En el marco del Foro de Integridad, Detección y Gobierno Abierto, celebrado ayer en la capital del estado, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Roberto Enrique Terrón Sánchez, reveló que su institución acumula actualmente más de 600 carpetas de investigación relacionadas con el delito de abuso de autoridad, la conducta con mayor incidencia entre los hechos de corrupción que persigue esa fiscalía.
Terrón Sánchez explicó que las denuncias provienen tanto de ciudadanos como de dependencias de gobierno —incluidos presidentes municipales, síndicos y órganos como la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP)—, y detalló otros de los delitos más recurrentes: ejercicio indebido de funciones, cohecho, concusión, peculado y colusión, este último ejemplificado con la toma de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) ocurrida hace algunos años.
Al peculado lo presentó como uno de los delitos más complejos de investigar por requerir la intervención de contadores y auditores especializados.
Como ejemplo de peculado cometido por un particular, mencionó una denuncia contra una empresa que habría desviado recursos públicos destinados a un segundo nivel de construcción en Zacatecas, caso que dijo estar en etapa de integración con miras a lograr la recuperación de los activos para el estado.
En el mismo foro, el subsecretario de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, José Luis Carrillo Delgado, informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) restringió el acceso directo que la SFP tenía a información bancaria de servidores públicos investigados, tras el cambio de la administración federal.
Carrillo Delgado explicó que, al inicio de la actual administración estatal, la dependencia contaba con un canal de colaboración con la CNBV que le permitía obtener información financiera relevante para investigaciones de enriquecimiento ilícito y otras faltas administrativas graves. Esa cooperación, dijo, “cerró sus puertas” con el relevo en el gobierno federal, y actualmente la Secretaría busca −sin éxito hasta ahora− nuevos mecanismos de convenio para recuperar ese acceso.
El funcionario detalló que, pese a esa limitante, la dependencia recurre a declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales para reconstruir el patrimonio de los investigados, y comparte hallazgos con la Fiscalía cuando ambas indagan los mismos hechos por la vía penal y administrativa, cada una en su propia competencia.
El subsecretario subrayó que la inteligencia financiera “genera hipótesis” pero no por sí sola acredita un acto de corrupción, y que toda solicitud de información −incluida la bancaria− debe estar plenamente fundada en una teoría del caso, para evitar señalamientos sin sustento contra servidores públicos.
