■ Titular de la SFP evita decir nombres de los implicados, por impedimento de ley
■ Ya se iniciaron procesos contra ex director del Cobaez y actual jefe de Tránsito, explica
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a 18 funcionarios del actual Gobierno estatal y de todas las jerarquías, porque su declaración patrimonial refleja propiedades que no corresponden a su salario, lo cual pudiera ser un indicio de corrupción.
Al evitar decir nombres de los implicados por impedimento de ley, y limitarse a comentar que “de todas las dependencias”, el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, informó que se realiza una investigación profunda a los 18 servidores públicos. Se ha ido al Registro Público de la Propiedad, se ha solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “tratando de cerrar la pinza, para descubrir de qué forma, ganando lo que gana pudo haber comprado lo que compró”.
Aludió además a que también está el caso del ex director del Colegio de Bachilleres, Mario Caballero y el de Tránsito, Agustín Jaime Ortiz Arellano, a quienes ya se les inició un proceso y en caso de no sustentar las irregularidades, en no más de un mes se les sancionará de manera sólida, los cuales a diferencia de ex funcionarios de la pasada administración local y, sobre todo, de presidenciales municipales, ya no podrán gozar de la “prerrogativa de la impunidad”.
Esto porque la pasada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al carecer de una firma, sin embargo, a diferencia de lo que mencionan algunos diputados, Huizar Carranza aseguró que la actual ley es firme y está vigente.
Refirió que el problema estuvo en la norma pasada, motivo por el cual se tiene que reconocer que alrededor de 120 funcionarios estatales quedaron impunes, pese a que ya se les había iniciado un procedimiento sancionador en su contra. Además están decenas de ex alcaldes, síndicos, regidores y ex directores de ayuntamientos, cuyos casos se podrán mandar al archivo pese a haberles encontrado desvíos.
Es en ese contexto que el secretario de la Función Pública consideró que el resolutivo de la Corte en 2011, vino a afectar la justicia en Zacatecas y sembró un clima de impunidad al haber dejado un agujero negro en materia jurídica, pero insistió, se ha subsanado el vacío.
Ante la percepción negativa de ciudadana sobre la corrupción en el estado y el país, Huizar dijo que no se deben bajar las manos y debido a que el principal origen de la corrupción es el diezmo, aquí en la entidad se realizan algunas estrategias para combatirlo.
Entre ellos implementar los mercados virtuales para que el funcionario y prestador de servicios no se vean a los ojos y el trámite sea anónimo a través de una computadora. Además, para poder agarrar a los corruptos las auditorías no son suficientes y el resultado está revisar la forma de vivir del funcionario: sus casas, coches, hijos, hábitos de consumo y ver si corresponden al dinero que reciben a través de su salario, de no ser así, significa que hay un nicho de corrupción en potencia.
