México, DF. En México el número de mujeres en prisión tuvo un crecimiento vertiginoso de 175 por ciento de 1997 a abril pasado, se advierte en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitido a la Cámara de Diputados.
El documento, enviado a la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, pone énfasis en la condición de vulnerabilidad en que están 11 mil 901 mujeres recluidas en los sistemas penitenciarios del país. De ese total, 74.27 por ciento de las mujeres enfrenta procesos del fuero común, y 25.73 por ciento, del federal.
La CNDH revela serias deficiencias y carencias materiales, médicas y jurídicas que sufren las mujeres recluidas en las cárceles del país; en éstas, sus derechos humanos se lesionan, al padecer hacinamiento, sobrepoblación, compartir los espacios con varones, y al obligarlas a desnudarse al ingreso y durante las revisiones, incluso en los juzgados.
Del total de los 418 centros de reclusión en el país, sólo 10 son exclusivos para albergar población femenil, con un total de cuatro mil 189 internas. El resto, 7 mil 712, se ubican en 69 centros mixtos.
La infraestructura, organización y funcionamiento han girado en torno a las necesidades de los hombres, se precisa.
La CNDH destaca que muchas mujeres en prisión duermen en el suelo, carecen de servicio médico general y especializado, además de no recibir la alimentación adecuada ni en calidad, cantidad e higiene, al igual que 377 menores de edad que viven con sus madres presas.
La aplicación de sanciones disciplinarias no garantiza respeto a los derechos humanos de las internas, pues no se notifican por escrito y generalmente se aplica la suspensión de la visita familiar e íntima como “medida correctiva”; esta práctica es común en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo, Coahuila.
En Santa Martha Acatitla y Tepepan, Distrito Federal, y sus similares en Jalisco y Querétaro, y en Nogales, Sonora y Cieneguillas, Zacatecas, “no tienen derecho a audiencia”.
En el Complejo Penitenciario Islas Marías las sanciones son excesivas y acumulativas, e incluyen el aislamiento temporal y la restricción de llamadas telefónicas con familiares a la que tienen derecho; en el centro Noroeste, en Tepic, Nayarit, los castigos llegan hasta 180 días sin salir de su celda, además de retirarles los productos que compran en la tienda.
El trato digno se rompe en el Complejo Penitenciario Islas Marías, cuando las internas son obligadas a desnudarse y a realizar sentadillas, como parte de la revisión de ingreso y durante las revisiones de rutina en las estancias.
El Informe Especial publicado en la Gaceta Parlamentaria agrega que en el Centro Federal Femenil Noreste en Tepic, Nayarit, las autoridades exigen a las reclusas quitarse el uniforme quedando en ropa interior cuando realizan cateos o revisiones.
La atención médica en la mayoría de los centros de reclusión es deficiente o no existe, como es el caso de Apizaco, Tlaxcala; el centro Tepepan, en el Distrito Federal, carece de instrumental médico.
La sobrepoblación y el hacinamiento son comunes, el caso más evidente es el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara, Jalisco, con 505 internas, equivalente al 97 por ciento de sobrepoblación, con lo que las internas del dormitorio B duermen en el piso.
Precisa que luego de la investigación que realizó en los centros penitenciarios del país constató la existencia de hechos que contravienen normas nacionales e internaciones sobre la protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, relativos a la reinserción social, a la igualdad, al trato digno, a la protección de la salud, a la legalidad y seguridad jurídica.
Asegura que el sistema penitenciario nacional relativo a la reclusión de las mujeres mantiene “la añeja y de ninguna manera justificable situación de discriminación de género”, visible en la regulación normativa interna, la estructura de las cárceles y la clasificación de la población; las mujeres indígenas, 290 internas (236 del fuero común y 54 del fuero federal) sufren una mayor discriminación, principalmente por la barrera del idioma.
En su Informe Especial, la CNDH hace nueve propuestas generales a los gobernadores, al jefe de gobierno del Distrito Federal y al Comisionado Nacional de Seguridad para que diseñen políticas penitenciarias con enfoque de género, a fin de que no existan cárceles mixtas; se cuente con personal de custodia femenino y programas de capacitación permanentes para personal directivo, técnico, administrativo y de custodia.
Asimismo, sugiere que se protejan los derechos de los menores que viven con sus madres presas; se les ofrezca atención médica oportuna y especializada; se les garanticen actividades educativas, laborales y deportivas, y se diseñen manuales de procedimiento para regular las medidas disciplinarias que respeten los derechos humanos.
Pide evitar la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y garantizar el uso racional de la fuerza y el manejo de conflictos para atender contingencias o motines en las cárceles, a fin de lograr la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de las internas y de sus hijos menores que viven con ellas.
