El gobierno federal publicó ayer el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer explícita la obligación de publicar mensualmente los contratos de la administración pública, así como los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus filiales, previa autorización de sus consejos de administración.
Antes de suscribir el documento, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que se trata de hacer más transparente y accesible a la consulta la información gubernamental y que su difusión no quede a discrecionalidad de los funcionarios. Además, informó que enviará al Congreso una iniciativa para dejar explícita la obligación en la Ley General de Transparencia.
También, la titular de la Secretaría de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, detalló que para evitar el esquema de velo corporativo entre las filiales de Pemex, la información se emitirá con autorización de su consejo de administración “y con eso ya cubrimos la parte jurídica”.
En el decreto, que se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se prevé que de las filiales de Pemex y CFE se publicarán sus estados financieros, sus informes sobre la situación en materia financiera, administrativa, operativa, económica y jurídica, así como las actas de asamblea en que determine la creación, fusión o escisión.
Asimismo, las actas constitutivas, los datos del gobierno corporativo, las directrices, políticas y lineamientos relacionados con la operación, vigilancia, evaluación del desempeño y seguimiento a sus resultados operativos de negocio, sus políticas de remuneraciones y austeridad, y los contratos celebrados en México y el extranjero.
Incluso, el padrón de despachos de auditores externos, sus programas anuales de fiscalización y los informes de situación de auditorías.
La Presidenta explicó que el decreto “es la garantía de la transparencia de la información del gobierno de México, porque “no necesariamente se cumple” la obligación constitucional de hacerla pública. Precisó que sólo se mantendrá en reserva la relacionada con temas de seguridad nacional o que estén bajo proceso judicial. En estos dos últimos casos se harán versiones públicas, añadió Buenrostro.
La Presidenta refirió que en la ley vigente se dispone que los funcionarios pueden determinar qué información difundir, pero “con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento judicial, no puede informarse, o lo que realmente es de seguridad nacional. Es transparencia total del gobierno de México”.
A su vez, Buenrostro informó que se inició una investigación de oficio contras ex funcionarios del desaparecido INAI que “guardaron expedientes en el cajón” y dejaron caducar asuntos relacionados con protección de datos personales.
