“No es con actos de autoridad arbitrarios como se debe gobernar ni tampoco con la presencia de elementos policiacos como deben ejecutarse los actos de autoridad”, dijo en referencia a los hechos del pasado viernes en Salaverna, Mazapil, María de la Luz Domínguez Campos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) agregó que el Gobierno del Estado debe encontrar a través del diálogo, el acuerdo y la comunicación directa con las personas, la solución a los conflictos.
Manifestó que el organismo se hizo presente en el poblado de Salaverna el pasado viernes 23 de diciembre a solicitud de los pobladores, “en razón de que había personal de Gobierno del Estado y se estaba denunciando el desalojo y la demolición de algunas viviendas”.
Los visitadores de la CDHEZ “pudieron constatar por un lado que en la entrada de la comunidad había un bloqueo por parte de patrullas de las policías y también que efectivamente se había demolido por un lado la iglesia, la escuela y viviendas”.
Respecto de las agresiones físicas y otros actos de intimidación denunciados por los pobladores de Salaverna y que tuvieron como agentes a los elementos policiacos de la corporación Estatal y Ministerial, los reprobó y lamentó, y señaló que “están excediendo sus atribuciones y sobre todo, afectando no solamente la dignidad de las personas sino su integridad física”.
María de la Luz Domínguez exigió a la autoridad superior jerárquica de los elementos policiacos implicados que “sean sometidos al procedimiento que corresponda y sean sancionados porque ningún acto de autoridad debe de realizarse, y permitir que se les dañe así a las personas, en este caso concreto, pues incluso puede haber hasta lesiones”.
Precisó que los objetivos de la presencia de Alan Oliver López Badillo, visitador ajunto de la CDHEZ y José Manuel Vázquez Ramos, auxiliar de Quejas del organismo, eran salvaguardar y proteger los derechos humanos de los pobladores y evitar que hubiera un enfrentamiento entre la población y elementos policiacos, “sobre todo a efecto de la protección de los derechos humanos de los pobladores de aquella región”.
Su comentario respecto de que ni siquiera al personal de la CDHEZ las policías apostadas en el acceso a la comunidad les permitían ingresar a la misma justo para cumplir con estos objetivos, fue señalar que tanto las autoridades estatales como municipales deben asumir y respetar de manera puntual la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
“Como su personal tiene fe pública pueden entrar a cualquier área, a cualquier espacio, precisamente como tutelares de un organismo defensor de derechos humanos”, expuso.
En este caso comentó, efectivamente se impedía al inicio el acceso a los representantes de la CDHEZ y posteriormente se les dejó ingresar (como atestiguó este medio, bajo presión de los habitantes del lugar y la prensa, y alrededor de las 16:30 horas).
Reprobó entonces que las policías Estatal y Ministerial hayan impedido las funciones legales de la CDHEZ, pues dijo que con esta actitud violaron la citada ley.
Reiteró su exigencia a las autoridades estatales y municipales a que reconozcan, respeten a la institución y fundamentalmente la labor que la CDHEZ hace en favor de los zacatecanos.
Agregó sobre los hechos en Salaverna, el llamado a que se privilegie el diálogo con los pobladores pues observó, tienen muchos años viviendo en el lugar al que los unen sus costumbres, sus antepasados y otras circunstancias que tienen que ser respetadas.
“Efectivamente tiene que promoverse el desarrollo económico de Zacatecas pero salvaguardando la integridad los derechos y por supuesto la dignidad de los zacatecanos”, señaló.
Dijo que es fundamental en este tipo de conflictos “que se han venido dando no sólo en este municipio sino en otros del estado de Zacatecas”, y que involucran a las mineras, que se anteponga la salvaguarda de los derechos humanos de los pobladores.
Y respecto del presunto objetivo de la intervención de personal de Gobierno del Estado a través de la Dirección de Protección Civil, agregó que cuando se trate de salvaguardar un derecho fundamental como es la integridad física y la vida, “se haga por los cauces legales y de manera adecuada, pero no generando la violación de otros derechos fundamentales, entonces es importante que la autoridad actúe conforme a la ley” y se enfoque a ello “por encima de cualquier interés económico, político y social que pueda permanecer alrededor de este tipo de asuntos”.
María de la Luz Domínguez informó que los pobladores de Salaverna interpusieron una queja ante la CDHEZ contra Raquel Ortiz, quien se identificó en el lugar como funcionaria de la Secretaría General de Gobierno; el personal de la Policía Estatal y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del Estado de Zacatecas y demás autoridades que se vieron involucradas en el desalojo de personas y demolición de viviendas.
“Hemos nosotros ya solicitado de manera formal el informe de autoridad tanto de la Dirección de Protección Civil, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría General de Gobierno y a la Procuraduría General de Justicia, a efecto de que señalen de manera puntual si el acto de autoridad que ese día realizaron, está fundado o motivado o por el contrario no tiene sustento jurídico”, puntualizó.
Informó asimismo que el organismo realizará una investigación exhaustiva para aclarar el tema de la existencia de una presunta falla geológica ubicada en Salaverna, que han dicho las autoridades, amenaza la vida de las personas que habitan en la superficie pero no a los mineros que trabajan en el subsuelo para la minera Frisco-Tahayua, empresa que trabaja con normalidad, incluso realizando detonaciones de explosivos diariamente, como manifestó el pasado viernes a este medio, el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Adolfo Yánez Rodríguez.
Domínguez Campos manifestó asimismo que luego de sustanciar las investigaciones derivadas de la queja interpuesta por los salavernenses, la CDHEZ “habrá de emitir la recomendación correspondiente”, de la que podrían surgir elementos para que otras autoridades “también puedan emitir juicios que correspondan, porque finalmente en este tema concreto, no solamente pudieron haber existido violación de derechos humanos sino también la comisión de algún delito”.
