■ Denuncian que represalias van en contra del personal no afiliado a la sección 58 del SNTE
■ Exponen inconformes los casos de empleados que han ocupado puestos de manera ilegal
Trabajadores del plantel Ermita de Guadalupe del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) tomaron las oficinas generales de ese subsistema de educación media superior para exigir que cesen las represalias de los directivos en contra de personal no afiliado a la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato de Personal Docente y Administrativo (Supdacobaez), informó que en ese plantel hay división entre las dos organizaciones sindicales a las que pertenecen los trabajadores y en su mayoría son agremiados a la sección 58 del SNTE, lo que ha generado problemas con los puestos administrativos.
Manifestó que los últimos directores y subdirectores de ese plantel han sido nombrados por el SNTE y ello ha generado la implementación de medidas que afectan a los agremiados del Supdacobaez, como por ejemplo el caso de Lidia Ramírez, quien fue desplazada de sus funciones para colocar a otra persona en un cargo administrativo.
“Lo que se pide con ella es su reinstalación en sus funciones. No está corrida ni mucho menos, pero está relegada y desplazada y lo que queremos es que se le asignen sus tareas. Esto no se le da porque tanto el director como la subdirectora son allegados a la otra organización sindical”, dijo.
García Murillo mencionó que en lugar de esa trabajadora se colocó a Flor Irene Landeros de manera ilegal porque tiene un puesto en la Sociedad de Padres de Familia y la Reforma Educativa prohíbe que un trabajador funja como juez y parte.
Entonces, “ella funge como tesorera de la asociación de padres de familia y como encargada de finanzas del plantel. Eso lo prohíbe la Reforma, o eres representante de los papás o eres representante del patrón”.
Además, denunció que el director del plantel no presentó examen de evaluación para acceder a ese cargo, ya que la reforma prohíbe todo tipo de promoción sin que haya una evaluación, y sin embargo fue nombrado como tal.
Otro caso es el de Víctor Hugo Ramírez, quién pasó por un proceso penal hace dos años y presentó documentos falsos para un proceso de comisión mixta escalafonario, y aunque hubo sentencia en su contra, no se le rescindió a pesar que ello se establece en el Contrato Colectivo.
García Murillo indicó que contrario a cesarlo, se le dio un ascenso de intendente a un puesto administrativo, por lo que “es un plantel con muchas irregularidades y contraviene la reforma que el propio director pregona”.
