En la agenda pública se mantiene vigente, con la promesa de una reforma que va delineándose en declaraciones aún sueltas, el debate en torno a una próxima reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Hay consenso entre tirios y troyanos sobre la urgencia de discutir el diseño de dicho sistema y su reformulación. Desde luego, el debate debe atender el contexto de reconfiguración institucional que el país ha sufrido recientemente, desde su modelo Constitucional mismo, a partir de las reformas que eliminaron a varios órganos constitucionales autónomos (entre ellos el INAI, integrante original del propio SNA) y los cambios al Poder Judicial.
En este espacio el tema ha sido más que recurrente; me dispenso por lo reiterativo de la atención. Sin embargo, es de suma importancia mantener el dedo en el renglón, y volver a los dos ejes que dieron origen en su momento a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la definición del diseño que terminó implementándose, por lo visto, sin el éxito esperado. Estos temas fueron y son: el combate a la impunidad (en su figura perversa con la corrupción, causa y consecuencia, incentivo y aliciente) y el empoderamiento de la sociedad, como víctima directa y final del perverso fenómeno de corrosión institucional.
Ambos temas pues, el combate a la impunidad y el fortalecimiento de la participación ciudadana son aún pendientes que no deben dejarse de lado en la discusión próxima, y permanente, a tener respecto a la estrategia anticorrupción del Estado mexicano.
En el primer caso, para combatir la impunidad, será necesario realizar un análisis exhaustivo del actual procedimiento de responsabilidad administrativa arrojado con la implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todo a partir de una revisión estadística de las resoluciones que se han logrado, y del impacto que, tanto en la percepción de la corrupción, como en la incidencia de actos de corrupción e inclusive, en los efectos que se han tenido, por esta vía, de casos que han resultado en escándalo. Casi diez años resultan más que suficientes para tal efecto.
En este mismo aspecto es importante mejorar y fortalecer los mecanismos de denuncia, y, sobre todo, protección a denunciantes a partir de estándares internacionales y certificaciones independientes, ajenas inclusive al Estado mexicano, para evitar en todo momento convertir a quien se atreve a denunciar en víctima de persecución o, peor aún, la revictimización. Además de lo anterior, hay que insertar en las instituciones investigadoras capacidades para priorizar sus indagatorias con base en el impacto de los casos en sus manos, ya sea desde la perspectiva financiera, económica, social o política, y considerando en todo ello el grado de violación de derechos humanos con el acto de corrupción en cuestión.
En esto último, es de suma importancia la participación e incidencia ciudadana. Parece quedar claro que los Comités de Participación Ciudadana, pensados para consolidar la visión social en el seno y cabeza misma de los sistemas anticorrupción, no han resultado tan efectivos como se supuso. Si no es viable su rescate mediante otras fórmulas que aquí mismo ya hemos expuesto (como que sus integrantes sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores enfocados en la investigación del fenómeno de la corrupción, desde distintas ciencias, y que se les reconozcan, para efectos del SNI, los años que participen en el SNA), entonces hay que dar un paso atrás con nuevas estrategias. Dos me parecen viables: el fortalecimiento de las políticas de contraloría social en programas, obras y acciones en todos los niveles de gobierno, así como la creación obligatoria de los consejos consultivos en las instituciones públicas. En ambos casos, dotando a sus integrantes de la formación necesaria para el cumplimiento de su función (como los funcionarios de casilla, experiencia exitosa que debe emularse), y con las herramientas del caso: transparencia para contar con información veraz, confiable y oficial. La otra figura es la de los observatorios ciudadanos, como los que se han formado desde las instituciones de educación e investigación y asociaciones de profesionistas activos con interés en determinados temas. En este último caso debe promoverse y financiarse su formación a través de programas que incentiven la participación e incidencia ciudadana. En ambas figuras, la mejora de los medios para la presentación de denuncias y los mecanismos de protección a denunciantes son inherentes al éxito que puedan reportar en sus funciones.
Van entonces estas notas procurando ser reiterativo sin ser repetitivo, ampliando las propuestas de estrategias y fórmulas para un rediseño eficaz de un sistema que, dadas las condiciones y fenómenos que no podemos ignorar (como la captura institucional), urge consolidar a través de sus resultados, impactos y éxitos.
El cómo será, como lo es la tarea anticorrupción, labor de todos.
@CarlosETorres_
