En 2008 se inició el cambio de modelo del sistema para impartir justicia en México: pasamos del sistema inquisitorial al acusatorio. No es una pequeña modificación de procedimientos, es un verdadero cambio de paradigma. Y por eso, en los artículos transitorios decidieron darse ocho años para completar la transición, y justo hoy se cumple el término de dicho plazo. La pregunta es, ¿se ha cumplido esa transición de modelo procesal? La respuesta es “No”. El proceso de adaptación, preparación e implementación ha sido tortuoso, lento y (a la fecha) con brechas enormes. A nivel nacional los avances son disparejos, no hay un ritmo nacional. A unas horas de cumplir el plazo se aprueban leyes y se acuerdan capacitaciones. También las áreas del Derecho han avanzado de forma desigual, el familiar va adelantado, el mercantil es parcial y el penal es el de más problemas; pero en el laboral apenas salieron las iniciativas para establecer los tribunales laborales de oralidad y la desaparición de las Juntas de Conciliación. En los ocho años no se organizó el trabajo de preparación e implementación como debió ser.
El Nuevo Sistema dice que todos los juicios se llevan a cabo bajo el principio de publicidad, lo cual significa que las audiencias son públicas donde (casi) todo mundo puede entrar y son estrictamente grabadas. Con eso, se establece un efectivo mecanismo para aumentar la eficacia del juicio porque todos los actores estarán exhibidos, desde el trabajo policial, el ministerio público, la defensa y los jueces. Pero si los abogados litigantes están sin preparación para enfrentar un juicio a la vista de todos y donde debe poner en escena capacidad de reconstrucción del caso, de investigación del problema, de interrogación y una gran habilidad de argumentación-en-público-en-tiempo-real… ¿cómo se piensa aplicar este modelo? Desde hace cinco años las escuelas de Derecho debieron hacer cambios radicales de planes de estudios, contemplando también el proceso de re-formación de los egresados que deben volver a aprender el derecho, y apenas están haciendo propósitos para hacerlo. ¡En formación de litigantes falta casi todo!
Si 80 por ciento de la policía local está sin capacitación, y 85 por ciento del personal penitenciario de igual manera, ¿cómo garantizar el respeto de los derechos humanos y el apego al debido proceso? Y no sólo, falta la Ley de Ejecución de Sanciones Penales (que se anunció hace años), y tampoco existe la Ley de Justicia para Adolescentes y las reformas legales (ya señaladas) para combatir a la delincuencia organizada. En suma, falta mucho para tener las condiciones de aplicación normal del modelo del Nuevo Sistema. El modelo en su dimensión teórica es bueno, muestra bondades y argumenta cómo se pueden superar las deficiencias del anterior. La idea de un sistema con audiencias públicas, donde se puede rebatir todo espontáneamente y sin restricciones, con la presencia obligada del juez in-situ, y con audiencias que agotan casi todos los actos procesales, lo cual (de realizarse) haría posible juicios justos, rápidos y transparentes. Sin embargo, la capacidad del Estado para implementarlo es algo más que mala: pésima. Seguiremos esperando que completen todo lo que falta. Esperamos.
