Mauricio Merino, destacado académico, especialista en políticas públicas, democracia y rendición de cuentas, ha descrito el proceso que México vivió, luego de la formación de su arquitectura institucional democrática, para dar cabida a la pluralidad política y que concentró en consolidar una nueva etapa de la vida pública, enfocada al control del gasto, su transparencia, medición, evaluación y el seguimiento del mismo.
En el documento (que ya hemos citado en estas páginas) titulado “La segunda transición democrática de México: Esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas”, el ex consejero del extinto Instituto Federal Electoral, apunta: “Durante la última década, México ha puesto en marcha un amplio conjunto de reformas institucionales destinado a combatir la discrecionalidad, la ineficacia y la corrupción. Luego del exitoso esfuerzo que emprendió en la última década del siglo pasado para construir un nuevo sistema electoral que le permitió transitar de manera pacífica de un régimen de partido prácticamente único a una democracia pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la autoridad ganada en las urnas. En apenas veinte años, México no sólo ha modificado el sistema político que lo gobernó desde los años treinta sino que inició también un proceso de cambios de fondo en las reglas y las prácticas gubernativas, que han venido creando una nueva conciencia social y política sobre la importancia de la transparencia, la evaluación abierta de la gestión pública y la rendición de cuentas en el país. Como sucedió en su momento con las mudanzas electorales, estos cambios tampoco han sido lineales ni tersos; no han respondido a un plan trazado de antemano ni han carecido de tropiezos, regresiones y resistencias de toda índole. Pero hoy ocupan un lugar de privilegio en el debate público y forman parte, como nunca antes, del debate político que pugna por consolidar el régimen recién nacido.”
En Zacatecas, la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, presentadas la semana pasada por el gobernador constitucional del estado, Alejandro Tello Cristerna, de aprobarse, podrían significar este momento, antes descrito, para nuestra entidad. Es así, pues no solo pone al día a Zacatecas en cuanto a las recientes adecuaciones a la Constitución Federal en materia anticorrupción, sino que además, da pasos importantes en la modernización de nuestra arquitectura institucional para ofrecer certeza jurídica, transparencia y confianza a la administración de justicia, en todos los ámbitos, con la creación de la Fiscalía General del Estado, y sus tres fiscalías especializadas: la de combate a la corrupción, la de delitos electorales y la de derechos humanos.
El consenso en la clase política, que identifica a la corrupción como fenómeno complejo y de urgente atención, y al propio sistema como un conjunto de herramientas para combatir a este problema, es sin duda una señal de lo que antes mencionaba Merino.
Es además de reconocerse la prisa que al tema le ha dado el Ejecutivo del Estado, no esperándose a agotar los plazos establecidos por las reformas constitucionales en la materia, y dando pasos ciertos en un eje que trascendió en su campaña como Candidato a Gobernador del Estado.
Queda esperar, claro que la segunda fase, en la que se habrán de discutir las Leyes reglamentarias, como lo es la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las del propio Sistema Estatal Anticorrupción, que dará los lineamientos para la conformación del Comité de Participación Ciudadana, así como la propia designación de éste, se den en un foro abierto, que también imite a la discusión que de estos temas se dieron el ámbito federal, que incluya a la ciudadanía, la academia y en general a todos los que se quieran ver involucrados en su discusión.
Zacatecas vive hoy un momento histórico cuya importancia dependerá de todos nosotros, de la conciencia que tomemos de las reformas que se pretenden, ya que sus alcances solo serán posibles sí nos corresponsabilizamos con la transparencia, la eficacia y la correcta concepción de lo que es público, más allá aún del gobierno, aunque empecemos por éste. ■
@CarlosETorres_
*Miembro de Impacto Legislativo, OSC parte de la Red por la Rendición de Cuentas.
