La República, concepto milenario, clásico y políticamente ideal, se encuentra en un proceso de profunda transformación en todo el mundo. Uno de sus poderes, siempre prevaleciente por el efecto mismo del legado que significaba sustituir al monarca, ha generado tal tensión en sus instituciones que hoy somos testigos de cómo este modelo de gobierno no pasa por sus mejores momentos.
En tal esquema, el Informe de Gobierno y figuras análogas (el Informe del Estado de la Unión en Estados Unidos) han quedado superadas por varios frentes, el más relevante, el rol que juega el Poder Legislativo en este ejercicio que debiera ser de comunicación, debate y diálogo entre ambos entes del Estado.
En México, recordemos, dadas las peripecias que tuvieron que enfrentar tanto Vicente Fox como Felipe Calderón para entregar su último y primer informe, respectivamente, se reformó la Constitución en su artículo 69 en 2008, evitando así la obligación presidencial de asistir a la apertura del primer período de sesiones del Congreso de la Unión, y, desde entonces, la costumbre, republicana y pluralista, no se ha retomado ni parecen haber ánimos para ello.
Aunque existen otros mecanismos de rendición de cuentas desde el parlamento, como lo son las comparecencias de los titulares de las diferentes entidades y dependencias de la administración, las y los legisladores han decidido quedar superados en un ejercicio que, si bien era institucional, lograba atraer la atención de la ciudadanía por las respuestas y reclamos que se hacían en el contexto de dicho evento de responsabilidad frente al público en general.
Quienes sí han entendido el nuevo paradigma han sido los presidentes y hoy la presidenta, ya que han logrado aprovechar este período para articular una campaña de promoción de logros y alcances, que les permite consolidar su presencia en la sociedad. Valga una observación al margen: desde el sexenio pasado, el informe presidencial, sin embargo, no ha despertado mucho más que un punto de referencia en el debate público y la opinión publicada, esto, dado que las conferencias diarias, tanto del presidente anterior como de Sheinbaum, ofrecen contenido a las columnas, mesas y análisis en medios de comunicación, y, aún más, marcan agenda en la conversación pública.
Es el Poder Legislativo el que se ha quedado atrás en la dinámica social y mediática que hoy implica la comunicación política. Y ahí mismo se encuentra una oportunidad para la rendición de cuentas en la actualidad, que, si bien sea impulsada y gestionada por las instituciones clásicas de nuestra democracia, sea ampliada a un modelo de apertura gubernamental que trascienda al Estado para integrar a la sociedad vía la participación ciudadana interesada.
Me atrevo a proponer que la vía idónea para ello es una política de parlamento abierto en la que, a través de reglas claras, de respeto, diálogo, deliberación y, sobre todo, transparencia y participación, los legisladores convoquen a los actores relevantes en cada tema para desarrollar los ejercicios de comparecencia de los funcionarios, en los que, además de que se puedan contrastar perspectivas e información, se logre generar espacios de incidencia y cocreación de políticas en los diversos ámbitos de la administración pública. Para ello debería impulsarse una reforma que otorgue certeza, confianza y claridad al instrumento y sus mecanismos; es tarea para legislar.
Tanto la república como sus instituciones, derechos y figuras se enfrentan hoy a la vorágine de un cambio social y político sin precedentes por su velocidad; solo a través de la creatividad y la innovación pública, en clave de gobernanza, será que la democracia, la república misma y el pacto social que les dio origen tendrán futuro y no solo pasado.
@CarlosETorres_
