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■ La Fiscalía rastreará la filtración y exposición de datos personales

Niega Godezac autoría de lista negra contra periodistas y activistas

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Por: ALEJANDRA CABRAL •

El Gobierno de Zacatecas no respondió al señalamiento sobre un subregistro de feminicidios de hasta 65 por ciento en el estado. El gobernador David Monreal Ávila dijo que no había revisado el contrainforme presentado por el Movimiento Feminista de Zacatecas, afirmó que su administración cuenta con “otros datos” y ofreció pedir al fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya que detalle los registros durante la conferencia de seguridad de esta semana.

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Durante la conferencia de prensa semanal La Informativa, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, también reconoció no haber revisado la publicación pero subrayó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) ha clasificado siete feminicidios en lo que va del año, por los cuales existen 10 personas detenidas.

En otro tema, el gobernador y el secretario general negaron que alguna dependencia estatal haya elaborado la lista difundida en redes sociales con nombres y datos personales de periodistas, activistas y madres buscadoras, presuntamente utilizada para impedirles el acceso al quinto informe de gobierno.

Monreal calificó el señalamiento como “política ficción” y lo atribuyó al interés de obtener protagonismo. Reyes Mugüerza informó que la Mesa Estatal de Construcción de Paz solicitó a la Fiscalía investigar el origen del documento, debido a la posible utilización indebida de datos personales.

Agregó que se pidió activar los protocolos de protección para las y los periodistas incluidos y dijo que una madre buscadora cuyos datos aparecen en la lista se puso en contacto con el gobierno estatal.

Sobre las nuevas concesiones de taxi, Reyes Mugüerza negó que hayan servido para premiar a integrantes de organizaciones señaladas por actuar como grupos de choque durante manifestaciones, entre ellas las realizadas contra opositores al segundo piso del bulevar metropolitano.

Aseguró que la pertenencia sindical no formó parte de los criterios de selección y que las concesiones se asignaron mediante convocatoria pública. De las 355 concesiones ofertadas, se han entregado 158, cada una con un subsidio de 50 mil pesos; además, 240 concesionarios recibieron 100 mil pesos para adquirir vehículos nuevos, lo que representa una inversión pública conjunta de 32 millones de pesos

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