■ UAZ fue denunciada ante la PGR por el presunto desvío de 220 mdp procedentes de Sagarpa
■ La dinámica se apega al modus operandi expuesto en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, realizada en septiembre por Animal Político y MCCI
■ Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, sujeta a investigación por un caso similar
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fue denunciada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de casi 220 millones de pesos procedentes de la Sagarpa, cuya dinámica se apega al modus operandi expuesto ampliamente en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, realizada en septiembre de este 2017 por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Al igual que ocurrió con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), de quien informó este 18 de diciembre el periodista Arturo Ángel en seguimiento al reportaje referido, está sujeta a investigación por un caso similar que involucraría una pérdida para el erario de 20 millones 643 mil pesos, la denuncia contra la Máxima Casa de Estudios en el estado ante la PGR, fue interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 31 de octubre.
También en reiteración de este esquema de triangulación de recursos públicos que los hace “desaparecer” mediante su traslado a empresas fantasma o personas físicas sin que tengan el perfil para ello a través de pagos de sumas millonarias por realizar servicios que resultan inexistentes, este miércoles mismo se registró la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
El ex secretario adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien se señala de ser el operador del entonces presidente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, presunto cerebro de las maquinaciones que habrían sido realizadas en connivencia con Luis Videgaray Caso, a la sazón titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que derivó de la investigación que en aquella entidad se sigue contra el ex gobernador prófugo, César Duarte.
La acusación en este caso refiere el desvío de 250 millones para financiar campañas electorales del PRI en 2016 en otras entidades que en aquel momento no estaban gobernadas por ese instituto político.
Precisa ahora la nota del 20 de diciembre de Rubén Villalpando y Jesús Estrada, corresponsales del periódico La Jornada, que Gutiérrez Gutiérrez “aparece como gestor de una transferencia de recursos federales a Chihuahua y de su posterior entrega al CEN del PRI, ya como recursos estatales, mediante contratos simulados por la prestación de servicios profesionales, a través de empresas fantasma”.
Cabe destacar asimismo de la nota referida de Arturo Angel, su señalamiento del modus operandi de “La Estafa Maestra” que se replica en los distintos casos, ya que se utiliza “una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que si un servicio se asigna a una instancia pública esta queda excluida del proceso de licitación”.
Durante el gobierno de César Duarte, según la declaración ministerial de Jaime Herrera Corral, su ex secretario de Hacienda, se generaron “cursos educativos fantasma” para justificar la erogación de 250 millones de pesos que antes habían sido gestionados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que luego fueron transferidos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para el propósito señalado, según la Fiscalía.
En la denuncia en que se involucra a la Universidad Autónoma de Zacatecas, presumiblemente mediante un acuerdo celebrado en el año 2015 la Sagarpa le entregó a la institución educativa 219 millones de pesos del presupuesto de su “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” para efectuar “estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas de información, asistencia técnica y capacitación en diversas actividades”, según lo expone Animal Político en nota de Arturo Rangel del pasado 7 de diciembre.
El reportero consigna que cuando la Auditoría Superior de la Federación solicitó la comprobación de los trabajos que debería haber realizado la UAZ le fueron entregados al órgano de control en este carácter, tanto por la casa de estudios como por la dependencia, carpetas idénticas conformadas por documentos integrados por textos copiados de la Internet.
Cita dos proyectos como ejemplos en los que la ASF comprobó que la información que contienen procede de Wikipedia, www.buenastareas.com, el sitio oficial de la Cruzada contra el Hambre, un pdf del Estado de Campeche y el portal www.monografías.com.
El método de desvió desvelado mediante la Auditoría Forense 15-01-08100-120340, también incluye a 36 presuntos beneficiarios de los recursos del mencionado Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Sagarpa, quienes “emitieron propuestas para acceder a ellos pero a su vez pidieron, sin excepciones, que todo el presupuesto (219 millones de pesos) fuera transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas”.
Las solicitudes fueron aceptadas por la dependencia federal en sendos convenios, que implicaron asimismo la cesión de derechos de los beneficiarios en favor de la casa de estudios, que en aquel momento tenía como rector a Armando Silva Cháirez.
Pero la institución no realizó los proyectos para los que había aceptado tener la capacidad técnica, sino que transfirió los recursos subcontratando a personas físicas y empresas para ello.
En un caso pagó 128 millones de pesos a 16 “proveedores” quienes emitieron facturas que la ASF encontró “irregulares”, pero también cubrió los honorarios de 624 personas con otros 76 millones, mientras que 14 millones de pesos más los refirió como “pagos administrativos” de los que no exhibió comprobantes.
La Universidad Autónoma de Zacatecas también gastó en viáticos, ropa, seguros médicos mayores, computadoras y alimentos, que acota el periodista, “nada tenían que ver” con los convenios.
Asimismo, los proyectos se atribuyen a personas que en su mayoría no cuentan con el perfil adecuado para elaborar estudios del tipo, “Análisis de la Estrategia Actual de Atención Territorial e Impacto de los Programas de Apoyo al Sector Rural en los municipios de la Cruzada contra el Hambre o de Alta Marginación”.
Según la experiencia laboral que refieren los presuntos investigadores o proyectistas, son “recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros, columnistas de medios informativos, edecanes, telefonistas, auxiliares contables, carniceros, policías, responsables médicos, cajeros, nutriólogos, entre otros”, recupera Arturo Ángel en la nota que puede consultarse, así como la auditoría practicada por el órgano de control ubicada al calce, en www.animalpolitico.com/2017/12/sagarpa-estafa-maestra-wikipedia/.
La mitad de las personas y empresas involucradas, también asienta en su registro periodístico, negó haber participado “en estos procesos o firmado convenios” por lo que también existe la presunción de que se hubiera incurrido en el robo de sus datos personales para atribuirles hechos que no consintieron.
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