El enfoque de desarrollo y derechos humanos constituyen, ahora mismo, los paradigmas que permiten combatir la hegemonía neoliberal. El enfoque de Desarrollo Humano tiene tres conceptos centrales: capacidad, equidad y agencia. El segundo de ellos se opone frontalmente a la tendencia que genera desigualdad propia del liberal-darwinismo, que apuesta a una libertad que se opone a la igualdad. Y los resultados empíricos de su hegemonía en los últimos 30 años son muy reveladores: la desigualdad ha pasado a ser extrema, lo que incluso ha paralizado las economías de países como México. En el caso del enfoque de los Derechos, se opone a la idea neoliberal de desligar las necesidades a los derechos; es decir, la antiguo fundamento de los derechos en las necesidades sufre un colapso (a lo menos programático) en la doctrina neoliberal que dice: no por el hecho de que alguien necesite comer tiene derecho a hacerlo —exponen, y rematan—: su derecho sólo depende de sus méritos. Por ello, el hecho de aceptar caracterizar las exigencias no sólo de libertades negativas (aquellas que se “protegen” del poder del Estado), sino las positivas (aquellas que se deben generar o garantizar, como la educación, el trabajo decente o la salud integral) como derechos universales, supone negar el núcleo teórico-programático del neoliberalismo. En suma, si queremos crear condiciones más justas de vida y combatir la inmundicia neoliberal, deberemos impulsar lo más posible el enfoque de derechos y del desarrollo humano en la definición de la política pública.
La lucha y puja de fuerzas está en curso en la propia acción del Estado en México. Por ejemplo, se logró concretar la reforma al artículo primero y la Ley de Amparo, y con ello, se dio a los derechos humanos el nivel de criterio general para resolver cualquier pugna que tenga que ver con la distribución de garantías, y siempre se elegirá aquello que garantice más derechos para las personas y, en caso contrario, dichas personas podrán ampararse para exigirlo. Por ejemplo, si los jóvenes son rechazados en su ingreso a la universidad, estos podrán ampararse y argumentar que ha sido violado su derecho a la educación, ante lo cual, algún juez puede ordenar su inmediata inscripción. Es un avance importante. Sin embargo, del otro lado tenemos también las reformas laboral o educativa, que viola el derecho al trabajo decente y a la seguridad en el empleo, respectivamente. Así las cosas, en la reforma a los cuerpos legales de la nación se observa la agonía o antagonismo de fuerzas que aquí describimos.
En Zacatecas es la misma circunstancia: la coexistencia de las fuerzas que promovieron que el Plan Estatal de Desarrollo terminara rompiendo con el enfoque de Desarrollo Humano con el que inicialmente arrancó; y las fuerzas que ahora impulsan el Programa Estatal de Desarrollo Humano. Este último ha sido posible también porque los primeros han girado la mirada o el interés debido a la etapa final del sexenio. En esta coyuntura ha podido avanzar un Programa de Derechos humanos que pretende convertirse en el criterio de orientación de toda la política pública del estado. Falta que logre institucionalizarse y, con ello, hacerse permanente. Pero si lo logra, las fuerzas progresistas habrán ganado terreno para operar en el próximo sexenio. Al igual que han avanzado en la lucha contra la corrupción en la conformación de una propuesta de Ley General de Responsabilidades (la llamada 3 de 3) con amplísimo consenso de la sociedad civil organizada. De la misma forma, puede avanzar una fuerza que implante en Zacatecas la exigencia de construir la política o acción del Estado con el enfoque de derechos, lo cual significará que podrán retroceder las fuerzas oscuras que sacan ventaja de la arbitrariedad, opacidad y al servicio de poderes fácticos.
Una vez que salió un documento bien hecho, ahora el esfuerzo será por la institucionalización efectiva del Programa de Derechos Humanos, y por completar algunos aspectos que quedaron vacíos. Sobre su institucionalización dependerá que se logre colocar las exigencias del Programa ya sea en una Ley propia del programa o en la Ley de Planeación. Y el vacío más importante que deberá llenarse es la conformación del espacio para el equipo que técnicamente deberá hacer las evaluaciones de la política pública del estado y que, como resultado, emita recomendaciones de mejora en su meta de cumplir con los derechos humanos en cuestión. Ese equipo deberá ser técnicamente capaz y políticamente autónomo, de tal manera que garantice la mayor objetividad posible. Ni defienda o se oponga por consigna, sino actúe en base a criterios debidamente establecidos en las matrices de indicadores. Por tanto, el proceso del que ha seguido este Programa Estatal de Derechos Humanos, está en el momento que puede evolucionar a convertirse en una iniciativa interesante que logre aceitar toda la maquinaria estatal en pos del desarrollo humano de la entidad, o una bonita promesa que no fue. Otra más. En los próximos meses esta duda será despejada. ■
