■ Imparten conferencia sobre la Constitución y los servidores públicos
■ Entrará en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas
“La ley por sí sola no va a solucionar el problema de la corrupción, lo vamos a solucionar en la medida en que todos participemos a partir de las instituciones que han sido creadas para combatir el flagelo. La ley no es más que un instrumento que tiene el Estado y la sociedad para hacer frente a ese problema”, afirmó Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Durante la conferencia titulada “La Constitución y el sistema de responsabilidades de los servidores públicos 1917-2017”, impartida ayer en la capital del estado, el magistrado se refirió al Sistema Nacional Anticorrupción y expuso que este nació de la evolución que han tenido los preceptos constitucionales, pero especialmente por la imperiosa necesidad de combatir “ese flagro que lastima y lacera a toda la sociedad mexicana”.
Según comentó, uno de los ejes más importantes de ese sistema es el subsistema de responsabilidades que dota de instrumentos jurídicos eficaces al Estado, en sus tres órdenes de gobierno, y los faculta para prevenir hechos de corrupción y faltas administrativas, emitir políticas públicas integrales y la fiscalización y control de los recursos públicos.
“Para presentar un frente armonizado, articulado y funcional en contra de la corrupción, la Ley General del sistema tiene un eje de coordinación entre la Federación, las entidades, los municipios, las demarcaciones territoriales y todos los entes políticos”, dijo.
El Sistema Nacional Anticorrupción, indicó Chaurand Arzate, está diseñado de tal manera que el gobierno y la sociedad vayan de la mano para afrontar el problema de la corrupción y cuyo comité coordinador y secretaría ejecutiva pretende constituirse como una instancia de coordinación para todas las autoridades de todos los niveles de gobierno para actuar en conjunto con la sociedad.
Dijo que el sistema también pretende respetar las facultades del municipio, el estado y la federación, es decir, “todos juntos y cada quién en su trinchera dispondrán de los instrumentos jurídicos e institucionales que les permita actuar con oportunidad.
Recordó que el 19 de julio próximo entra en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que desde su punto de vista corona más de un siglo de teoría y praxis gubernamental en la protección de la ciudadanía en contra de la corrupción.
Asimismo, expuso que los órganos de gobierno comprendidos en el Sistema Nacional Anticorrupción deberán conocer los alcances de la nueva ley, pero será necesario considerar el nuevo marco normativa que incluye la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las reformas y adiciones al Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.
En ese sentido, Chaurand Arzate señaló que la normatividad define como falta grave aquellas cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y son: cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.
