Una tarea esencial del Estado es la impartición de educación básica. Pero el sistema de educación básica tiene algunos vacíos, los cuales provocan rezago: personas mayores de 15 años o más que están sin terminar la primaria o secundaria. La presente administración estatal ha expuesto como meta levantar bandera blanca en este problema al término del sexenio. Zacatecas tiene un porcentaje de analfabetismo muy cercano a la media nacional (6.3%), que se traduce en un poco más de 60 mil personas en esta condición. En los últimos años se han anunciado avances de 1.6 por ciento menos, de personas en condición analfabeta. Si esto es cierto, significa que los “asesores” han hecho bien su trabajo. ¿Por qué llaman “asesores” a quienes son con todas sus letras Maestros? Estos maestros recuerdan a los misioneros educativos formados en los inicios de la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Vasconcelos. Y se las llamaba ‘misioneros’ porque iban a los lugares más apartados y con las personas en mayor grado de marginación para ayudarles a su nivel de educación. Docentes que realizan una tarea muy importante y son tratados con desdén. Y el trato no es sólo en el lenguaje oficial para referirse a ellos, sino a la condición laboral que se les ofrece. Trabajan de manera sistemática por años, haciendo un trabajo que las propias autoridades reconocen como bien hecho, y sin embargo, se les da una contratación por honorarios, y con ello, se les excluye de todo derecho laboral: ni antigüedad, ni jubilación, ni servicio de salud, ni programas de vivienda, ni seguridad en el empleo. Nada. ¿Por qué el gobierno usa esa figura de contratación en personal que evidentemente no es eventual o de obra determinada? Porque es incuestionable que cumplen una tarea permanente como parte de un objetivo de largo aliento en la misión del Estado. En suma, trabajan no en tareas eventuales, sino tareas estratégicas para el desarrollo del país. Reitero la pregunta: ¿por qué usan la figura de contratos por honorarios en tareas docentes? Alguien puede argumentar con la siguiente razón: porque al terminar el sexenio levantarán la bandera blanca, y con ello, dejará de tener lugar su objeto de trabajo. Pero este argumento no tiene lugar, porque el rezago se sigue produciendo, ya sea por las deserciones en el sistema educativo formal, y porque la línea de “lo básico” se amplía, como el caso del analfabetismo digital o la incorporación del bachillerato en el grupo de niveles educativos obligatorios. Así las cosas, no esperamos que el rezago como tal se elimine al término de este tortuoso sexenio. Otra hipótesis más plausible, es que se trata de la muestra del tipo de relación laboral que ahora promueven los gobiernos depredadores del trabajo. En otras palabras: es la muestra de lo que el gobierno quiere generalizar. Una fotografía del futuro.
Es decir, que para entender lo que ocurre en el IZEA, debemos analizar lo que pasa en los otros ámbitos laborales del país. En el caso del SNTE, sabemos, se le ha reducido a instancia administrativa con la llamada Reforma Educativa. En el caso de los sindicatos universitarios las políticas llevan la misma orientación: las formas de promoción son por fuera de las vías contractuales y de manera individualizada; así como la propuesta de eliminar uno de los apartados del artículo 123 de la constitución con lo que se pulveriza el derecho de huelga, y otros más que quedarán borrados de las listas de derechos sociales de los trabajadores. Y ya no mencionamos los efectos de las reformas a los sistemas de pensiones que han destruido la seguridad social del trabajo, y la recién reforma laboral basada en la meta de flexibilidad que abarata y destruye toda protección al trabajador. No es gratuito que en México tengamos una distribución funcional del ingreso donde el trabajo tiene una participación por debajo del 30 por ciento del PIB, y el capital tenga, por consecuencia, el 70. Por tanto, el problema de los profesores del IZEA no es ajeno al resto de los trabajadores de la educación, es por el contrario, el mismo problema de todos: el desmantelamiento de los derechos laborales y la vulneración de la seguridad social.
Llena de indignación que los docentes en protesta, tengan ya casi 50 días, y ni se les oiga ni se les vea. El Gobierno estatal tiene la obligación de encontrar una solución a la demanda legítima de los trabajadores del IZEA y no lo ha hecho. Los ignora. ¿A cuánto asciende el costo anual de 120 asesores educativos? A menos que los 4 millones de pesos que gastaron en agasajar a los visitantes de la Copecol. O Mucho menos de los 16 millones que costó la remodelación de la casa de gobierno. O los 40 millones que tienen presupuestados para actos cívicos en este año. Gastos absolutamente superfluos. Es indignante que argumenten falta de recursos para darle protección social a educadores, cuando hay rubros injustificados de gasto en el presupuesto del estado. La tarea educativa es mucho más importante que la actividad de una burocracia llena de privilegios. El Gobierno estatal no tiene interés en la educación del estado, y el IZEA no es el único caso que podemos citar, desgraciadamente. Sin embargo, una fuente de esperanza la constituye la enorme simpatía social que ha levantado la lucha de los trabajadores del IZEA que tuvieron el valor civil de exigir sus derechos. Movimiento en que el Gobierno estatal ha perdido autoridad moral en los ciudadanos por el trato humillante que ha dado a los maestros que, es claro, han hecho bien su trabajo.■
