A un año de la despenalización del aborto en Zacatecas, las colectivas feministas se preparan para conmemorar el 28 de septiembre con una Mesa Pública de Diálogo frente al Hospital de la Mujer Zacatecana, al que renombran “Hospital contra la Mujer Zacatecana”, en protesta por los obstáculos que persisten para acceder a este derecho.
El lema de este año es “Que tus derechos se cumplan” y la cita es el lunes 29 de septiembre al mediodía en Guadalupe, con la intención de abrir un espacio deliberativo y de denuncia.
“Nos dan el acceso al aborto, pero no nos han dado la instrumentaria para llevarlo a cabo”, señala una vocera de la colectiva Psicoabortiva, detallando que en los primeros meses tras la reforma hubo un funcionamiento adecuado y que solo la Uneme de Urgencias, en Guadalupe, es ejemplo del acceso rápido, seguro y con trato cordial al servicio.
En contraste, el Hospital de la Mujer Zacatecana, que recientemente ha cumplido 19 años de servicio, no solo carece de medicamentos e instrumentaria, sino que también se caracteriza por falta de capacitación y juicios de valor por parte del personal, denunció la activista.
Sostuvo que “no hay misoprostol, no hay mifepristona, no hay equipo para la aspiración manual endouterina, ni para la aspiración eléctrica endouterina” y calificó esta carencia como un problema gravísimo que sigue marginando a las mujeres más vulnerables de un derecho básico.
“No puede ser posible que nosotras, como mujeres feministas, organizadas, autónomas, ciudadanas, estemos más capacitadas que el personal de salud para hacer un procedimiento de aborto con medicamento”, afirmó, y recordó que muchas veces los ginecólogos ofrecen indicaciones y protocolos desactualizados que solo complican más el proceso.
El estigma, advirtió, sigue siendo muy fuerte. La objeción de conciencia se usa como excusa para negar servicios, incluso a pesar de que no puede haber una absolución de conciencia de todo el personal en una institución. A ello se suma otra justificación recurrente: la falta de capacitación.
Psicoabortiva también señaló que persiste el uso del legrado, a pesar de que desde 2022 las pautas federales y de la Organización Mundial de la Salud recomiendan abandonarlo por ser más riesgoso y más costoso que la aspiración manual o el uso de medicamentos. “Llegan a estar en incoherencia al decir que no hay medicamento ni instrumentalización, pero cuando necesitan hacer un aborto recurren al legrado”, apuntó.
Para la colectiva, la violencia obstétrica institucional “está muy fuerte”, no solo en abortos, sino también en anticoncepción, planificación e información.
Por otro lado, la información de la Secretaría de Salud en Zacatecas presenta una red de hospitales y centros de salud en la capital, Guadalupe, Fresnillo, Ojocaliente, Jalpa, Tabasco, Tlaltenango, Trancoso, Valparaíso y Río Grande con instalaciones habilitadas para ofrecer servicios gratuitos y ambulatorios de aborto seguro.
Asegura que estas unidades brindan consejería, anticonceptivos posteriores y atención psicológica, con enfoque en derechos humanos y sin discriminación. También enumera como objetivos: fortalecer la capacidad técnica de los equipos, garantizar la atención a niñas menores de 15 años, elaborar estándares de calidad, capacitar personal multidisciplinario, impulsar el manejo ambulatorio y mejorar la oportunidad clínica en adolescentes.
Plantea incrementar la disponibilidad de unidades y fortalecer el marco normativo y de monitoreo, además de instalar Centros de Entretenimiento Infantil en hospitales para que madres o cuidadoras puedan dejar a sus hijos mientras acuden a consulta.
Mientras las instituciones enumeran metas, las colectivas sostienen que son ellas quienes siguen asumiendo tareas que corresponden al Estado. Emilia Pesci explicó que, cuando faltan anticonceptivos o no hay acceso real al aborto seguro, son las organizaciones feministas las que terminan informando, acompañando y orientando a las mujeres.
A su juicio, la criminalización social persiste en familias y comunidades que juzgan a quienes deciden interrumpir un embarazo. Recordó que la historia de Zacatecas está marcada por la carga de cuidados impuesta a madres y abuelas que tuvieron 10 o 20 hijos sin opción, y que esa herencia sigue pesando en la vida de las mujeres hoy en día.
En un contexto donde apenas comienza a gestarse la idea de un sistema nacional de cuidados, las feministas han puesto sobre la mesa que sin autonomía reproductiva no puede hablarse de una verdadera sociedad del cuidado.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha insistido en que no basta con guarderías o programas de apoyo si las mujeres no pueden decidir cuántos hijos tener, cuándo y en qué condiciones.
En Zacatecas, donde muchos hogares encabezados por mujeres enfrentan precariedad económica, la falta de anticonceptivos y de educación sexual integral convierte la maternidad en un destino impuesto y no en una elección. Esa precariedad explica que el movimiento feminista ponga el énfasis en que autonomía reproductiva y sociedad del cuidado son dos luchas que avanzan de la mano.
La protesta de este 28 de septiembre se enmarca en el reto de cerrar la brecha entre un derecho reconocido en la ley y un acceso real al alcance de todas las zacatecanas.
Quienes asumieron la lucha en los años 2,000, con las primeras iniciativas de reforma al Código Penal presentadas por legisladoras del PRD y acompañadas por organizaciones nacionales como Católicas por el Derecho a Decidir, abrieron un camino que fue retomado en 2018 y 2019 con foros ciudadanos, recolección de firmas y la iniciativa de la diputada Alma Dávila, que incluso denunció las presiones de la jerarquía católica.
Desde entonces, las feministas zacatecanas sostuvieron la exigencia frente a los bloqueos legislativos, los amparos interpuestos en 2023 y la sentencia que en 2024 obligó a modificar la ley. Esa trayectoria histórica desemboca en la etapa actual: garantizar que lo conquistado en tribunales y en el Congreso se traduzca en servicios efectivos y sin estigmas para todas las mujeres y personas gestantes del estado.
