México, DF. Representantes del Estado mexicano y James L. Cavallaro, enviado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmaron esta mañana un convenio de “asistencia técnica” para “fortalecer capacidades” de investigación en el caso Ayotzinapa.
Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que el Estado mexicano está actuando de buena fe, en el marco de todos los convenios internacionales suscritos por México, entre estos con la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“El Estado mexicano está en plena disposición de colaborar y de recibir esa asistencia técnica; en este caso tan doloroso, la suma de esfuerzos es bienvenida”, señaló en entrevista, al término de la firma del convenio, acto realizado en la Cancillería.
-¿La asistencia técnica ocurre cuando el Estado mexicano ha sido rebasado?
-Yo no diría que un Estado reciba asistencia cuando no puede (con la tarea). Es una colaboración y una asistencia que brindaría, a través de grupos de expertos, para coadyuvar en las investigaciones, en el marco del esquema internacional del que México forma parte.
En la firma del convenio estuvo también la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón; el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, y representantes de organismos civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro y del grupo Tlachinola, cuyos abogados acompañan a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
La CIDH aún no asigna al grupo de expertos que, tras su encomienda, elaborará un informe.
La subprocuradora Benitez subrayó que no está cerrada la investigación, para esclarecer el ataque a normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida el 26 y 27 de septiembre pasado.
“La investigación sigue; no hay contradicción, (el procurador Jesús Murillo Karam) dio los avances hasta ese momento (el viernes). El ministerio público sigue trabajando para obtener nuevos testimonios y hallazgos que permitan establecer con toda claridad el caso”, dijo.
Eliana García, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, dijo que recibir asistencia técnica es un hecho “común” para la Procuraduría, lo mismo con fiscalías y organismos de derechos humanos como con la Cruz Roja Internacional.
Hace un mes –comentó– tuvimos un seminario con cuatro fiscales de América Latina para trabajar todo un esquema para capacitación en investigación en casos de tortura. Vinieron especialistas de Chile, Ecuador, Argentina y Perú.
“La asistencia técnica no es un asunto extraordinario para la PGR, tenemos gran colaboración. Ahora viene a dar una capacitación en materia forense un perito peruano, entonces la asistencia técnica es parte sustancial”, señaló.
