- Hay espacios y actividades laborales no justificadas en la institución, aseveran
- Se trató de una medida fundamentada en un diagnóstico: Antonio
- CDHEZ aún no tiene información oficial ni elementos para pronunciarse: Domínguez
El Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández, informó que la rescisión de algunos trabajadores no es por acuerdo con el Gobierno Federal, a cambio de recibir recursos extraordinarios, sino por el proceso de reordenamiento que realiza en la administración central en el que la carga laboral de los involucrados no se justificaba.
“No hay nada convenido con la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni con el Sindicato de Trabajadores (Stuaz), sólo es parte del orden administrativo que se ha hecho después del diagnóstico en unidades académicas, centros y en la asignación de la carga de trabajo”, expresó.
Reiteró que la rescisión de contrato de 18 trabajadores académicos fue una medida fundamentada con base en un diagnóstico, que arrojó como resultado la existencia de espacios y actividades laborales no justificadas al interior de la administración central e incluso varios de ellos con carácter de confianza.
Afirmó además que todas las medidas implementadas de reubicación de personal y rescisión de algunos trabajadores obedecen a la situación financiera en que se encuentra la institución, que a su vez reclama la necesidad de un proceso de reordenamiento al interior de la Universidad.
Guzmán Fernández puntualizó que todas las personas rescindidas tenían una categoría laboral de Tiempo Determinado y corresponden a actividades adjetivas e incluso de confianza, excepto el caso de Rolando Alvarado, cuyas causales son diferentes.
Señaló que, en efecto, la Rectoría tiene la obligación de reacomodar al personal en caso de que sus espacios no se justifiquen por alguna circunstancia, pero ese procedimiento solamente se limita a los trabajadores de base. En este caso, “estos espacios, no es que no se justifiquen, sino que en las condiciones en las que se encuentra la Universidad, son prescindibles”,
Refirió en ese sentido que es precisamente ese proceso es el que se ha realizado en días recientes con los profesores que laboraban en el Centro de Estudios Prospectivos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios Multidisciplinarios, quienes fueron adscritos a otras unidades académicas para fortalecer sus programas.
En el caso de Rolando Alvarado Flores, único docente de base rescindido, el Rector manifestó que él, de la misma forma que todos los universitarios, tiene la libertad de expresarse y cuestionar las políticas que implementa la administración central en la institución, pero ello debe ser con base en el respeto.
Por el contrario, Guzmán Fernández dijo que el docente incurrió en agresiones contra compañeros universitarios, a pesar de que él mismo le había solicitado en varias ocasiones conducirse de una manera más adecuada.
“Se le respeta su derecho a criticar, puede decir lo que quiera de la administración, que no está de acuerdo o pedirme la renuncia, pero de eso a la agresión es diferente”, concluyó respecto al caso de Alvarado Flores.
Por su parte, María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), informó que ese organismo aún no cuenta con información oficial ni con los elementos suficientes para dar a conocer un pronunciamiento.
En ese sentido, dijo que revisará el caso para valorar si una de las causales que argumenta la Rectoría, en su documento de notificación, violenta el derecho humano a la libre expresión del profesor rescindido.
Necesario, que cada empleado rescindido
interponga una demanda individual: abogada
Además de la defensa que pueda proveer el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) a los trabajadores rescindidos recientemente, es necesario que cada uno de los afectados interponga una demanda individual y, de manera paralela, realizar acciones mediáticas o de presión.
De acuerdo con la abogada Verónica del Muro Guardado, en instituciones como la UAZ hay muchos factores políticos que rigen la relación entre la Rectoría y el Sindicato de Personal Académico (Spauaz), por lo que los rescindidos también pueden demandar a la organización gremial en caso de que no reciban el respaldo y atención adecuada.
En ocasiones “los sindicatos no hacen su trabajo y no es que no puedan defender a sus agremiados y apoyarlos jurídicamente, sino que hay intereses políticos. En este caso algún trabajador podría demandar también al Spauaz en caso que considere que el sindicato no actúe en su defensa”.
Desde su punto de vista, es difícil que el sindicato promueva un emplazamiento a huelga solamente para lograr la reinstalación de 18 docentes, y “eso nada más es para que los trabajadores crean que el Spauaz los apoya aunque esa es su función. Una huelga es también una cuestión política y no lo van a hacer por 18 personas”.
Otro aspecto importante es que los rescindidos no pierdan de vista el plazo que establece la ley laboral para interponer una demanda (dos meses), porque es común observar que “entretienen” a los trabajadores con el pretexto de buscar algún acuerdo, pero al final no pasa nada y transcurre el periodo para proceder legalmente.
Según Del Muro Guardado, también es preferente que cada uno de los trabajadores interponga una demanda individual debido a que cada caso tiene características distintas, pero de manera colectiva pueden realizar actividades mediáticas.
En caso de que alguien opte por la liquidación, el monto que se le debe entregar es el equivalente a tres meses de salario y la cantidad proporcional que corresponda a cada una de las prestaciones.
Sin embargo, los trabajadores tienen el derecho a demandar su reinstalación, sobre todo si nunca tuvo faltas administrativas, fue buen empleado y cumplió con su labor, por lo que no hay razón para su rescisión.
Además, la abogada explicó que en cada caso particular puede haber detalles finos que debe integrarse en la estrategia de defensa durante el litigio, por ejemplo, que alguno de ellos sea sustituido por el familiar de algún funcionario o alguna irregularidad.
Respecto al caso de Rolando Alvarado Flores, docente que fue rescindido por otras causales, la principal de ellas la falta de probidad a través de redes sociales, a través de las cuales ha cuestionado y criticado las políticas de la Rectoría, Del Muro Guardado explicó que la probidad es la honradez y rectitud en el actuar de una persona, pero eso es algo difícil de demostrar en este caso para la Rectoría.
Además, si las autoridades universitarias nunca levantaron actas administrativas al docente, por falta de probidad, y si las únicas evidencias son publicaciones en las redes sociales, de las cuales no hay garantía que él las haya publicado, por lo que podría no tener valor probatorio.
En este caso la demanda es obligada y en el momento de presentar pruebas el hecho que el docente no haya recibido nunca alguna acta administrativa por falta de probidad es un aspecto importante para la defensa del trabajador rescindido.
