan complejos que las modernas teorías de la administración pública han establecido en el diagnóstico de sus fracasos, la idea de que el problema de los gobiernos no es de eficiencia, sino de insuficiencia. Por ello, han propuesto un nuevo esquema de concebir a la administración: ya no burocrática sino abierta. El conocido ‘gobierno abierto’, que implica lograr en un solo acto transparencia, participación y cooperación social. La pregunta es, ¿cómo lograrán conciliar administración centralizada con gobierno abierto? El gobierno abierto pretende conciliar transparencia con eficacia y efectividad. Además, si tomamos en cuenta los factores políticos en la conducción del gobierno centralizado, como las élites regionales y estatales que se hacen cargo de la delegación federal, el problema se enreda más. Esperaremos la publicación del Plan Nacional de Desarrollo para tener más piezas en este asunto. ■
