Durante décadas, la corrupción política en Estados Unidos se asociaba con imágenes de sobornos, maletas de dinero y acuerdos realizados a puerta cerrada, hoy el debate es distinto.
Académicos, organizaciones dedicadas a la transparencia e investigadores sociales sostienen que la principal preocupación ya no radica únicamente en actos ilegales, sino en el creciente peso que ejerce el dinero privado sobre las decisiones públicas mediante mecanismos plenamente legales.
Ese es el punto de partida de The Dark Money Game, documental producido por CNN y dirigido por Alex Gibney, basado en las investigaciones de la periodista Jane Mayer, autora del libro Dark Money. La producción examina cómo una red integrada por multimillonarios, organizaciones sin fines de lucro y grupos políticos ha incrementado su capacidad para influir en campañas electorales, nombramientos judiciales y debates legislativos sin que, en muchos casos, sea posible conocer el origen de los recursos.
Para numerosos especialistas, el cambio comenzó en enero de 2010, cuando la Corte Suprema resolvió el caso Citizens United contra la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos
La sentencia determinó que las corporaciones, sindicatos y otras organizaciones podían realizar gastos políticos independientes sin límite, al considerar que esas erogaciones constituyen una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadunidense.
Quince años después, organizaciones como el Brennan Center for Justice (un centro de investigación sobre democracia, derecho y políticas públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York), consideran que aquella resolución redefinió el financiamiento político estadunidense.
En un análisis publicado este año, el centro de investigación sostuvo que la elección federal de 2024 representó la consolidación de ese modelo, al registrar una influencia sin precedente de grandes donantes y recursos cuyo origen permanece oculto para el electorado.
Uno de los conceptos que ganó relevancia es el denominado dark money o “dinero oscuro”, término utilizado para describir los recursos destinados a influir en procesos electorales por organizaciones que, conforme a la legislación estadunidense, no están obligadas a revelar públicamente la identidad de sus financiadores.
El Brennan Center estima que, sólo durante el ciclo electoral de 2024, este tipo de organizaciones canalizó al menos 1.9 mil millones de dólares a las elecciones federales, casi el doble del récord registrado en 2020. La institución advirtió que los recursos no puede rastrearse con precisión mediante los mecanismos actuales de transparencia.
Más allá del monto, los investigadores alertan sobre la transformación del sistema. Según el Brennan Center, inmediatamente después de Citizens United, gran parte del gasto se destinaba directamente a publicidad política; actualmente, una proporción creciente fluye mediante transferencias multimillonarias hacia comités de acción política independiente y otras estructuras que dificultan identificar el origen del financiamiento.
En las elecciones legislativas de medio término de 2022, 21 de las familias de donantes más grandes contribuyeron con 783 millones de dólares, y los donantes multimillonarios aportaron 15 por ciento de todos los fondos en las elecciones federales.
