A 35 días de que fueran detenidos por la policía, los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa continúan desaparecidos. Los bloqueos carreteros, paros de labores, tomas de casetas y de instalaciones además de las innumerables marchas y mítines por todo el país, parecieran no ser suficientes para ver de regreso a los muchachos ni para romper ese círculo de impunidad-simulación que envuelve al Estado mexicano.
Con todo, las acciones crecen en número e intensidad. En Oaxaca los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), bloquearon el acceso principal de la terminal aérea y de la planta de almacenamiento de Petróleos Mexicanos. Iniciaron un paro de 72 horas en 14 mil escuelas, al mismo tiempo que se mantiene tomada la Universidad Autónoma Benito Juárez: Un millón 380 mil estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria, así como 20 mil universitarios están sin clases.
Un grupo de maestros guerrerenses derribó la puerta de la residencia oficial del gobernador en Chilpancingo; se dieron movilizaciones en Culiacán (más de 35 mil de la Universidad Autónoma de Sinaloa). En Michoacán se bloqueó la carretera a Pátzcuaro, tomaron una plaza comercial y saquearon un camión de refrescos; las actividades en la Universidad Michoacana se reanudarán hasta el lunes 3 de noviembre. En Chihuahua se formó el Frente Amplio Ayotzinapa-Juárez. La UNAM denuncia a Gobierno Federal de querer vincular a los estudiantes con el narcotráfico…
Mientras todo esto acontece, el presidente de México –queriendo ganar confianza entre los padres de los estudiantes desaparecidos– tuvo una malograda reunión en la que recibió de ellos una metralla de reclamos: Se le reprochó la tardía intervención de su gobierno así como la ausencia de resultados; le alegaron que las personas que raptaron a sus hijos llevaban el uniforme de una corporación que depende del gobierno y le exigieron que, por esa misma razón, dejara de buscar a los estudiantes en fosas y basureros: ¡“Queremos que los busquen vivos”!… le increparon.
La desconfianza de padres y compañeros parece haber aumentado con el encuentro. Algunos han señalado que sólo aceptarán resultados del Equipo Argentino de Antropología Forense, mientras que otros responsabilizan al mandatario de cualquier represalia que pudieran sufrir por exigir verdad y justicia.
Guerrero está convertido en un aterrador cementerio clandestino. A diario se descubren nuevas fosas con osamentas de “cuerpos desconocidos” y/o con impactos de bala en el cráneo. Lo ocurrido ahí ha despertado la conciencia nacional que ha visto en el Estado Mexicano la causa de fondo; el mundo ha volteado a ver a México impactado por las recurrentes desapariciones y asesinatos. Y es que al igual que otros estados, en Guerrero se ha sembrado deliberadamente el terror donde “vaciar territorios” pareciera ser el objetivo. En Ayotzinapa, de los 140 estudiantes de primer nivel de la Escuela Normal Rural, 110 están ausentes: los 43 desaparecidos y 67 más que desertaron por temor.
La política criminal del régimen con la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales, la destrucción del ambiente, la reducción de los salarios y de las conquistas de los trabajadores, la eliminación de las leyes de protección laboral, la disminución de los fondos para la educación, la represión de las manifestaciones y a los estudiantes, se inscribe con sus particularidades, en un país asediado por desdichas de corte universal. La violencia en México –al igual que el ébola en países africanos– está íntimamente ligada al problema de la pobreza. La ambición capitalista extiende sus redes entrelazando negocios con los gobiernos y el narcotráfico para dejar una estela de privaciones. Los laboratorios más importantes del mundo -–con el silencio de la Organización Mundial de la Salud –OMS- (que es financiada en más de 60% por capitales privados) — calcularon en un principio que “no era negocio” elaborar la vacuna ante el último brote de ébola pese a ser considerado por “Médicos sin Frontera”, como una “epidemia sin precedentes”. Tratábase, al fin, de países africanos sin solvencia financiera para los que el suero antiébola aplicado a la fecha, no garantiza la curación.
El Estado mexicano continuará con sus crímenes pese a la renuncia del gobernador en Guerrero; ha demostrado una y otra vez, que solo con métodos criminales puede imponer su política antipopular. El nombramiento de Rogelio Ortega como gobernador interino no traerá, por tanto, resultados ni beneficios para el pueblo. Los ciudadanos no fueron consultados y su nombramiento es debido a un pacto cupular para garantizar la impunidad con tal suerte que, “el nuevo gobierno”, pueda ser lo más eficaz posible en la administración la descomposición guerrerense y en el control de los daños.
Lo acontecido no es pues un nuevo brote de violencia para el que exista suero y alivio. La violencia está incubada en el sistema y durará mientras dure el Estado capitalista porque esa es su naturaleza. Por eso la lucha debe encaminarse por un cambio de régimen y de gobierno. Y claro que caminaremos mejor cuando estemos todos. ¡Nos faltan 43! ■
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