La consulta de Revocación de Mandato del pasado 10 de abril fue exitosa por el hecho de haberse llevado a cabo y sentar un precedente para la democracia participativa y en adelante, ésta figura sea utilizada por los ciudadanos cuando un gobernante, llámese Presidente, Gobernador o alcalde pueda ser removido de su cargo a la mitad de su periodo por perdida de la confianza, debido a actos de corrupción, ineficiencia, falta de atención u omisión en la solución de los grandes problemas del país, estado o municipio, entre otras.
Esto fue una de las razones por lo que algunos gobernantes de estados y municipios, diputados, senadores y líderes de partidos políticos, estuvieron en contra de que se realizara la consulta de Revocación de Mandato, porque temen que al volverse la consulta un proceso ordinario, un arma ciudadana, se les aplique en su gobierno o en sus aspiraciones futuras del ocupar estos puestos.
Si el Presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) estuviera con baja aceptación ciudadana, como lo estuvieron sus dos últimos antecesores, desde luego que los partidos de oposición, los grandes empresarios, medios de comunicación y periodistas y todos aquellos beneficiados en sexenios pasados por el tráfico de influencias y actos de corrupción, hubieran impulsado la participación de la consulta para remover al Presidente, porque ya se cuenta con una figura constitucional para remover de manera pacífica a un gobernante por pérdida de la confianza.
A sabiendas que Amlo resultaría bien calificado, ya que en todas las encuestas cuenta con una aceptación superior al 60%, la oposición, “que está en contra de todo y a favor de nada” optó por emprender una costosa campaña mediática y en redes sociales en contra de la realización de la Consulta de Revocación de Mandato, llamando a no participar en este ejercicio a través de gobernadores, diputados, senadores, líderes de partidos políticos, periodistas y empresarios, lo cual constituye una violación al proceso.
En la consulta, el 92% (15.2 millones) de los participantes votó a favor de que López Obrador continúe como Presidente de México hasta al final de su periodo, un excelente resultado ante lo adverso del proceso. Se registró una participación del 18% de los electores, no alcanzando el 40% para que en su caso fuera vinculatoria al Presidente si hubiera salido mal calificado. No obstante, que fue la primera Consulta de Revocación de Mandato celebrada en nuestro país, la participación ciudadana cada vez es mayor, si consideramos que en la pasada consulta para investigar a los expresidentes de México participó el 8%.
Existen varias lecturas de los resultados de la consulta, los opositores arguyen que la popularidad del Presidente está a la baja, al obtener la mitad de los votos de los que obtuvo al ser electo como Presidente.
Otra lectura, la cual comparto, es que no se alcanzó el 40% de participación, porque e Instituto Nacional Electoral (INE) redujo a un 30% la instalación de casillas de las que se instalaron en la elección de 2018; incumpliendo lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el cual reza: “El Instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal”. Asimismo, la ubicación de muchas de ellas no fue del todo lógica, no se consideraron distancias, número de electores, ni tiempos de recorridos.
Como ejemplo de ello en el estado de Zacatecas, la comunidad de Huitzila del municipio de Teúl de González Ortega, se les mandó a votar a la comunidad de Remolino, municipio de Juchipila, que está a 140 km de distancia y el tiempo de traslado es de tres horas “solo de ida”, cuando lo lógico era mandarlos a su cabecera municipal. A las comunidades de Contitlán, Atemajac y Guadalajarita las mandaron a Mezquital del Oro, a una hora de distancia, cuando las pudieron enviar a la comunidad de Remolino que está cinco minutos. Al municipio de Joaquín Amaro, lo mandaron a la comunidad de El Chique, Tabasco a 96 km de distancia y dos horas de traslado, cuando ese municipio debió contar con una casilla.
Así como esos ejemplos, hay muchos en el estado de Zacatecas y en el país, a eso obedece que no se haya alcanzado la participación del 40%, hay mucha gente que no tiene en que trasladarse, ni tiene los recursos económicos para hacerlo, si se hubieran instalado el 100% de las casillas, esta meta se hubiera rebasado por mucho, la gente quería participar pero el INE unilateralmente instaló una tercera parte de las casillas, bajo el pretexto de que no se le otorgaron los recursos necesarios; a lo cual, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que el INE no instaló suficientes casillas porque “retuvo” 1360 millones de pesos en “ilegales fideicomisos” “La Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE, lo que hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presenta cada año”.
Es importante reformar el artículo 40 de la Ley Federal de Revocación de Mandato para que las futuras consultas se realicen como en otros países, de manera concurrente con las elecciones constitucionales, adicionando una boleta más, lo cual aumentaría la participación y su costo sería mínimo.
Como conclusión podemos decir, que la consulta de Revocación de Mandato más allá de los números fue exitosa, porque sentó el precedente para que la ciudadanía exija a sus gobernantes y representantes populares buenos resultados, de lo contrario podrán ser removidos a la mitad de su periodo para el cual fueron electos. El paso siguiente es armonizar las leyes locales con las reformas a la Constitución para que en las entidades se establezca esta figura y pueda aplicarse en su caso a los gobernadores, alcaldes y legisladores.
