■ Desde hace dos años la minera ofrece 750 mil pesos para que se trasladen al Nuevo Salaverna
■ Hasta ayer a las 16 horas permanecían en la comunidad dos bulldozer, denuncian pobladores
Las pertenencias de la señora Leticia Mendoza Cárdenas, quien fuera desalojada con violencia de su casa, y el inmueble posteriormente demolido en un operativo del Gobierno del Estado de Zacatecas, permanecían hasta ayer alrededor de las 16 horas tal como este medio registró el pasado viernes 23 de diciembre, acomodadas a la intemperie sobre una grúa tipo plataforma y otra parte contenida en un camión.
Cerca de donde antes estuvo su domicilio se mantenía asimismo el bulldozer con que fue derrumbada la vivienda, informó Roberto de la Rosa Dávila, líder comunitario del lugar, quien manifestó que de igual forma se encuentra dentro de la poblado el otro con que pretendían demolerse las casas que aún se mantienen en pie cobijando a 14 familias.
Por su parte Efraín Arteaga Domínguez, representante de la Unión de Trabajadores Agrícolas en Zacatecas (UNTA), comentó sobre el presunto resarcimiento de estos daños, que en realidad se expresa como “un ofrecimiento cero”, pues los 750 mil pesos que la minera Frisco-Tayahua aportaría, es la cantidad que desde hace años ha propuesto a los habitantes del poblado para que acepten trasladarse al Nuevo Salaverna.
Sobre el tema agregó que el pasado sábado en que hubo una reunión entre las partes en conflicto en que estuvo la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, “cuando llegamos al punto de resarcir la destrucción
de la casa de la señora, la licenciada Fabiola se ausentó un momento del salón donde estábamos reunidos y regresó diciendo que la empresa ofrecía un cheque de 750 mil pesos”.
Este hecho fue sorprendente dijo, porque los actos realizados el pasado viernes 23 de diciembre en la comunidad de Salaverna, Mazapil se han exhibido públicamente como “un operativo de Gobierno del Estado”, por lo que legalmente está fuera de lugar que sea la empresa de Carlos Slim la que cumpla esta función.
“Y la exigencia nuestra es que sea Gobierno del Estado quien resarza esos daños” presuntamente sustentados en la protección de la integridad física de las personas por parte de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos.
Cabe recordar que esta entidad gubernamental ha argumentado la existencia de una falla geológica, que no obstante, es objetada por los habitantes de Salaverna quienes manifiestan que el lugar de referencia en realidad corresponde a una veta mineral, justo sobre la cual se asentaba hasta el pasado 23 de diciembre la casa de Leticia Mendoza Cárdenas y frente a ella, la de su madre de nombre Teresa.
Comentó Efraín Arteaga que el día de la reunión durante el diálogo cuando se hizo el ofrecimiento del dinero para Mendoza Cárdenas, el dato pasó desapercibido hasta que posteriormente los propios salavernenses destacaron el hecho de que esa cantidad, 750 mil pesos, “es lo que la empresa les viene ofreciendo desde hace años a cambio de que acepten irse al Nuevo Salaverna”.
“O sea que en realidad el ofrecimiento es cero por la destrucción de la casa de la señora, y el Gobierno del Estado no está asumiendo ahí ninguna responsabilidad”, expuso.
Efraín Arteaga recordó sobre este modo de actuar, el tema del estudio que realizaría el Servicio Geológico Mexicano (SGM) mediante el que se pretendía dilucidar la existencia o no de la citada falla geológica, mismos que proponía hacer la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, pero ofrecía pagar la empresa de Carlos Slim. Esta fórmula causó las sospechas de los salavernenses.
