Hace poco más de un lustro que somos conscientes de las herramientas legislativas.
Sabíamos de las generosas dietas de los diputados, de los viáticos y gastos de representación pagados, pero poca conciencia había de los 200 mil pesos que tenían a su total y libre disposición.
Eran (¿son?) tiempos de clientelismo, de egolatría y culto a la personalidad, en los que los legisladores pintaban cada donación como gestos altruistas por los que sacrificaban parte de su peculio.
No era así. Las herramientas legislativas eran ideales porque en el mejor de los casos provocaba el besamanos del político que se regodeaba de su falsa generosidad, y en el peor de los casos abrían un boquete para que se enriqueciera a costa del erario.
Pocos, pero destacables casos había en los que el dinero llegaba a manos de quien realmente lo necesitara, y más pocos aún, bajo el discurso de justicia social y no de caridad.
Dos años después de que la ciudadanía conociera las “herramientas legislativas”, desaparecieron, gracias a una adición al artículo 65 de la Constitución del Estado en el que se prohibieron.
Dicha reforma fue aprobada con otras medidas que aumentaban la obligación de sesionar, y la prohibición de hacerlo “en lo oscurito”.
Poco duraron esos cambios porque la pasada legislatura dio marcha atrás a lo que hizo la antepasada con la complicidad de la mitad de los cabildos de entonces.
Las “herramientas legislativas” no corrieron la misma suerte. Su regreso fue propuesto discretamente por el Partido del Trabajo, turnado a comisiones y luego devuelto al pleno, en una versión legislativa de “dónde quedó la bolita”.
Votaron a favor de su regreso casi todos los diputados de todas las fuerzas políticas, salvo los legisladores Ernesto González Romo y Humberto de la Torre Delgado ambos de vieja y real militancia en Morena.
Luego vino la discusión en los cabildos y 30 de ellos rechazaron la reforma, aunque “fuera de plazo”, lo que dio pie a usar la figura de la afirmativa ficta, es decir a considerar que quienes no se pronunciaron, o lo hicieron supuestamente a destiempo, convalidaban la reforma.
Curiosa interpretación para el poder que pospuso durante años la aprobación prácticamente de trámite, del matrimonio igualitario, y lleva casi tres años de atraso en la designación de órgano interno de control.
Ya ni hablar de lo habitual que es asumir el trabajo en comisiones como la congeladora donde las iniciativas incómodas “duermen el sueño de los justos”.
Quizá no quede claro aún el cómo ni el cuándo, pero esto fue posible gracias a un cambio cultural y a que la ciudadanía está cada vez más pendiente de la cosa pública, como lo demuestra por ejemplo la audiencia récord en el canal del Congreso durante la discusión de la Reforma eléctrica cuyos opositores aún no libran el ingrato recuerdo.
También es perceptible que la crítica ciudadana es cada vez más informada y por tanto más precisa, y poco a poco deja atrás las genéricas quejas despolitizantes del “todos son iguales”.
Solo en un contexto así, con ese cambio cultural invisible aún para muchos nostálgicos que preferían la comodidad de la ceguera ciudadana, puede entenderse que el gobernador vetara el regreso de dichas herramientas legislativas.
Innegablemente la decisión buscaba simpatía ciudadana, pero ese cálculo político evidencia la impopularidad de dichas “herramientas”, tan exitosas en otro momento político porque significaban la materialización de la cultura de “sí roba, pero comparte”.
No puede soslayarse que muy probablemente ese cálculo también consideró que a la misma hora y día del anuncio se difundía en un medio nacional la estafa legislativa, el modus operandi con el que se sustituyó lo que la eliminación de las herramientas legislativas se llevó.
A nadie puede alegrar que perviva la vocación de enriquecerse a costa del erario, pero sí debe hacerlo el que ésta pase a la incorrección política y a la ilegalidad, aunque aún permanezca impune.
La abundancia de esa nociva vocación no puede ser pretexto paralizante para dejar de hacer. Eso sería tan absurdo como no prohibir los robos porque entonces habría fraudes, y no combatir éstos porque existan extorsiones.
Cierto es que no puede cantarse victoria y que hay que prevenir el modus operandi que se prepare, sino es que se ejerce ya, para enriquecerse desde ese y otros puestos políticos. Esto es una lucha permanente, pero será progresivamente más exitosa si se acompaña de una verdadera revolución de conciencias como la que es cada vez más evidente, aunque aún no todos quieran enterarse.
