■ “El Estado está arrinconado y por eso el Presidente salió a decir ofertas a los padres de los 43”
■ “¿Qué credibilidad puede tener un sistema de investigación que está hecho por un empleado del Presidente?”
Las inconsistencias e irregularidades detectadas en la “verdad histórica” del Gobierno Federal sobre el caso Ayotzinapa, así como la negativa para entrevistar a militares, son elementos que demuestran su responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el 26 y 27 de septiembre de 2014; “el Estado casi casi nos está confesando: ‘sí, nosotros lo hicimos’, afirmó Julio Boltvinik Kalinka, docente investigador de El Colegio de México.
“¿Qué credibilidad puede tener un sistema de investigación que está hecho por un empleado del Presidente de la República, sobre hechos políticos de represión por parte del Estado mexicano a jóvenes? No tiene credibilidad ese aparato del Estado para investigar lo que él mismo hizo”, sostuvo.
Todas las inconsistencias que especialistas habían encontrado en la versión del Gobierno Federal que se basaba en la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, dijo, se confirmaron en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), por lo que “el Estado está arrinconado y por eso el Presidente salió a decir ofertas a los padres de los 43, para ganar tiempo”.
El investigador indicó que los argumentos del GIEI fueron contundentes y mostraron elementos que hicieron “caer en pedazos la verdad histórica que nos querían vender”.
En este contexto de crisis, “los mexicanos ya no sentimos que ese Estado nos representa y por más que se les exija y por más promesas que hagan no van a soltar la verdad, al grado de negarse a entrevistar a los militares de Iguala”, comentó Boltvinik Kalinka.
Negar la visita a los campos militares y negar que sean entrevistados los responsables castrenses de la zona, significa que “el Estado casi casi nos está confesando: ‘sí, nosotros lo hicimos’. Y la sospecha que fue por un cargamento de heroína que iba en el quinto autobús es monstruosa, porque entonces ya no estamos hablando de un Estado fallido, sino de un Narcoestado; es decir, el Estado enojado, encabronado, porque le están robando su cargamento de droga, mata y desaparece a 43 jóvenes estudiantes. Esa es la hipótesis que suena viable”.
Una vez cometido el acto de homicidio de algunos normalistas y desaparición del resto, expuso que “lo más probable es que los hayan incinerado o los hayan tirado al mar. En ambos casos no pueden permitir que se sepa, porque ya no es descubrir a un Estado represor, es descubrir a un Narcoestado, un Estado que ha fingido combatir al narcotráfico y ahora resulta que oculta la verdad para defender una carga de heroína”.
El problema es que la movilización social en México nunca ha logrado cambiar el estado de cosas. En 1968, antecedente obvio de Ayotzinapa, “no logramos nada y fue la movilización probablemente más grande que ha habido en este país en mucho tiempo”, aunque posteriormente se implementaron diversas reformas políticas atribuidas indirectamente al efecto del movimiento estudiantil.
“Debemos esperar que la movilización actual signifique un cambio de cultura de cómo nos relacionamos los ciudadanos mexicanos con nuestro Estado. En el 68 fue eso también, cuando salimos a la calle, gritamos y le mentamos la madre a Díaz Ordaz, mostramos que habíamos perdido el miedo a ese Estado represor. Los padres de los 43, los estudiantes de Ayotzinapa, la población de todo el país ha demostrado que no tiene miedo al Estado y ése es el cambio más importante, el cambio de actitud de la ciudadanía que obliga tarde a temprano al Estado a reconocer sus reclamos”, añadió Boltvinik Kalinka.
Mientras tanto, reiteró que la importancia del GIEI en el caso Ayotzinapa es que puso “un montón de cosas juntas, de manera clara, y además tienen prestigio. Es decir, están dando juicios hasta donde ellos pueden saber que reflejan la verdad. En cambio, la otra información que hemos tenido es de juez y parte y ése es un viejo problema de la institucionalidad política mexicano, porque quien hace la investigación de los crímenes es al mismo tiempo alguien que depende del presidente”.
Refirió que la Constitución ya establece la sustitución de la procuraduría por una fiscalía general nombrada con mecanismos distintos, pero “como pasa siempre en este país, hasta las reformas constitucionales pueden ser de mentiritas”, además que en esa reforma hubo el problema que uno de sus transitorios decía que el primer fiscal general sería el mismo que ocupaba la procuraduría.
“Algo pasó en el inter, probablemente
Ayotzinapa, que rompe la posibilidad que Murillo Karam sea el fiscal general de Peña Nieto y del presidente que siga, porque sería nombrado por nueve años y eso es lo terrible, que se estaba haciendo para que el siguiente presidente tuviera a un fiscal impuesto”,
concluyó.
