Hace unos días conmocionó al país la nota del asesinato del joven Juez Uriel Villegas y su esposa. Los mataron en su casa, a balazos y donde estaban sus hijas más una trabajadora del hogar. Este juez federal llevaba el caso del hijo del llamado ‘Mencho’, líder del mismo cártel que, al parecer, atentó contra la vida del responsable de la seguridad de la ciudad de México. Esto es, con este caso ejemplificamos la situación de cientos de jueces que ven sus vidas y las de sus familias amenazados si sentencian a los delincuentes. La impunidad es el círculo vicioso que reproduce la delincuencia, y la propia delincuencia organizada aprieta los botones necesarios para provocar la impunidad. Así, se completa la espiral de crecimiento de este mal.
Hay aproximadamente mil 400 jueces, y de éstos, sólo 79 tienen solicitudes activas al Consejo de la Judicatura Federal para ser acreedores de protocolos de protección especial, como es contar con vehículos blindados, escoltas, chalecos y formas especiales de comunicación. Los costos de la protección de los juzgadores son millonarios: para este año se calcula en 200 millones de pesos. Así que cumplir con el artículo 100 de la constitución que señala que los impartidores de justicia se regirán por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, es toda una proeza.
En suma, mientras el Estado no garantice la seguridad de los juzgadores será muy difícil contar con procesos de sentencia que dejen atrás la impunidad que tanto daño hace a la justicia mexicana. Y es una proeza dado el poder corruptor y la capacidad de intimidación de las organizaciones criminales. Organizaciones que cuentan con tanto dinero que les alcanza para tener sus propios ejércitos; porque no son un grupo de sicarios, ya son verdaderos ejércitos con organización, logística, entrenamiento, comunicación y armamento pesado. Y dinero, claro está, para sobornar a quien tengan que hacerlo. La economía de las drogas tiene ganancias de ensueño (o de pesadilla).
El costo de protección personal de mil 400 jueces podría llegar a más de 2 mil 500 millones de pesos; algo absolutamente inviable. Por eso, el Estado y especialmente, el Consejo de la Judicatura Federal debe pensar en formas institucionales para que los miembros de la delincuencia organizada no puedan efectuar amenazas contra los juzgadores. Pasar de la seguridad personal a formas procedimentales que hagan difícil la responsabilización de las sentencias a jueces individuales. Esto es, pasar de la protección policial a la protección procedimental. La inteligencia jurídica e institucional (algo poco valorado en la 4T) debe brillar en este problema. La corrupción de los jueces no es un fenómeno que se produzca sólo por la voluntad maliciosa de los mismos; podemos estar en muchos casos en el tipo de ‘corrupción forzada’ que poco se ha exhibido en medios y discursos políticos. La corrupción no se produce solamente porque ‘la persona es corrupta’, eso es un esencialismo simplón, puede producirse por causas situacionales, y aun por eventos de forzamiento. En el sistema de administración e impartición de justica tenemos de los tres casos.
