Ante la coyuntura de crisis financiera que enfrenta la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), en la que la deuda incrementa 3 millones de pesos diariamente, exsecretarios generales del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ) preparan un manifiesto en defensa de la universidad pública y para llamar a la unidad, a la transparencia y a una reforma integral para transformar estructuralmente a la institución.
Entre los exdirigentes que han firmado el pronunciamiento están Pedro Martínez Arteaga, Antonio Guzmán Fernández y el actual secretario general, Carlos Fernando Aréchiga Flores.
En su exposición, refieren que la BUAZ continúa siendo la institución de educación superior más importante de Zacatecas, pues atiende a más de 44 mil alumnos, lo que representa poco más del 70 por ciento de los estudiantes inscritos en universidades públicas estatales. Estos alumnos se clasifican de la siguiente manera: el 63.5 por ciento en 63 programas de licenciatura; y el 6.5 por ciento en 37 programas de posgrado y el 30 por ciento en 15 programas de educación media superior.
Además, cuenta con un personal académico superior a los 3 mil docentes y un número similar de trabajadores administrativos. En el tema de investigación, la BUAZ cuenta con más de 500 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII´s), adscritos a 42 programas de posgrado reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrado (SNP).
Sin embargo, “el normal funcionamiento de la BUAZ se encuentra hoy en una situación delicada y preocupante. Una combinación de políticas educativas variables, asimetrías presupuestales y omisiones administrativas internas nos ha conducido a un déficit operacional histórico”.
Sobre el origen del déficit financiero, plantean que, en respuesta a la explosión de la demanda estudiantil, la BUAZ optó por expandirse y profesionalizar a su planta docente. No obstante, este crecimiento socialmente responsable no fue acompañado por subsidios acordes.
En consecuencia, se ha operado con plazas no reconocidas formalmente, lo que ha derivado en percepciones más bajas para el sector académico y en el uso de aportaciones de seguridad social para cubrir el gasto diario.
Así, “la deuda histórica asciende ya a casi 4 mil 700 millones de pesos, de los cuales casi 3 mil millones de pesos representan intereses y recargos. Esta cifra equivale al 171 por ciento del presupuesto anual de la institución (2 mil 600 millones de pesos) y se incrementa a un ritmo de 3 millones de pesos diarios por penalizaciones acumuladas a lo largo de las últimas cinco administraciones rectorales.
En el escenario inmediato, refieren que, de no obtenerse un respaldo financiero extraordinario de 480 millones de pesos, no se garantiza la cobertura de la nómina y las jubilaciones para lo que resta del año.
De acuerdo con los exdirigentes sindicales, la comunidad universitaria asume la responsabilidad que les corresponde por las omisiones del pasado, por lo que proponen una unidad institucional, es decir, dejar de lado la confrontación y los beneficios de facción, construir una nueva forma de conducir la institución donde la rendición de cuentas sea notoria y una reforma integral para transformar estructuralmente a la BUAZ, pues “solo renunciando a parcelas de poder e inercias particulares podremos dar el salto hacia un nuevo estatus de estabilidad”.
