■ PRD, PAN y Morena sostienen que se trata de un crimen de Estado
■ No hay que buscar culpables “de manera irresponsable”; no se trata de “un hecho de mala fe”: PRI
Al año de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, las dirigencias del PRD, PAN y Morena sostienen que se trata de un crimen de Estado; no lo cree así el PRI, incluso piensa su dirigente José Olvera que “no se trató de un hecho de mala fe”.
No es crimen de Estado: PRI
Sobre los posibles responsables de la tragedia, el PRI consideró en que no se trató de un crimen de Estado; no hay ninguna evidencia para asegurar lo contrario, así como tampoco se trata de “un hecho de mala fe” de ningún nivel de gobierno, dijo el líder estatal, José Olvera.
Pidió por tanto no buscar culpables “de manera irresponsable”, porque la desaparición de los normalistas es un hecho que ningún mexicano hubiera deseado toda vez que afectó a la sociedad, el gobierno, el país y no se constriñe al duelo de los familiares.
No obstante, insistió en que no se debe querer establecer un delito donde no lo existe, pues “el señor Presidente es el primer interesado en esclarecer el asunto porque ha trascendido las fronteras del país”.
Dijo desconocer los detalles del comportamiento de las autoridades locales, pero en lo referente a la Presidencia de la República, consideró que no hay evidencia de que se trate de una acción concertada. “Eso no es posible, eso nosotros no lo creemos”.
Ante la petición de algunos de iniciar juicio político a Peña Nieto, Jesús Murillo y Miguel Ángel Osorio, Olvera creyó que no hay motivos para hacerlo, mucho menos “al señor presidente”.
A la par de aseverar que no se trató de un crimen de Estado, José Olvera comentó no tener la suficiente información ni elementos para señalar un responsable, sólo sostuvo que se debe investigar y aclarar.
Juicio político al presidente y secretarios: PRD
Arturo Ortiz Méndez, presidente estatal del PRD, consideró que el Gobierno de la República debe asumir con todas sus letras la responsabilidad que tiene en el caso Ayotzinapa, una tragedia nacional de la cual la comunidad internacional no termina de asimilar por qué en México prevalece un sistema político y de gobierno que no da garantías a los derechos humanos.
De modo que el PRD nacional exige al Presidente haga a un lado su actitud de proteger a delincuentes y a presuntos involucrados en el evento ya sea por acción u omisión. Se pronunció por iniciar juicio político al ex procurador Jesús Murillo Karam; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y otros agentes involucrados que según informes internacionales, omitieron “muchas cosas”.
Es reprobable, dijo, que las autoridades mexicanas hayan mentido y lo sigan haciendo en los informes institucionales quienes les han tumbado su verdad histórica en la cual se niega la posible participación del Ejército, pero al no asumirlo a los mexicanos les queda la incertidumbre de en manos de quién se está.
En tanto, Ortiz consideró que el gobierno de Peña cargará con el estigma de autoritario. Mientras que el PRD asume en términos políticos su responsabilidad “por el descuido” que haya tenido para postular a un candidato (José Luis Abarca) que eventualmente pudo tener nexos con la delincuencia organizada.
En un país de leyes el Presidente ya habría renunciado: Morena
Luis Medina Lizalde opinó que en un país de leyes el episodio de Iguala ya habría conducido a la renuncia de un Presidente que tuviera el más elemental sentido del decoro y a juicio políticos a su secretario de Gobernación y el procurador, toda vez que la desaparición de los jóvenes es un horror más donde el Estado asume un comportamiento asesino.
Lo que a la vez ha sido una tradición del régimen; es decir, soldados, marinos y policías tienen una tradición de tortura y desaparición forzada muy antigua. De modo que el crimen de Iguala, opinó, no es algo que brote ahora, pero gracias a las tecnologías de la información y la valentía de los padres de los jóvenes se han movilizado conciencias en el mundo y la gente sabe de los crímenes de Estado como Tlatlaya o Ayotizinapa.
Para Luis Medina es importante que los mexicanos reconozcan que las desapariciones forzadas son una normalidad horrorosa y que si se ha tolerado es porque sólo era del conocimiento de pequeños círculos y no de la masa. Esperó por tanto que lo de Ayotzinapa siente un precedente y los mexicanos se liberen de la opresión infame y pareciera que se está en el porfiriato del México Bárbaro.
El líder de Morena finalmente creyó que es urgente movilizarse para que se lleve a los tribunales a todos los que tienen responsabilidad por acción u omisión y el Ejército, la Policía Federal y los tres niveles de gobierno tienen muchas cuentas que rendir a los mexicanos.
El crimen de Estado es no sentirse tranquilos: PAN
Arturo López de Lara, presidente del PAN en Zacatecas, consideró que la actuación de las autoridades en el caso sólo ha evidenciado la corrupción de un sistema de procuración de justicia en el que no pueden confiar los mexicanos. No es posible que a un año se tengan diferentes versiones e inconsistencias en la investigación.
Si bien no quiso calificar la tragedia como un crimen de Estado, está el hecho que ha habido falta de pericia y transparencia en este caso y muchos otros; si se escarba un poco no se encontrarán sólo 43, sino cientos de situaciones muy similares que no son números, sino vidas y personas.
El crimen de Estado es el hecho de no tener una certeza y una forma en la que cualquier mexicano pueda sentirse con la tranquilidad de ir con sus autoridades a que le resuelvan su problema.
El PAN exigió a la Presidencia de la República terminar con versiones erróneas, pretender tapar el sol con un dedo y haya efectos para los cientos de mexicanos desaparecidos, aunque hay un antes y un después de los 43.
