El 1 de diciembre se cumplirán tres años del inicio del periodo gubernamental de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Uno de los asuntos que él mismo señala como una asignatura pendiente es la seguridad, sobre todo en lo que se refiere a homicidios dolosos. Hace unos días, el presidente encabezó la presentación del informe mensual de seguridad, en el que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dio a conocer que los delitos del fuero federal y común mantienen una tendencia de descenso. Afirmó que en lo referente al fuero federal la reducción en el último mes es del 22.5 % respecto al mismo periodo de 2019 y de 0.35 por ciento en comparación con 2020. Precisó que los delitos financieros disminuyeron 22.5 %, los fiscales, 18.3 %, los de delincuencia organizada, 13.6 %, los patrimoniales, 8.3 %, los actos ilícitos contra la salud, 7.8 por ciento y los relacionados con armas de fuego y explosivos, 6.8 por ciento. En los primeros diez meses del 2021, el secuestro disminuyó 23.3 % respecto al mismo periodo del 2020, y tuvo una baja del 63.8 % en octubre de este año en comparación con enero de 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 44 mil 603 cuentas con 13 mil 638 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas. El problema principal en esta materia es que, si bien el número de homicidios dolosos ya no ha crecido, no ha mostrado una disminución significativa, de manera que la percepción ciudadana sigue siendo negativa en esta materia.
Recordemos que una de las primeras malas noticias que hizo publicas el nuevo presidente fue que el poder ejecutivo no contaba con fuerzas policiacas confiables para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad, dado el nivel de corrupción y de falta de profesionalismo de la policía federal y demás corporaciones federales y locales, característica que hoy nadie pone en duda en virtud de los procesos judiciales abiertos contra sus fundadores y directivos: Genaro García Luna y colaboradores y la multitud de evidencias de incapacidad y falta de honorabilidad de la mayor parte de policías estatales y municipales . De manera que, en los hechos, fue imposible iniciar el regreso de los militares a sus cuarteles y, por el contrario, envió una iniciativa de reformas a la Constitución para legalizar su actividad en el área de seguridad ciudadana, al mismo tiempo que inició desde cero la creación de la Guardia Nacional, convocando nuevos reclutas y a soldados y marinos.
A tres años de distancia, ya son casi cien mil los efectivos de la guardia nacional que han recibido capacitación en labores policiacas con garantía de respeto a los derechos humanos, desplegados en todo el territorio nacional, ocupando alrededor de 200 cuarteles recién construidos por las propias fuerzas armadas. Ojalá que la educación y la práctica transformen a militares y marinos en los policías que la sociedad necesita con urgencia. AMLO también ha echado mano de los militares en funciones inéditas en México, como las construcciones del aeropuerto internacional Felipe Angeles, cuya inauguración será dentro de 4 meses, el tren maya y el proyecto transismico, así como cientos de sucursales del banco del bienestar. Así mismo, la Marina ya no solo vigila la seguridad de los puertos mercantiles y aduanas marítimas, ahora también hace funciones administrativas en esos mismos espacios. También ha sido relevante el apoyo de las tres corporaciones en materia de salud con motivo de la pandemia.
La presencia activa de las fuerzas armadas en esas nuevas tareas se ha vuelto un tema de debate en los últimos meses en México, con análisis en la prensa y en múltiples foros, haciéndose notar la insistencia opositora en que los militares regresen a sus tareas tradicionales, sin que les preocupe la inexistencia de instrumentos efectivos para garantizar la seguridad ciudadana. La realidad es que la sociedad exige la presencia de la Guardia Nacional, el Ejercito y la Marina, como última esperanza para recuperar la convivencia pacífica. Tanto en su libro más reciente, como en las conferencias de prensa mañaneras, el presidente ha informado que creará varias empresas públicas para administrar las grandes obras referidas, que garantizarán ingresos para las arcas públicas y serán, en última instancia, un dique contra todo intento de privatización futura.
Desde mi punto de vista, ante el hecho de que la situación geopolítica de México no hace necesario prepararnos para una agresión armada de un poderoso enemigo externo, sería mejor que las actuales corporaciones armadas fueran más reducidas, pero profesionalmente capacitadas y equipadas para enfrentar eventos internos, como actos terroristas. Un número importante de los actuales militares se convertirían en policias eficaces y eficientes dentro de la Guardia Nacional, mientras que otros pasarían a ser civiles encargados de la protección civil (Programa DN-3 y su equivalente de la Marina) y el resto serán servidores públicos, también con carácter civil, en las nuevas empresas de la nación.
Es necesario debatir el futuro de las fuerzas armadas, reconociendo las potencialidades que han mostrado durante estos tres años, sin olvidar los abusos cometidos en el pasado.
