Desde el punto de vista político se dice de un “poder” que es “legítimo” si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar su autoridad sin coacción. El concepto se puede cuantificar porque queda siempre la posibilidad de que exista el disenso. Así, cuantas más personas acepten explícitamente a una autoridad sin necesidad de coacción mucho más legítima es esa autoridad. Pero aquí se debe enfatizar, para que haya precisión, que la aceptación de esa autoridad debe ser explicita, porque toda aceptación de una autoridad es el sometimiento de una voluntad a otra, por lo que no cabe la duda: o hay sometimiento o no lo hay. Por ello el número de votantes cuenta en lo que se refiere a la legitimidad de la elección, porque contabiliza al número de personas que explícitamente creen en el proceso electoral, pero el número de votantes no mide la legitimidad de un candidato a menos que todos esos votantes se manifiesten a favor de él. Así, por ejemplo, en una elección pueden acudir el 100% de votantes, pero anular todos su voto. En tales condiciones se proclamará la legitimidad de la elección, porque convocó a toda la comunidad, pero ningún candidato podrá sostener que es legítimo porque no tuvo a su favor ningún voto. En las recientes elecciones en la UAZ el candidato Antonio Guzmán Fernández obtuvo, según datos de la comisión electoral, un total de 19190 votos de estudiantes, de un universo de 34398, lo que representa un (19190/34398) x100% = 55.78% de los estudiantes. En la página de la comisión se dice que la participación fue de 65.64% porque se incluyen los votos nulos, pero ya hemos argumentado porque no deben incluirse en el conteo de la legitimidad de Guzmán. Entre los docentes obtuvo un 74.61% con 2204 y con los miembros del Stuaz un 68.14% con 999. Con estos datos obtiene un 65.34% global de aceptación. Ciertamente rebasó en 15% a la mayoría silenciosa y sus representantes: la abstención y la indiferencia. En el 2012 Silva Cháirez obtuvo 1549 votos de docentes y 9417 de estudiantes, mientras que Salazar de Santiago alcanzó 1157 votos de docentes y 10799 estudiantes. Es claro que esa elección fue más legítima porque tuvo mayor participación. Con Guzmán votaron a su favor 2204, mientras que votaron a favor de Silva o de Salazar un total de 2706, por lo que es claro que la elección convocó a más personas. Sin embargo es claro que Guzmán tiene a su favor más votos que Salazar o que Silva, lo que lo hace más legítimo que cualquiera de ellos. Vemos así un curioso resultado de la concepción cuantitativa de la legitimidad cuando se le utiliza de manera descuidada: se puede tener una elección poco legítima con un candidato muy legítimo. Paradoja que se resuelve señalando que la legitimidad del candidato está subordinada a la de la elección, de cuyo universo de votantes depende. Así que, debido a que Salazar y Silva lograron convocar a mayor número de personas, su elección es más legítima que la de Guzmán. Y por tanto Silva fue más legítimo que Guzmán. Pero Silva tuvo siempre un pretexto ante Gobierno Federal para no implementar un conjunto de reformas, presumiblemente lesivas, sobre la vida universitaria. Ese pretexto era que carecía de mayoría en el Consejo Universitario. Podemos ver, sin embargo, a Guzmán y sus operadores tratando por todos lo medios de construir esa mayoría en el Consejo. ¿Por qué? Es obvio que les interesa poco la “legitimidad” como concepto abstracto, pero les es vital tener una mayoría para poder, entre otras cosas, poder convocar a un “Congreso Universitario” que funcione como pantalla de legitimación de las reformas que pretenden implementar en la UAZ y que requieren que pasen como “decisiones libres de los universitarios”. Para eso necesitan la mayoría en el Consejo y la alucinación de que la mayoría de la comunidad universitaria los apoya. Tener la mayoría en el Consejo garantiza control sobre los resolutivos del Congreso porque así pueden echar abajo aquellos que resulten lesivos al aparato clientelar o a los intereses del gobierno estatal o federal. Por ejemplo, en la reforma del 99 se pasaron dos reformas que fueron echadas abajo y que la desmemoria hace que hoy ya nadie crea que fueron decisión libre y autónoma de los universitarios. La primera fue el voto no ponderado, que fue aceptada como procedimiento de decisión en la universidad por una mayoría de universitarios que votaron en un plebiscito. Era una reforma muy legítima que fue cancelada por la legislatura sin que nadie se rasgara las vestiduras por violación a la autonomía. La otra fue el pase automático, que permitía el acceso irrestricto de las masas a las unidades universitarias, sobre todo a la de medicina humana. Pero tenía el problema que exigía la canalización de recursos para incrementar la infraestructura educativa en medicina humana, y, de acuerdo a los pretextos de cajón, del sistema estatal de salud pública, porque no hay suficientes hospitales para el campo clínico. Pero también tenía y tiene el inconveniente de arruinar el negocio de los “exámenes Ceneval”. Por ello no somos optimistas respecto al futuro cercano. ■
