■ Según estudio de la UNAM, por cada persona que hieren los militares, matan a 8
■ La Marina registra la muerte de 30 personas por cada una que lesiona
El Ejército Mexicano, cuya presencia en las calles pretende mantenerse con la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, registra una “letalidad desproporcionada: por cada persona que hieren los militares, matan a ocho, mientras que la Marina Armada de México registra la muerte de 30 personas por cada una que lesiona.
Estas cifras y el calificativo de “letalidad desproporcionada” fue advertido por un estudio realizado el año pasado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denominado “Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad”, el cual fue difundido por medios nacionales e internacionales como The New York Times.
Precisamente en el reporte publicado por este diario estadounidense, se expone que en la guerra moderna es más probable que se hiera al enemigo antes que matarlo; no obstante, se advierte, en México ocurre lo contrario.
En este sentido, se sostiene que las fuerzas armadas del país, tanto el Ejército como la Marina, “matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad”.
No obstante, contrasta el discurso oficial, que atribuye este hecho a que los soldados están mejor entrenados que quienes pertenecen a los grupos de la delincuencia organizada, con la visión de expertos que señalan que estas estadísticas hablan de que “hay ejecuciones sumarias”.
En esta publicación, se refiere a que entre 2007 y 2012 el Ejército mató a 3 mil personas, mientras que fueron 158 los militares que perdieron la vida en enfrentamientos. En este punto, el periódico advierte que “en México, donde menos del 2 por ciento de los homicidios terminan en condena, las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial”.
Las ejecuciones extrajudiciales, condenadas de manera internacional, como el caso de Tlatlaya y de las que Zacatecas no ha estado exento con los siete jóvenes de Calera, por ejemplo, también se advierten en el texto, al igual que los señalamientos por las prácticas de tortura “generalizadas” por parte de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).