■ Otro señalado es Julio César Chávez, ex subsecretario de Atención Ciudadana
■ Dice que la CDHEZ no encontró funcionarios responsables de la violación de los derechos humanos a quienes el 23 de diciembre de 2016 intentaron desalojarlos
Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal en Salaverna, Mazapil, reiteró sus cuestionamientos hacia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) al no encontrar como funcionarios responsables de la violación de los derechos humanos de la comunidad a la entonces titular de la Secretaría General de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez; su subsecretario de Atención Ciudadana y actual presidente con licencia de Guadalupe por Morena, Julio César Chávez Padilla, y al propio gobernador, a quienes considera autores intelectuales del intento de desalojo ocurrido el 23 de diciembre de 2016.
El líder de la resistencia que aún mantienen algunas familias que radican en el lugar cuyo subsuelo explota la Minera Frisco Tayahua de Carlos Slim, consideró en entrevista con este medio que Tello Cristerna debería haber sido sujeto a juicio político por este caso.
“Yo no veo por qué no los incluyen a ellos si son los autores intelectuales, son los que lo ordenaron, y aparte de eso, sí había quedado muy claro que Gilda tuvo mucho que ver por la defensa que hizo –durante su comparecencia ante la 62 Legislatura del estado en septiembre del 2017- de que no se violaron los derechos humanos. Nunca aceptó. ¿Entonces, no sé a qué le nombre ella violación de los derechos humanos, a que uno ya esté muerto?”.
De la Rosa Dávila dijo que mantener el Estado de Derecho implica aplicar la ley “de manera indiscriminada, o sea que nadie debe tener trato preferente” que, consideró, se le ha dado tanto a Torres Rodríguez como a Alejandro Tello, “porque en ningún momento se le ha hablado al gobernador para que declare, yo no vi que lo apretaran. Él debería ser sujeto a juicio político por lo que ocurrió en Salaverna y pagar como cualquiera de nosotros”.
Respecto de la postura de la ombudsperson en Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, quien puntualizó la semana anterior que en la recomendación 03/2017 que emitió el organismo no sólo se considera víctima de violación de derechos humanos a Martha Leticia Mendoza Cárdenas (a quien se le derrumbó su casa con maquinaria y se desalojaron sus pertenencias), sino a muchas más personas “con nombre y apellido” y a la comunidad toda, a fin de que se les restituyan por parte de la Comisión de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas, centró su atención en uno de los aspectos de la reparación del daño, “la no repetición”.
“Ojalá que se haga cierto, que se haga efectivo eso de la no repetición, porque si ponemos como reparación del daño: reparo el daño que te hice y se abre la posibilidad de que me vengas tu a fregar otra vez, están como los que contaminan, dicen ya pagué y vuelvo a contaminar. Necesitamos que quede establecido que no se vuelve a repetir”.
A más de dos años de ocurrido el episodio de aquel 23 de diciembre en que hicieron presencia funcionarios de la Secretaría General de Gobierno encabezando el operativo que se respaldó en la Policía Estatal y Ministerial, trajo a colación los antecedentes de este conflicto que se expresa entre los integrantes de la comunidad y los intereses del magnate mexicano, que dijo, han causado muchas muertes, unas dentro de la mina y otras como efecto del pánico, del daño psicológico que ha significado el acoso de la empresa, que reiteró, ha sido apoyada por las autoridades.
“¿Con qué pagan todo eso que han hecho?”
Recordó que antes de la intervención de la CDHEZ aquel día, misma que fue convocada por parte de la representación en el estado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) para atestiguar lo que estaba ocurriendo en Salaverna, él mismo ya había interpuesto dos quejas ante el organismo defensor de derechos humanos antes de que fuera encabezado por Domínguez Campos.
“Y ese día se los dije, que ya había antecedentes. Ese día les reclamé que ¿por qué hasta ahora?, que eso era lo que querían ver porque de las anteriores quejas que interpuse dijeron que no había tales violaciones.
Fuimos víctimas toda la comunidad porque desde el momento en que van y nos tumban los edificios públicos que nos dan identidad, nos atropellan nuestro pueblo para querer hacer una mina a cielo abierto que perjudicaría la salud y el ecosistema cuando nosotros tenemos el derecho a un ambiente sano…
Hubo gente que a la que le abrieron la puerta a patadas, Micaela Zamarripa Hernández. Irrumpieron en su casa, sacaron sus muebles a fuerza, los desprendieron de la pared brutalmente sin ninguna consideración”.
De la misma familia golpearon a un joven de nombre Miguel Sánchez, y al hijo “de Angélica y Juan José Rocha, Ángel”.
“A mí me anduvieron exhibiendo allí como que ya habíamos tenido un arreglo con gobierno, mostrando una fotografía, que nosotros ya estábamos de acuerdo en que hicieran lo que estaban haciendo”.
De esto último se encargó dijo, Julio César Chávez Padilla, “era el que traía esa foto. Me estuvieron difamando. De hecho Leti me reclamaba, ellos me echaban la culpa que yo ya los había vendido, todo eso. O sea que sí tuvo efecto esa cosa”.
Los derechos de todos fueron violentados también al cerrar los caminos de acceso a la población, “al tenernos secuestrados. ¿Entonces por qué nada más se consideró a Leticia –como víctima-?”.
Roberto de la Rosa agregó respecto de la postura de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) de Zacatecas también expuesta la semana anterior por su titular Everardo Ramírez Aguayo, quien precisó que la intervención del organismo no es “limitativa” por lo que puede extender sus acciones a todas las personas afectadas, y que probablemente visite Salaverna esta semana que, “ojalá que ellos avisaran qué día van a venir, todo eso, con tiempo para que la gente estuviera pendiente porque no todos podemos estar a la hora que ellos lleguen, tenemos trabajo, y si no nos damos cuenta, no estamos presentes”.
La recomendación 03/2017 de la CDHEZ fue aceptada parcialmente por la Secretaría General de Gobierno quien decidió inscribir sólo en el Registro Estatal de Víctimas a Martha Leticia Mendoza Cárdenas a fin de que se le repare el daño por la CEAIV.
La semana anterior este organismo hizo acto de presencia en Salaverna acompañado de personal de la CDHEZ para hablar con la persona, que ha sido evasiva a los intentos oficiales, consideran las propias autoridades, por desconfianza.
