Habrá visita de inspección de la SE a Salaverna, luego de 4 años de solicitudes

Habrá visita de inspección de la SE a Salaverna, luego de 4 años de solicitudes
Grupo que acudió a la SE en la Ciudad de México ■ fotos: cortesía

■ Es consecuencia legal de la denuncia de peligro para la integridad física y la vida de las personas a causa de un desarrollo minero

 

La directora general de Minas de la Secretaría de Economía (SE), Laura Díaz Nieves, y el jefe de la Oficina de la titular –Graciela Márquez- de esta dependencia federal, José Pablo Hernández, se comprometieron por escrito, ayer 21 de marzo, a “hacer la visita de inspección en la comunidad mencionada –Salaverna, Mazapil- en los términos del Artículo 7, Fracción XII del párrafo final de la Ley Minera”. Lo que ocurrirá entre el lunes y martes próximos.

Esta inspección es consecuencia legal de la denuncia de peligro para la integridad física y la vida de las personas a causa de un desarrollo minero, y había esperado para el caso de los habitantes de Salaverna por cuatro años, lapso en que han reiterado en diversos momentos y ante distintas instancias esta petición sin ser escuchados y menos atendidos.

“Nosotros estamos muy conscientes de que bajo el gobierno de Peña Nieto era absolutamente imposible que nos recibiera un funcionario de ese nivel en el organigrama, y que el plantón que hicimos hubiera sido motivo suficiente para que nos encapsularan los granaderos”, dijo Efraín Arteaga Domínguez.

Así el representante en Zacatecas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización acompañante de los habitantes de Salaverna, Mazapil, calificó positivamente la respuesta que hubo ayer a la manifestación realizada a las afueras de la sede de la SE.

Dijo que en principio les atendió personal de la Dirección de Vinculación Política de la dependencia, “luego ya informaron a sus superiores, y de no sé qué instancias hicieron venir a la directora general de Minas”.

A la funcionaria y al jefe de la Oficina de la Secretaria de Economía, le informaron mostrando los acuses de recibo que de manera más reciente, justo el pasado 9 de enero los habitantes de Salaverna y la UNTA solicitaron la intervención de la SE “pidiendo que se hiciera la vista de inspección que prevé la Ley Minera, y que no habíamos tenido ningún tipo de respuesta”.

La presencia ayer para manifestarse con pancartas y consignas por ex braceros e integrantes de la UNTA, atiende al hecho de que en semanas recientes Roberto de la Rosa Dávila, líder de la comunidad, ha denunciado el incremento en la intensidad de las detonaciones que afectan las casas y el terreno en general donde se asienta la población, efectos que constató el pasado domingo Efraín Arteaga Domínguez.

Daños en casas provocadas por explosiones

El registro en 43 archivos fotográficos y video de estos hechos, fue mostrado a los funcionarios ayer en la audiencia.

“Las grietas que hay en el cerro y en las casas ya son muy graves, muy dramáticas; se está hundiendo todo el cerro, pero no por sí solo sino con las detonaciones. Y hay peligro que las casas se vengan abajo. Están en franco peligro la integridad física y la vida de la gente”, dijo.

Ante la denuncia la directora de Minas del Gobierno de México se comprometió a ordenar la visita de inspección de manera inmediata.

“Nos aseguró que entre lunes y martes, y se levantó una minuta donde se estableció el compromiso”. El documento, que no precisa fechas, pero sí que se realizará la inspección y el sustento legal, fue remitido a este medio en imagen fotográfica.

La comitiva integrada solicitó asimismo que se suspendan al momento, aunque sea de modo provisional, las actividades de Mina Tayahua S.A. de C.V., “para evitar una catástrofe”, y más, y así lo peticionaron, que se cancele la concesión a la filial de Frisco de Carlos Slim.

Por lo pronto el compromiso desde la SE fue la realización de la inspección sustentada en las atribuciones que la Ley Minera le dispone en el artículo 7, Fracción 12 del ordenamiento.

Así la funcionaria se ciñó a lo debe hacerse según la Ley Minera y su Reglamento tras una denuncia de esta índole. Algo que no había ocurrido desde 2016 en que se hizo la primera de estas solicitudes por parte de la población.

“Sobre todo el hecho de que nos dio respuesta de manera inmediata, positiva, para ordenar la inspección. No le dio largas ni nada de eso, encontramos buena disposición por lo pronto”.

Arteaga Domínguez agregó que en la petición hecha el 9 de enero “hicimos el señalamiento de que nos extraña que Andrés Manuel no se haya pronunciado todavía sobre el tema de la minería a cielo abierto” en términos generales.

El Presidente de la República ha expuesto ya su postura sobre el fracking, observó, “pero sobre minería a cielo abierto no ha dicho esta boca es mía; lo más que ha llegado a decir es que se asegurará de que los recursos del Fondo minero beneficien a las comunidades, pero en casos como el de Salaverna y La Colorada –esta, comunidad del municipio zacatecano de Chalchihuites-, esa no es la solución”.

La UNTA plantea que debe prohibirse esta modalidad de extracción minera en México, “es un asunto que tiene que ver con el proyecto de nación -de la Cuarta Transformación-”, también señaló.

“Hasta donde nosotros sabemos en América Latina solamente hay dos países que son Costa Rica y El Salvador donde se prohíbe”. En el caso de Costa Rica el procedimiento incluyó un plebiscito popular, agregó.

“Y no nos cabe en la cabeza que los pueblos de Costa Rica y El Salvador sean más civilizados que el nuestro. Es decir, que prefirieron que el oro y la plata y los demás minerales que están allí, allí se queden, pero no sacrificar los ecosistemas, la biodiversidad y la vida humana. Entonces le hacemos un llamado a Andrés Manuel a que se ponga las pilas para este tema y que agarre el toro por los cuernos”.

Sin haber un pronunciamiento en términos generales sobre la minería a cielo abierto, cabe mencionar que durante su visita el pasado 3 de marzo a Los Cabos, Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del proyecto Los Cardones, concesión “de Desarrollo Zapal, subsidiaria de la empresa canadiense Invecture Group, filial de la trasnacional Frontera Mining Company”, según refiere El Economista en su reporte del citado día.

El mandatario sustentó su decisión en que “tenemos que cuidar el paraíso”, la naturaleza y el medio ambiente. “Y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo”.

Explicó también que para tomar su determinación no se respaldó en consultas como fueron los casos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, (NAIM) y la Termoeléctrica de Hidalgo, porque estos proyectos fueron iniciados en gobiernos pasados. “Esto me tocaría a mí iniciarlo y yo digo ¡no! Tengo la facultad”.

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