El 1 de diciembre de 2018, día de la toma de posesión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y el anfitrión, suscribieron una declaración en la que sentaron las bases de entendimiento para una nueva relación entre los cuatro países mediante un Plan de Desarrollo Integral(PDI), donde expresaron su voluntad de profundizar la cooperación en materia de desarrollo y migración para hacer de la movilidad humana una opción y no una obligación, y solicitaron el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el diseño y la puesta en marcha de esta iniciativa. Si a fines de 2018 este enfoque era pertinente, en la actualidad, ante los duros aprendizajes que ha dejado la pandemia de Covid-19, está más vigente y es más urgente. En ese marco es que ha ocurrido la visita de AMLO a estos cuatro países con el propósito de mostrar que, no obstánte que Estados Unidos no ha cumplido sus compromisos con el PDI, ni con el esfuerzo de administrar la migración acelerada hacia el coloso del norte, los países involucrados ya se han puesto manos a la obra.
El documento elaborado bajo la coordinación de Alicia Barcena, tiene como objetivo principal abordar las causas estructurales de la migración desde los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y el sur-sureste de México hacia el norte. Se ratifica que los factores que están asociados a este proceso son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el impacto de los desastres naturales, entre otros. Situación que se ha agravado por la pandemia Covid-19. Por ello se reafirma la urgencia de poner en marcha estrategias, politicas y proyectos concretos que permitan que la migración sea una opción y no una necesidad impuesta por las carencias. Esto exige encarar desde una perspectiva integral y en el marco de un nuevo estilo de desarrollo acciones concretas orientadas al crecimiento económico con empleo y al logro de mayores niveles de bienestar. Al inicio, la iniciativa se realizó en consulta permanente con las autoridades nacionales y contó con los aportes de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas El 12 de septiembre de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas estableció un mecanismo de coordinación especial, presidido por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Barcena, para facilitar el apoyo eficaz e integrado de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a los Gobiernos de los cuatro países.
En los últimos años, la movilidad humana (migración y desplazamiento forzado) desde los países del triangulo del norte de Centroamérica ha mostrado su rostro más dramático y complejo, al haber aumentado el número de migrantes en tránsito, retornados, menores no acompañados y solicitantes de asilo, así como la cantidad de familias completas y caravanas con alta visibilidad que transitan por dichos países y México. Ante esta realidad, que ha puesto la movilidad humana en el lugar de más alta prioridad en las agendas políticas y de desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas busca coordinar y generar acciones que contribuyan a abordar el ciclo migratorio de manera integral (origen, tránsito, destino y retorno), con una perspectiva no solo humanitaria, sino también económica, social, ambiental, y centrada en la seguridad humana y los derechos humanos. Las propuestas del PDI constituyen un camino hacia un estilo de desarrollo económicamente eficiente, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, que impulsa el desarrollo económico en los países de origen para elevar el bienestar de las poblaciones desde un enfoque de seguridad humana y derechos humanos. La propuesta identifica respuestas innovadoras con base en la renovación y el fortalecimiento de la relación entre los países del norte de Centroamérica y México, relanzando y ampliando la integración.
Con esta mirada, entre otras cosas, el PDI:
Incorpora el enfoque de derechos humanos y de seguridad humana (empleo, ingresos, educación, protección social, seguridad pública y medios de vida).
Pone los derechos humanos de las personas en el centro.
Fortalece los esfuerzos y las prioridades nacionales.
Propone políticas de fomento para áreas rezagadas. Valora, protege y capitaliza la riqueza natural y la diversidad cultural de la subregión en beneficio de su población.
Explora sinergias e impulsa la integración regional.
Integra la movilidad humana en una visión de desarrollo sostenible.
Los presidentes de los países visitados por AMLO el pasado fin de semana tienen claro que la recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos y mantener la paz. Esto se sintetiza en una propuesta concreta y poderosa: En América Latina y el Caribe, reconstruir mejor implica reconstruir con igualdad. Si bien estos postulados son importantes para toda América Latina y el Caribe, tienen especial relevancia para los cuatro países incluidos en el PDI ya que en ellos se expresan de manera extendida y condensada muchos de los problemas estructurales que es necesario resolver. Partimos de la constatación de que antes de la pandemia ya había signos de agotamiento del estilo de desarrollo prevaleciente —entre los que se incluye el aumento de los flujos de migrantes y refugiados— y de que sus graves efectos económicos y sociales persistirán después ella. El Covid-19 ha intensificado y acelerado un proceso de crisis que ya venía gestándose en los años precedentes. Hay que superarla ya.
