El caso del Issstezac se hace nudo entre maromas de los actores políticos: un enredo que se enreda a sí mismo. Desde el propio gobierno saliente, que una vez iniciado funciones, pudo haber llamado a los representantes sindicales y de colectivos organizados de los derechohabientes a incorporarse a una mesa directiva ampliada para revisar y llegar a una solución del enorme problema que había heredado. La actual administración entró un año después de la reforma del 2015 que modificaba los montos de las aportaciones y prometía resolver algo que no tocaba las causas del desfalco. En los 2 primeros años del gobierno se hubiera podido armar un plan pactado con los derechohabientes para salvar el fondo. La solución es la combinación de expertiz técnica con democracia: conocimiento y construcción de acuerdos.
La solución dolorosa frente a las omisiones, abusos y problema del modelo de pensiones debe estar legitimado por el diálogo franco y abierto con la sociedad, los derechohabientes y los actores políticos que toman las decisiones. Las empresas paraestatales que deben hacer crecer la riqueza, que a su vez deben mantener el fondo sano, estaban colonizadas por parásitos burocráticos que los exprimían, y en lugar de producir riqueza, daban deudas. Y claro está que para cambiar eso, no era posible con meros cálculos técnicos, sino con decisiones políticas que le quitaran la conducción a la burocracia que está parasitando en el fondo.
Así las cosas, la solución no sólo estaba en la razón (saber las causas), sino también en la política (los grupos de interés inmiscuidos). Y la manera de eliminar los intereses que impedían la solución racional, era por medios políticos: el diálogo y los acuerdos con los derechohabientes a través de sus representantes. Al juntar la legitimidad y fuerza política con la racionalidad técnica, la solución era cosa de tiempo. Sin embargo, la estrategia fue ir por un madruguete legislativo donde poco se dialogó y mucho se simula por la administración saliente, la entrante, los legisladores, los sindicatos cajeros y los derechohabientes.
En estos momentos debe partirse de la misma consideración: un albazo legislativo no resuelve nada, sólo agrava los problemas. Mejor es tomar las cosas con calma y conducirse por la prudencia (sabiduría práctica): iniciar una estrategia de diálogo y acuerdo con los agremiados sobre la base de una estrategia racional consensada. De ahí la importancia de operadores políticos inteligentes (que no tuvimos en el quinquenio que terminó y no vemos en el sexenio que comienza). El próximo Ejecutivo debería de dialogar con todos, tiene acceso a toda la información y, luego entonces, podría construir una solución permanente. ‘estudiar-dialogar y acordar’ he ahí la solución: ‘dialogar y dialogar y acordar’. Imponer es enredar más el enredo. Así como la desidia y el desapego fue mala decisión del gobierno que termina, la soberbia puede perder al que entra.
