Mineras violan políticas ambientas y de salud; se amparan en arbitraje supranacional

Mineras violan políticas ambientas y de salud; se amparan en arbitraje supranacional
Instalaciones de la minera First Majestic, en Chalchihuites ■ foto: facebook

El rechazo de las empresas mineras hacia las políticas ambientales, de salud y desarrollo de las comunidades y regiones en las que operan, así como de las medidas impositivas que implementan los gobiernos ha quedado ya de manifiesto en varias ocasiones en Zacatecas.

Uno de los últimos casos fue la oposición, a través incluso de amparos, que mostraron a los impuestos ecológicos creados por la presente administración gubernamental del estado.

No obstante, las oportunidades de los gobiernos tanto Federal como estatales para hacer frente a los embates de esta industria que trata de defender sus intereses por encima de los del territorio en el que operan y sus pobladores, se reducen ante la posibilidad que tienen estas empresas extranjeras de acudir a tribunales supranacionales que, en la mayoría de las ocasiones, fallan a favor del capital privado y, por tanto, en contra de las autoridades.

Esto se demostró en un informe presentado la semana pasada a nivel nacional y denominado “Casino del extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”.

En este estudio, elaborado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional, el Instituto de Estudios de Política y la organización Alerta Minera Canadá, se advierte que México es el tercer país de América Latina más demandado en instancias internacionales por empresas extranjeras.

México ha pagado 865 mdd
En las últimas dos décadas, como resultado de estos procesos, el gobierno mexicano se ha visto obligado a pagar a compañías foráneas que operan o tratan de iniciar operaciones en el país un monto cercano a los 865 millones de dólares.

Esta cifra la arrojan los procesos de demanda ya concluidos, aunque hay otros pendientes por terminarse, que fueron iniciados entre 2015 y 2018, y que de ser fallados a favor de los inversionistas obligarían al pago de 5 mil 973 millones de dólares.

Asimismo, en el caso de las mineras, hay otras compañías que mantienen amenazas de iniciar demandas contra el Estado Mexicano y una de ellas inclusive está operando en Zacatecas.
Se trata de la canadiense First Majestic Silver que amenazó con proceder con una demanda “por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN después de que la autoridad tributaria mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata”.

Una amenaza para las comunidades
Este informe se publica en un contexto de conflicto en Zacatecas entre pobladores de comunidades afectadas por la minería y empresarios de la industria extractiva, tanto en el caso de la Mina Peñasquito y el abatimiento de un manantial en Cedros, Mazapil, como en San Martín, en Sombrerete, tras el derrame de jales en un arroyo.

El estudio advierte que las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio, Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones “se imponen como una amenaza para los pueblos y el medio ambiente, al igual que para la soberanía de los Estados”.

Precisa que esto se debe a que, de acuerdo con los resultados del análisis, las resoluciones de los tribunales supranacionales suelen favorecer a las empresas más que a los Estados demandados y los montos que éstos se ven obligados a pagar suponen cantidades millonarias.

En este sentido, se concluye que “el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las empresas mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor”.

Caricaturas del sistema legal
Las instancias más utilizadas por las compañías extranjeras son, principalmente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y también la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Las demandas se llevan a cabo ante un panel de tres abogados corporativos, “altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos”, por lo que las organizaciones que elaboraron el estudio consideran que éstos no deberían ser considerados como verdaderas cortes legales. Los califican, incluso, como “una caricatura del sistema legal”.

Protección ambiental,
principal detonante
El informe analiza las demandas interpuestas contra México y otros países de América Latina y resalta que la mitad de los casos los detonaron inconformidades de las empresas por medidas de protección ambiental y de salud, aunque en muchos de los casos estas compañías ni siquiera habían iniciado la operación de ninguna mina.

Un tercio de las demandas estuvo relacionada con situaciones en las que “se disputan medidas gubernamentales tomadas durante conflictos mineros donde derechos de pueblos indígenas y el consentimiento de la comunidad consistieron razones subyacentes” y otro tercio tuvo que ver con medidas tributarias.

Necesario, eliminar
estas cláusulas
El informe, en sus conclusiones, advierte que la posibilidad de las empresas mineras y de otros sectores de acudir a instancias supranacionales para demandar al gobierno mexicano continúa vigente en algunos de los tratados internacionales suscritos por México, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora llamado T-MEC.

En éste, se eliminan estos mecanismos entre Estados Unidos y Canadá, estableciendo que dejarán de ser válidos tres años después de la ratificación del tratado, pero en el caso de las empresas estadunidenses y México se mantiene la cláusula, “aunque requiere que se agoten primero los recursos locales”.

Mientras tanto, los casos que tengan que ver con Canadá y México no están incluidos en el T-MEC pero sí en otro de los tratados de los que forman parte ambos países y que es el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP). Con éste acuerdo, se señala, “las empresas mineras y otras empresas podrán continuar presentando demandas”.

El estudio considera que “a la luz de la amenaza que imponen las empresas de minería y de otras industrias extractivas a los pueblos, al medio ambiente, y en aras de recuperar la soberanía nacional en materia de elaboración de políticas para velar por el bienestar de los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas, se requiere con urgencia una auditoría de los Acuerdos Internacional de Inversión actuales”.

Una vez que se realicen estas auditorías, concluye que las cláusulas deberían ser eliminadas, al igual que se tendría que acabar con los “privilegios” de los inversionistas extranjeros, para garantizar que estos acuerdos “prioricen y hagan vinculantes los derechos humanos y la protección del medio ambiente”.

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