La semana pasada y lo que transcurre de ésta, dos acontecimientos de orden sindical se hicieron presentes en los medios y entre la opinión pública. El freno y posterior aprobación de lo que parecía consumarse como un albazo legislativo y terminó siendo una graciosa huida de la casa del Poder Legislativo y acabó tras encerrona en una aplanadora que vino a consumar la reforma a la ley del Issstezac. El otro acontecimiento es el estallamiento de la huelga en la UAZ. El resultado de la recién aprobada ley de seguridad social y prestaciones de los burócratas pagados por el estado, profesores en su mayoría, es la consecuencia de cómo no debe administrase un organismo que resguarda las aportaciones de los trabajadores para integrar el fondo solidario de sus pensiones: corrupción, malversación y desvío de fondos, saqueo y despojo de funcionarios con la autorización o anuencia del gobierno, o sin ellas; llevaron al desfalco a las arcas del Instituto. La auditoria al instituto como un diagnóstico necesario antes de aprobar el proyecto de la nueva ley, nunca se hizo, encubriendo a quienes saquearon sus arcas. El segundo caso, el relativo a la UAZ, es el resultado del populismo académico en la Máxima Casa de Estudios en donde las últimas administraciones afines al grupo político hegemónico antepusieron la carreta al caballo. Como bien lo resumen Vélez y Alvarado (véase el artículo de estos universitarios. “Las metáforas de la huelga”, en La Jornada, 25 de febrero, 2015) al referirse a los motivos del paro que ya cumplió ocho días corridos al momento de teclear estas notas, los cito textualmente, esos motivos son: “El pretexto que le da origen este año y el pasado: el atraco del grupo dirigente que utilizó las aportaciones de los académicos para abrir sin sustento [presupuestario, por supuesto] y contar sin dinero para engordar las filas de su clientelismo. Atraco que quedó al descubierto cuando ese mismo grupo dirigente se escindió en dos facciones antagónicas: una al mando de la Rectoría y otra al mando del Spauaz”. Si a estos distinguidos universitarios les asiste la razón, entonces vemos que los causales de la morosidad y retraso del pago al fondo de seguridad social, destinadas en su mayoría para el pago a los jubilados, punto central que motivó el paro de actividades, no se cumplió en el tiempo y la forma como se debía, la causa es desvió y la malversación de los recursos en tanto las cuentas de los sindicalizados para juntar su cochinito jubilatorio siguen sin abrirse y sin que se les deposite lo que por norma ya deberían tener ahorrados. Cuánto parecido guarda el caso universitario con el Issstezac. La diferencia sólo estriba en los tipos de instituciones y de funcionarios. Unos son dependientes del Gobierno estatal y los otros de una institución del nivel superior con el estatus de autónoma. Tan autónoma que puede hacer con los dineros de los docentes y administrativos lo que se le hinche.
Con la aprobación de la nueva ley del Issstezac, como siempre, pagarán justos por pecadores. Quienes lograron una plaza pagada por el Gobierno del Estado al comenzar a laborar nunca se imaginaron que en lugar de los 30 años como estaba establecido, ahora para jubilarse deberán trabajar hasta los 65 años de edad. Ahora deberán trabajar si desean su pensión jubilatoria 15 años más en promedio que los que antes se empleaban. Y pueden darse de santos si es que la nueva disposición jurídica no contempla las cuentas individuales como sí ocurrió con la reforma del ISSSTE. Se reducirá se dice el aparato burocrático del organismo y quienes realmente si ganaran serán los que se beneficien con el remate de los inmuebles que se pondrán a la venta para rescatar parte de lo perdido, los que ya deben estarse sobando las manos.
A la UAZ no le queda sino emprender cuanto antes mejor, la reforma estructural administrativo financiera que requiere con urgencia. La enésima huelga en la que está involucrada se levantará de un momento a otro. Pero, la solución será sólo una aspirina para el fuerte dolor de cabeza que la aqueja si no acude el Gobierno Federal aumentando el subsidio hasta el orden de los mil 800 millones de pesos que se requieren y otros tantos mil millones más para saldar el adeudo histórico en que está sumida. Se requiere además como apunta el ex coordinador de finanzas de la institución, Antonio Álvarez Pérez, que se realice el ajuste a la nómina en la que queden sólo los programas y docentes y administrativos que el manto financiero pueda cubrir en concordancia con el contrato colectivo. Los apoyos o ayudas extraordinarias que pudieran dársele no ayudaran a la institución a salir del hoyo y las expectativas a futuro para los agremiados, no serán precisamente las mejores. ■
